Los comentarios del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, sobre la reciente condena de Isa Serra han desencadenado una aguda crisis entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El detonante ha sido la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha castigado a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea Regional con 19 meses de prisión por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones leves y daños contra agentes de la Policía durante unos altercados a raíz de un desahucio hipotecario en el año 2014. La resolución judicial no ha gustado a Iglesias, que ha criticado el fallo en las redes sociales y en los medios de comunicación al asegurar que sentencias de ese tipo “generan una sospecha inaceptable” sobre la independencia e imparcialidad de los tribunales. Además, el líder morado alega: “Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren), pero me invade una enorme sensación de injusticia. En España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”. Y añade que “por prudencia” no dice lo que piensa sobre la condena a Isa Serra, aunque deja claro que opina “algo que piensa mucha gente en la sociedad”.
Como no podía ser de otra manera,la Comisión Permanente del ConsejoGeneral del Poder Judicial (CGPJ) no ha tardado en entrar en el barro de lapolémica para rechazar “rotundamente” las críticas de Iglesias. En uncomunicado aprobado con los votos a favor del presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, y de los vocales José Antonio Ballestero, Álvaro Cuesta,Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya y Pilar Sepúlveda (el magistrado Rafael Mozo ha votado en contra), elPoder Judicial ha expresado su “profundo malestar” con el líder de Unidas Podemos, no solo por cuestionaruna actuación judicial, sino por sospechar de la “falta de imparcialidad de losjueces españoles” al insinuar que estos “otorgarían un trato desigual yprivilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, seríanimpunes a la acción de la Justicia”.
Para la Comisión Permanente, estas afirmaciones “merecen un absoluto y rotundo rechazo”, ya que “más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de juzgados y tribunales cuando es público, notorio y reconocido que estos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados”. Lesmes pone como ejemplo de pulcritud e independencia de la Justicia española sentencias condenatorias por delitos de corrupción dictadas por los tribunales españoles en los últimos años, como la del caso Nóos, Gürtel, los ERE o las “tarjetas black”, entre otras. Sobre este último caso, no deja de ser curioso que la guerra entre jueces y Gobierno haya estallado precisamente el mismo día en que se ha sabido que Rodrigo Rato está más cerca de salir de prisión en régimen de “semilibertad”, pese a no haber cumplido ni 2 de los 4 años y medio a que fue condenado y pese a que tiene pendiente otra sentencia por el turbio asunto de la salida a Bolsa de Bankia. Al español medio, ese que no entiende de leyes, le cuesta trabajo asumir que una joven activista pueda ser sentenciada a 19 meses de prisión por defender a una familia a punto de perder su casa en un injusto desahucio bancario mientras Rato, gran símbolo de la corrupción en nuestro país, pasa casi de puntillas y sin enterarse por el penal de Soto del Real. Para Lesmes y sus magistrados esta paradoja debe ser un mero asunto de técnica judicial y de aplicación de agravantes y atenuantes sin mayores connotaciones ocultas. Sin embargo, jurídica, moral y éticamente la cosa no se sostiene y medio país se ha dado cuenta a estas alturas de los feos cambalaches judiciales.
No obstante, y sin entrar en lacuestión de si existe un supuesto doble rasero en la Justicia española o untrato privilegiado para los poderosos, es de ley reconocer que el comunicado delos jueces no deja de tener su parte de razón, ya que el comentario deIglesias, si bien nace de la sinceridad y de los hechos contrastados, se antojacuanto menos arriesgado o poco prudente para alguien que ostenta unaresponsabilidad de Estado tan importante como es la Vicepresidencia del Gobierno. Ahora bien, si recurrimos a lahemeroteca, llegamos a la conclusión de que Lesmes suele ponerse exquisito ensus duros comunicados cuando quien hace el comentario extemporáneo o fuera detono es un integrante de la izquierda, mientras que cuando el ataque provienede un político de la derecha la cúpula judicial suele ser bastante mástolerante, condescendiente y hasta amable.
Recuérdese cuando en junio de 2018 el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusaba al PSOE de manipular la sentencia de la trama Gürtel: “Ningún miembro del Gobierno ha sido condenado o ha estado inmerso en un proceso por corrupción”, dijo el político popular, y a continuación cargó contra el juez progresista del tribunal, José Ricardo de Prada. “No seré yo quien se refiera a los antecedentes políticos de uno de los magistrados, el señor De Prada, candidato de Izquierda Unida en época de Zapatero a presidir la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, ni a su sintonía con el mundo proetarra, ni a sus declaraciones cuando decía que en la Audiencia Nacional se torturaba”, aseguró el portavoz popular, que sin duda se despachó mucho más a gusto que hoy lo ha hecho Iglesias. No parece que aquellas palabras de Hernando fuesen precisamente respetuosas o amables con un integrante del Poder Judicial y sin embargo Lesmes no reaccionó con tanta pasión, virulencia y efusividad en aquel momento.
También conviene recordar cómo el CGPJ pidió simplemente “mesura” al ex ministro de Justicia del PP, Rafael Catalá, cuando este cargó ávidamente contra uno de los jueces de “La Manada”, a quien acusó de tener “un problema singular”, mientras que en otra ocasión la cúpula de los magistrados reprobó con bastante más tibieza unas afirmaciones del ex ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ante la excarcelación del etarra Santi Potros.
Quiere decirse que es cierto que el Poder Judicial, como órgano corporativo que es, suele reaccionar con contundencia cuando se siente atacado. Solo que, por lo visto, la vehemencia y severidad suele ser bastante más agria y hostil cuando las críticas llueven del frente de bajas presiones de la izquierda que de la derecha. No se trata de concluir aquí que Lesmes es un hombre del PP, aunque ejerciera durante “ocho años como alto cargo en Gobiernos de José María Aznar”, tal como denuncia Pablo Echenique en un tuit. De hecho, desde el 12 de mayo del 2000 hasta septiembre del 2005 ejerció como director general de Relaciones con la Administración de Justicia. Todo lo cual nos lleva a que quizá el problema de fondo, la avería que subyace en el Poder Judicial, no sea tanto de personajes que no se toleran por sus ideas políticas, sino de estructura y de sistema de elección de los jueces y magistrados. Un procedimiento que al estar tan politizado termina por enfangar un pilar fundamental de nuestra democracia.
La independencia e imparcialidad que invoca Lesmes ha fallado en numerosas ocasiones en los últimos años, como en el escandaloso asunto de las hipotecas que fue dirimido en el Tribunal Supremo o en la misma sentencia del “procés” en Cataluña. Y entonces no gobernaba Pablo Iglesias. De modo que mientras el sistema de selección de nuestros jueces y magistrados no esté totalmente descontaminado del virus de la política, la sombra de la sospecha seguirá planeando sobre nuestra maltrecha y teledirigida Administración de Justicia.