El informe de la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) resulta demoledor para el ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, implicado en el caso Erial, una inmensa trama de cobro de mordidas y envío de dinero negro a paraísos fiscales. Desde los momentos iniciales de la investigación, los agentes consideran que la empresa luxemburguesa Imision International está en el epicentro de la red y la relaciona con el “abono de una serie de comisiones de naturaleza ilícita de forma velada”.“Existen indicios de la vinculación de Zaplana con los hechos que se investigan, especialmente los asociados con la investigación de Imison. Estos indicios se evidencian en dos vertientes diferenciadas: por un lado existen indicios de su conocimiento y participación en las operativas descritas y, por otro lado, de que habría sido uno de los beneficiarios económicos de los activos”, según el informe de la UCO al que ha tenido acceso Diario16.Eduardo Zaplana fue detenido y acusado de haber participado en la adjudicación irregular de los contratos de privatización de las ITV, en 1998, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. También se le imputa haber evadido las supuestas “mordidas”, unos 11 millones de euros, “obtenidas en esta operativa presuntamente irregular”. El análisis de los documentos localizados en el maletín personal de Zaplana durante la entrada y registro en su domicilio –denominados por la UCO como “relato de Medlevante”–, ha permitido tirar del hilo.Todo apunta a que la red tuvo una “forma de proceder y actuar” prolongada en el tiempo, toda vez que los primeros documentos habrían sido confeccionados en septiembre del 2001 y los últimos en mayo de 2018. En cuanto a la participación de Zaplana en esta gran trama de supuesto cobro de comisiones y desvío de dinero negro a paraísos fiscales, los agentes de la UCO aseguran que la investigación desarrollada sitúa al exministro de Aznar en un plano de jerarquía superior, “tanto en relación a las adjudicaciones concretas” –ostentaba el cargo de presidente de la Generalitat Valenciana–, “como en relación a la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”.A lo largo de la investigación se han recopilado una serie de “operativas” de la UCO en las que se evidencia esta participación “velada y a través de terceros”. Así, la participación de Zaplana se habría materializado “a través de diferentes reuniones personales” con directivos de las empresas implicadas en las que supuestamente “se habrían tomado determinadas decisiones”. Tal como consta en el informe, resulta “recurrente” a lo largo de la investigación la vinculación de Zaplana con determinadas personas en momentos concretos y trascendentales de la investigación de la UCO. Así, considerando un marco temporal que abarca más de 20 años –las pesquisas se inician en 1997–, el análisis efectuado ha permitido situar a Eduardo Zaplana en una gran cantidad de reuniones que precisamente se producen con las personas que, de manera directa y coetánea, estarían participando en la operativa que se investiga: Juan Gabriel Cotino Ferrer, J.M.B.LL., F.G.J. y W.F. Belhot Fierro.
Empresas pantalla
Imison, una empresa sin aparente actividad y creada ad hoc como “sociedad pantalla”, jugó un importante papel como “elemento nuclear” de los hechos que se investigan, “que iría más allá de la precitada instrumentalización”, según la UCO. Los agentes destacan el perfil “offshore” de esta sociedad, que le permitió “disfrazar sus vínculos societarios aprovechando la cobertura legal de confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que se produjeron en relación a esta titularidad; elemento de especial importancia considerando la operativa que tuvo lugar”.Societariamente, Imison vino a conformarse “de manera velada” dentro de la estructura de Sedesa, otorgándole participación indirecta en las sociedades que precisamente gestionaban los servicios relacionados con la ITV –Valenciana de Revisiones SL– y el PECV –Proyectos Eólicos Valencianos SA–. De la gestión de esos servicios saldrían supuestamente las comisiones ilegales.Según la UCO, la empresa se instrumentalizó como “vehículo corporativo” a la hora de materializar el pago de las presuntas comisiones, siendo transferida su titularidad desde las personas que supuestamente abonaron las mordidas a los perceptores de las mismas.Básicamente, Imison se utilizó para canalizar una serie de fondos, aproximadamente 4,8 millones de euros, desde varios productos radicados en el Principado de Andorra. Fondos cuyo origen se establece en una serie de operaciones asociadas a dinero en efectivo. Se constituyó como elemento aglutinador de un amplio conjunto de activos, entre los que se encuentra la participación mayoritaria de la mercantil Medlevante. Es decir, Imison se creó para favorecer el flujo del dinero generado por la trama.“En concordancia con lo que se venía exponiendo, la mercantil Inversiones Imison SL, como apéndice en España de la sociedad luxemburguesa, se habría instrumentalizado para, a través de una serie de movimientos societarios y compraventas de participaciones, poder justificar el desembolso de fondos y los movimientos monetarios a Luxemburgo que se presumen comisiones ilícitas”, asegura el informe de la UCO.A tenor de los indicios recopilados, los pagos efectuados por el grupo Sedesa a favor de la sociedad Imison Internartional, por la suma de 6,4 millones de euros, se corresponderían con una comisión desembolsada en atención a determinadas adjudicaciones públicas de los servicios de ITV y PECV. Evidencias éstas que se extienden a los pagos que este mismo grupo empresarial realiza a la otra sociedad luxemburguesa Fenix Investments.El análisis efectuado ha permitido determinar que los fondos transferidos a Imison por parte del Grupo Sedesa encontrarían su origen en la venta de la empresa concesionaria del servicio de ITV: Valenciana de Revisiones. Este mismo análisis ha permitido determinar que, una vez conformados en Luxemburgo, parte de estos fondos fueron transferidos a la sociedad Fenix Investments, utilizando para ello lo que, a juicio de los policías, se correspondería con “un revestimiento formal carente de justificación real: reconocimiento de deuda y préstamo”. De este modo, J.F.G.G., a través de Fenix, habría sido destinatario de parte de los fondos originados como consecuencia de la venta de Valenciana de Revisiones.El estudio pormenorizado de las operaciones económicas que se desarrollan no solo determina “la realidad y el desembolso de todos estos activos” que se presumen “objeto del soborno, estableciéndose la trazabilidad de los pagos desde su origen hasta las fases de integración más ulteriores y que se extienden hasta la actualidad”; sino que, además, de este examen se constata la relación de estos activos con el “presunto hecho primitivo que habría sido motivador del desembolso –adjudicaciones públicas concretas–“. En ese sentido, se ha podido determinar que parte de estos activos provienen de los ingresos que obtiene Sedesa por la venta de la empresa concesionaria de la ITV.“No se ha hallado evidencia alguna de que la transmisión patrimonial con origen en Sedesa y cuyos destinatarios serían las personas investigadas en esta línea –Eduardo Zaplana, F.G. y J.B.– tengan relación y/o se encuentre justificado en relaciones comerciales, actividad profesional ni a vínculos societarios. En este sentido, las evidencias recopiladas a lo largo de la investigación apuntan a lo contrario: que la justificación de esta transmisión se encuentra en el hecho de que se trataría de una compensación económica en atención a determinadas adjudicaciones públicas”. Para los agentes no “consta ardid ni apariencia de negocio en la entrega de activos, como muestra la propia manifestación de la administradora fiduciaria en Luxemburgo, Beatriz García Paesa: “Vicente Cotino le llamó por teléfono y le dijo que las acciones de Imison, la luxemburguesa, pasaban a manos de J.M.B. y las de Fenix a manos de J.F.G.G”.Las evidencias recabadas señalan que determinadas personas vinculadas al Grupo Sedesa, entre las que se han recogido a lo largo de este informe Vicente Cotino Escrivá o Juan Gabriel Cotino Ferrer –en los términos señalados en relación a cada uno de ellos–, podrían haber hecho, para este caso que se investiga, una “perniciosa administración de las sociedades expuestas, conformando la persona jurídica en un instrumento con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.La suma total de fondos que se conforma durante los años 2005-2009 en la sociedad luxemburguesa Imison, abonándose mediante transferencias bancarias desde España y Andorra, es de 11.209.028 euros.
