Devolver lealtad con traición. Esa es una característica del ADN de los Borbones. Juan Carlos I lo hizo con los hombres que le aguantaron en el trono en los momentos más difíciles de la Transición. Nombres como Torcuato Fernández Miranda, Manuel Prado y Colón de Carvajal, Sabino Fernández Campo o Adolfo Suárez son los ejemplos de la traición borbónica.
Esta semana hemos visto un nuevo ejemplo con Felipe VI, cuando ha abierto un nuevo frente al Gobierno a causa de su ausencia en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces y juezas, frente que, por supuesto, está siendo utilizado por el Partido Popular y por Vox para lanzar una nueva andanada a la línea de flotación del Ejecutivo. Todo ello, además, ha contado con la complicidad de Carlos Lesmes, el caducado presidente del Consejo General del Poder Judicial que no ha hecho otra cosa que echar más leña al fuego. «Os habéis pasado tres montañas», dijo el ministro de Justicia a Lesmes, al ser un atónito testigo de la rebelión de los jueces contra el Gobierno. Si el presidente del CGPJ no está en consonancia con el Ejecutivo elegido por el pueblo no tiene más que dimitir porque lo contrario, posicionarse en la trinchera de la oposición, no es más que subvertir uno de los valores intrínsecos de la Justicia que él, en teoría, está obligado a defender: la imparcialidad.
En los últimos meses, mientras la ciudadanía española asistía escandalizada a las noticias e investigaciones sobre el patrimonio, el cobro de comisiones, la creación de empresas pantalla o de la ocultación a Hacienda de millones de euros por parte de Juan Carlos I, Felipe VI obtuvo el amparo de la parte socialista del Ejecutivo. Algo incomprensible para algunos, pero que, al fin y al cabo, fue un acto de lealtad institucional.
Sin embargo, el Rey ha devuelto esa lealtad con una traición, lo que le ha puesto en el mismo lado de la ultraderecha porque es inaudito que un Jefe del Estado se enfrente al Gobierno, a los representantes del pueblo, dando la idea de que no está de acuerdo con lo que decidieron los españoles y españolas en las urnas ni, por supuesto, con las decisiones adoptadas por el Parlamento. La vicepresidenta primera del Gobierno del Estado español, Carmen Calvo, en un acto celebrado en Sevilla en el día de ayer con motivo del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad andaluza, ha respondido a la polémica con altura política y con conocimiento de la Constitución, dado que ha pronunciado unas palabras ceñidas a la perfección a que cada cual tiene su papel institucional y «al Rey no le toca ninguna función ejecutiva, es una figura simbólica representativa de la unidad del país en torno a la Constitución, nada más». Una respuesta sosegada, valiente.
Si Felipe VI es capaz de traicionar a un Gobierno que le defendió en unos momentos críticos para la Monarquía, ¿qué puede esperar el pueblo de una persona que siempre se ha puesto de perfil ante los asuntos que verdaderamente preocupan a las personas? ¿Qué puede esperar la ciudadanía de un Rey que monta el escándalo que ha montado porque el Gobierno ha decidido que la situación no era la adecuada para una visita real a Cataluña? ¿Qué ocurrirá cuando el asunto de discordancia sea más grave? ¿Comenzará a reunirse con generales, como hizo su padre, para crear un Gobierno de Concentración Nacional como el que quería Vox con Felipe González al frente? ¿Qué papel de influencia juega la reina Letizia, la periodista que llegó a la Zarzuela siendo pueblo, en la defensa de los valores de la democracia? ¿No tiene nada que decir o es que su papel ha quedado reservado a un problema de ambición personal y familiar?
Felipe VI ocupa su cargo porque le han puesto ahí, no porque el pueblo le haya votado. Por tanto, no tiene ningún tipo de legitimidad democrática para enfrentarse a un Ejecutivo que sí fue elegido por la ciudadanía. Cualquier diputado o senador es más legítimo que el Rey, incluidos los que representan a la extrema derecha. Felipe VI es Jefe del Estado español porque un dictador decidió que la institución que debía sucederle era la monárquica.
Ni Pedro Sánchez, ni el resto de su Gobierno, pueden dejar pasar una traición de este tipo. Todos ellos sí disponen de la legitimidad democrática que Felipe VI no tiene y, por tanto, están moralmente obligados a iniciar todos los procesos legales para la convocatoria de un referéndum para que los españoles y españolas con derecho a voto decidan sobre el modelo de Estado, algo que debió ocurrir cuando se sometió al refrendo la actual Constitución.
La Carta Magna, en ningún modo, legitima a la actual Jefatura del Estado, dado que, en primer lugar, no fue refrendada por el pueblo (se aplicó un «trágala» en toda regla basado en la máxima «la democracia sólo será posible si hay un rey») y, en segundo término, la propia Constitución derogó la Ley de Sucesión de Franco, lo cual anulaba legalmente la decisión del dictador y, por tanto, el nombramiento de Juan Carlos I.
La Disposición Derogatoria afirma lo siguiente: «Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de 1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945».
Con esta disposición, es normal que se manipulara al pueblo para mantener a la Monarquía al precio que fuera, tal y como reconoció Adolfo Suárez en una entrevista. En concreto, el expresidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así. En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1.978 sobre la Constitución.
Por tanto, llegó la hora. El Rey ya ha colmado la paciencia de la ciudadanía con su patológica actitud de ponerse de perfil ante los verdaderos problemas de los españoles y españolas y sólo reaccionar ante el referéndum catalán con un discurso más propio de Santiago Abascal que de quien debería ser neutral desde un punto de vista político. Esta semana Felipe VI ha entrado en política y eso no está dentro de sus funciones, más aún desde la disputa constitucional.
Qué triste es que un Jefe del Estado se haya enfrentado a un Gobierno elegido democráticamente.