Eduardo Zaplana lo niega todo, pero cada vez son más los indicios contra él. La Unidad Central Operativa (UCO) ha presentado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que instruye el caso Erial.
El informe en el que detalla las adquisiciones, inversiones, contrataciones de servicios o retiradas de fondos en efectivo vinculadas con el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP y que pondrían fin a la cadena de transacciones económicas que se produjeron a raíz del supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.
La UCO detalla adquisiciones de inmuebles y servicios vinculados a Zaplana y supuestamente dedicados al blanqueo. También se documentan pisos, reformas y hasta el sueldo de una asistenta como tretas supuestamente utilizadas por Zaplana para repatriar las presuntas comisiones, según la UCO.
Así figura en un informe de 445 páginas más anexos adelantado en exclusiva por elplural.com y al que ha tenido acceso Europa Press, que complementa otros dos documentos de los investigadores sobre el movimiento de los fondos –hasta en 10.521.351,28 euros cifran el montante total de los presuntos sobornos investigados en la causa–: uno de febrero de 2020 sobre la offshore radicada en Luxemburgo ImisonInternational, a la que fue parte del pago de los supuestos sobornos por las adjudicaciones a través de Asedes, empresa vinculada a los Cotino, y otro del pasado abril en relación con las transacciones económicas registradas en el Principado de Andorra.
Los investigadores sostienen que parte del dinero de Imison de los presuntos sobornos regresó a España con la creación de un entramado a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnos Sylvatica.
De acuerdo con este último informe, entregado en el juzgado el pasado diciembre, es la propia trazabilidad de los fondos “la que ha venido a determinar la existencia de una amplia estructura societaria que habría tenido la finalidad de canalizar, ocultar y poner a disposición de sus beneficiarios finales estos fondos de supuesta procedencia delictiva”.
En el informe de Imison, los investigadores describieron cómo se pusieron a disposición de los destinatarios los fondos procedentes supuestamente de comisiones ilícitas y la canalización de otros hacia mercantiles uruguayas usando estructuras intermedias, mientras que en el de Andorra se detallan operaciones por las que se abonaron fondos en efectivo por importe superior a 9,8 millones y su posterior canalización hacia Imison.
En este último, se analiza la estructura societaria creada para retornar a España parte de esos fondos de Imison. Los investigadores destacan la “aparente capacidad” de administración y disposición de Zaplana sobre los bienes y fondos de Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollos Integrales, lo que, a su juicio, evidencia la relación “en términos de propiedad” del expresidente de la Generalitat con los fondos radicados en Imison. De hecho, señala que Zaplana es el “propietario real” del dinero en esta sociedad luxemburguesa.
La UCO detalla una serie de operaciones relacionadas con estas firmas. Por parte de Costera del Glorio, la compra de un piso en Núñez de Balboa, Madrid, por 1,6 millones de euros; el pago de 91.000 euros en reformas y otros 21.000 en electrodomésticos; la contratación de una empleada de hogar; la compra de un reloj por 20.000; el reintegro de 50.000 euros desde sus productos bancarios cuyo destinatario sería Zaplana, y un cheque al portador por 8.000 euros también relacionado con el exministro.
Por Medlevante, se señala la adquisición de dos áticos en Altea por 394.400 euros y la embarcación Loix por 114.905, y por Gesdesarrollos, varias parcelas en la Vila Joiosa por 2,17 millones de euros. Para la UCO, la estructura conformada por estas mercantiles formaría la última etapa del blanqueo de los fondos, y a través de ellas se realizaron adquisiciones de bienes o servicios de los que, de acuerdo con los indicios, se habría beneficiado o dispondría Zaplana.
Según la UCO, el investigado Francisco Grau, considerado presunto testaferro de Zaplana, fue quien diseñó el complejo de negocios jurídicos, que se materializaron principalmente a través de Joaquín Barceló, “persona interpuesta” en favor del exministro.
Los investigadores sostienen que Grau sería la persona encargada de gestionar la dinámica del retorno de los fondos mientras que Barceló habría actuado como titular formal de diferentes sociedades “actuando aparentemente como persona interpuesta” en beneficio de Zaplana, según Europa Press.
Asimismo, señalan que, a lo largo de la instrucción, hay otros elementos que han evidenciado que los pagos de Asedes a Imison eran “realmente comisiones de naturaleza ilícita” desembolsadas a Zaplana, entre ellos, el hallazgo de la denominada “hoja de ruta”, con aspectos relativos a las licitaciones del Plan Eólico y las ITV y cuya posesión habría correspondido en algún momento al expresidente o que, en el momento de su detención, se localizase en su maletín personal un documento denominado relato de Medlevante, en el que se describe parte del proceso del retorno de fondos de Imison y las inversiones que se proyectaron con ese dinero.