Greenpeace Internacional presentó ayer su informe “Injusticia alimentaria. 2020-22. Sin control, sin regulación y sin rendir cuentas: ¿Quiénes se benefician del hambre?” en el que explica cómo las grandes corporaciones de agronegocios más grandes del mundo han aumentado sus ganancias en miles de millones de dólares desde 2020, aprovechando la especulación desenfrenada de la guerra en Ucrania y la pandemia del coronavirus. Este es un caso más de cómo la codicia corporativa se está imponiendo a los intereses generales de los seres humanos.
Las 20 corporaciones analizadas en el periodo 2020-22 son las más grandes en los sectores de grano, fertilizantes, carne y lácteos y dieron más de 53.000 millones de dólares en ganancias a sus accionistas en los años financieros 2020 y 2021, mientras que la ONU estima que, con menos, sería suficiente para proporcionar alimentos, vivienda y apoyo vital a los 230 millones de personas más vulnerables del mundo. Según la FAO, el número de personas con hambre aumentó en más de 150 millones en 2021, en comparación con 2019. Esto expresa cómo el norte global se beneficia, desproporcionadamente, de cualquier crisis a través de los mercados de productos básicos.
Según Davi Martins, activista de Greenpeace International: “Lo que estamos presenciando es una enorme transferencia de riqueza a unas pocas familias ricas que, básicamente, son propietarias del sistema alimentario mundial, en un momento en que la mayoría de la población mundial está luchando para llegar a fin de mes. Es simplemente escandaloso e inmoral. Solo cuatro empresas, Archer-Daniels Midland, Cargill, Bunge y Dreyfus, controlan más del 70% del comercio mundial de cereal y, ni siquiera, tienen la obligación de revelar lo que saben sobre los mercados globales. La falta de transparencia en torno a las verdaderas cantidades de grano almacenadas después de la invasión rusa de Ucrania fue un factor clave que alimentó la especulación en los mercados de alimentos y los precios inflados”.
“Estas corporaciones son tan codiciosas que han expulsado del sistema a los pequeños agricultores/as y productores/as locales, cuyo propósito es realmente alimentar a la gente. Los gobiernos deben actuar ahora para proteger a las personas de los abusos cometidos por las grandes corporaciones. Necesitamos políticas que regulen y aflojen el control corporativo sobre el sistema alimentario mundial, o las desigualdades actuales solo se profundizarán aún más. Esencialmente, necesitamos cambiar el sistema alimentario. No hacerlo está costando millones de vidas”, añade Mónica Parrilla, responsable de biodiversidad en Greenpeace España.
Greenpeace apoya un cambio a un modelo de soberanía alimentaria. Ahora más que nunca se debe transformar el sistema alimentario y agrícola y crear un sistema sostenible y resiliente; una alimentación basada en alimentos de origen vegetal, cuya producción y comercialización sea ecológica, local y de temporada. Esto pasa por la dinamización rural, por la protección de nuestros pueblos a través de la alimentación sostenible y de cercanía en las ciudades, por la creación de canales cortos con las personas consumidoras y por otra relación pueblo-ciudad. Es necesario un sistema alimentario colaborativo y socialmente justo, donde las comunidades tengan el control.
En primer lugar, las personas responsables de las políticas deben empoderar a las personas consumidoras y, especialmente, a quienes producen los alimentos. Entre las medidas para lograr este objetivo se incluyen:
- Considerar los alimentos un bien común y un derecho humano, y no una mercancía más.
- Garantizar el derecho a una alimentación sana para todo el mundo, adoptando medidas sociales como la renta básica universal para ayudar a combatir la pobreza y redistribuir la riqueza.
- Los gobiernos deben fomentar la protección laboral para garantizar que quienes cultivan, producen, comparten o distribuyen alimentos reciban unos ingresos dignos acorde a su rol vital.
- Medidas de relocalización, por ejemplo, exigir a los Gobiernos locales que adquieran alimentos a productores locales, en lugar de externalizar la producción a otros países.
- Introducir un IVA más bajo para los bienes que cumplan determinados criterios, como ser producidos para la propia población local, o de forma respetuosa con el medioambiente, o respetando los derechos laborales, etc.
En segundo lugar, la organización pide a las personas responsables de las políticas y a los Gobiernos que adopten medidas para disminuir el poder de las empresas que actualmente dominan el sistema. Entre las medidas para lograr este objetivo:
- Gravar los beneficios extraordinarios de las empresas durante las crisis con un impuesto ambicioso para todo el sector.
- Combatir que se burle la normativa, para que los bancos no eludan las normas destinadas a frenar la especulación.
- Mejorar considerablemente la transparencia en el comercio y las operaciones del sector alimentario para limitar los abusos de las grandes corporaciones.
- Las personas que regulan deben presionar para garantizar que la negociación, especialmente cuando se conceden fusiones y adquisiciones, se acompaña de normas adicionales que garanticen la transparencia, para así protegernos del secretismo que estas empresas utilizan actualmente contra el resto de la población.
- Los Gobiernos tienen poder para intervenir cuando los precios fluctúan de forma rápida, imponiendo paros comerciales, frenando la transferencia de riqueza y aislando a cultivadores y consumidores de la inestabilidad del mercado.
- El impuesto sobre el pago de dividendos al accionariado adinerado debe ser mucho más alto. El impuesto sobre la renta de los dividendos debe ser, al menos, tan elevado como el impuesto sobre la renta salarial.
- Por último, pedimos a los Gobiernos que implementen un impuesto único y solidario sobre el patrimonio del 1 % de personas con ingresos más altos, reconociendo así la gran transferencia de riqueza mundial que han provocado las recientes crisis.