Las ministras de Justicia y Defensa están enfrentadas de modo irreconciliable

30 de Diciembre de 2018
Actualizado el 02 de julio de 2024
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Margarita Robles Dolores Delgado Justicia
Dolores Delgado, ministra de Justicia, achaca a Margarita Robles, ministra de Defensa, ser la representante de lo peor que tiene la carrera judicial hoy en día, que no es otra cosa que la corrupción generada por el sistema diseñado para el nombramiento de los altos cargos de la magistratura en el seno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de la que la ministra de defensa llegó a formar parte como vocal.De aquella época es, por ejemplo, la denuncia presentada ante la UDEF en la que se afirmaba que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) colaboró en la organización de los Cursos de Ausbanc a través de los entonces vocales judiciales Margarita Robles Fernández y Manuel Almenar Belenguer (actual presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura) “dando la apariencia de que las Jornadas estaban organizadas y bendecidas por ese órgano Constitucional”.Según se explicaba  en la denuncia a la que ha tenido acceso Diario 16, el CGPJ colaboró en la organización de los cursos de Ausbanc a través del denominado “Foro de la Justicia”, donde se canalizarían los vínculos y relaciones de Luis Pineda -que sigue encarcelado por extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen- con jueces y magistrados en cuyos órganos podrían recaer pleitos que interponía supuestamente en nombre de los consumidores.Además de estos foros, Ausbanc contaba con revistas y publicaciones en las que colaboraban miembros de la judicatura. De hecho, en algunas cartas enviadas a entidades financieras Pineda pedía publicidad con el argumento de que jueces que ”meten multas” escribían en sus publicaciones.Fue entonces cuando Margarita Robles podría haber decidido huir de la judicatura por el escándalo que se avecinaba, presentándose con el PSOE a las elecciones generales lo que fue aprovechado por Lesmes para expulsarla de la carrera judicial, sin tan siquiera publicar su cese en el «Boletín Oficial del Estado». 
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