Esta semana hemos conocido el informe elaborado por los letrados del Congreso de los diputados sobre la propuesta que se ha presentado recientemente para modificar el Reglamento interno de la Cámara.
El informe de los letrados del Congreso se enmarca en un momento de fuerte sensibilidad política y mediática en España, donde la relación entre el poder legislativo y el ejercicio profesional del periodismo dentro de las instituciones está en debate y plantea una serie de interesantes cuestiones como los límites de la libertad de expresión e información (constitucionalmente protegidas), así como el papel de los periodistas a la hora de controlar al Legislativo y al Ejecutivo.
La situación de tensión política se ha trasladado también al ámbito del periodismo, generando a veces una espiral en la que se han visto situaciones marcadas por la agresividad verbal, y por el señalamiento a periodistas concretos a los que se ha acusado de "no hacer periodismo", de ser "pseudoperiodistas" y cuyas preguntas han quedado sin responderse en reiteradas ocasiones.
Ha habido manifestaciones por parte de los periodistas acreditados en el Congreso, abandonando la sala de prensa cuando estos periodistas señalados han realizado preguntas, que consideran "inadecuadas".
La situación ha desembocado en la presentación de una serie de propuestas por parte del PSOE y sus socios de gobierno, Las nuevas medidas propuestas se dirigen a permitir sanciones a periodistas cuya conducta se considere obstaculizadora, intimidatoria o boicoteadora durante actos oficiales o ruedas de prensa.
Vox, por su parte, ha presentado una enmienda a la totalidad para estas reformas, que, precisamente hoy, la Mesa del Congreso ha inadmitido.
El Partido Popular considera que la Cámara ya cuenta con herramientas suficientes como para tomar medidas en casos en los que fuera pertinente.
La oposición considera, en términos generales, que estas medidas propuestas tienen como objetivo real el silenciamiento de la prensa crítica.
La reforma busca permitir a la Mesa del Congreso sancionar a periodistas cuyas actitudes puedan considerarse "indebidas". Las medidas propuestas incluyen la suspensión y/o retirada de la acreditación.
El informe de los letrados del Congreso ha señalado algunas cuestiones relevantes que no deberían pasarse por alto a la hora de modificar el reglamento interno de la Cámara.
Aval general, pero con matices: Los letrados consideran legal y constitucional la reforma, pero subrayan la necesidad de que cualquier limitación al trabajo periodístico sea cuidadosamente motivada y proporcionada. Insisten en que el derecho a la libertad de información, protegido por la Constitución, no puede ser restringido más allá de lo que permitan el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Advertencia sobre límites: Resaltan que la regulación “supone una limitación del derecho a la libertad de información”, por lo que es imprescindible valorar si concurren los requisitos de legitimidad para ello. "La presente proposición de reforma del Reglamento, al regular un régimen sancionador para los profesionales acreditados de medios de comunicación, supone una limitación del derecho a la libertad de información, por lo que es preciso valorar si concurren los requisitos para su legitimidad" señala el informe. Explícitamente señala que ninguna norma puede afectar al “contenido esencial” de este derecho.
Principio de proporcionalidad y seguridad jurídica: Recomiendan que las sanciones sean claras y bien definidas, y que se base toda la regulación en el principio de proporcionalidad. Apuntan que la redacción actual es demasiado abierta y puede provocar inseguridad jurídica sobre a quién y cómo se aplicarán las sanciones.
Ámbito y finalidad: Los letrados reconocen que regular la actividad periodística dentro del Congreso con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado del trabajo informativo es un fin legítimo y amparado constitucionalmente. Sin embargo, enfatizan que cualquier régimen sancionador debe justificarse adecuadamente y detallar los escenarios concretos que justificarían sanción, como situaciones muy excepcionales en ruedas de prensa.
El informe proponen que la Mesa del Congreso precise mucho más los supuestos que justificarían una sanción y advierten que la reforma debe blindar los estándares de libertad informativa reconocidos a nivel nacional y europeo.
Propuestas de modificación del Reglamento
Las propuestas de modificación del reglamento del Congreso relacionadas con el ejercicio profesional del periodismo pueden resumirse en:
- Creación de un régimen sancionador: Se otorgan nuevas competencias a la Mesa del Congreso para imponer sanciones a periodistas acreditados que dificulten la labor parlamentaria o periodística. Estas sanciones pueden llegar a la suspensión temporal o retirada de la credencial de prensa, incluso por periodos de hasta cinco años.
- Modificación del artículo 98: El texto amplía el contenido del artículo 98 del reglamento para que la Mesa pueda fijar requisitos para conceder y renovar acreditaciones a medios y profesionales, considerando antecedentes de posibles infracciones. Se incluye la posibilidad de no renovar la credencial ante conductas previamente sancionadas.
- Listado de conductas sancionables: Se tipifican comportamientos como las descalificaciones, el no respeto al turno de palabra en ruedas de prensa, o la grabación en lugares no permitidos como motivo de sanción.
- Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria: Se propone crear este nuevo órgano, compuesto por representantes de todos los grupos parlamentarios y asociaciones de periodistas, que podrá emitir informes y proponer sanciones respecto a la actuación de los periodistas en la Cámara.
- Respeto a las normas de cortesía parlamentaria: La reforma exige explícitamente a periodistas, cámaras y fotógrafos respetar las reglas de cortesía parlamentaria y prohíbe grabar sin credencial en las dependencias del Congreso.
- Designación de coordinadores para las ruedas de prensa: Los grupos parlamentarios podrán designar a una persona responsable de coordinar las ruedas de prensa o intervenciones de los diputados, con facultades para garantizar el orden.