Losfuncionarios de Hacienda aconsejan ala Fiscalía del Tribunal Supremo que“se blinde” frente a posibles “injerencias” externas a la hora de investigar alrey emérito. En un sorprendentecomunicado que pone de manifiesto la situación de tensión que se vive en la Justicia a raíz de la apertura de lahistórica investigación sobre las cuentas y el patrimonio oculto del exmonarca,los técnicos del Ministerio de Hacienda asociados al sindicato Gestha plantean a la Fiscalía del Alto Tribunalque nombre a un número suficiente de peritos, técnicos e inspectores deHacienda para que no se eternice la investigación, evitándose así laprescripción de los delitos que podrían haberse cometido. Los inspectores deGestha alertan además de que se deben tomar todas las medidas “para impedir quela Agencia Tributaria (AEAT) puedacorregir los informes previamente elaborados, como ha podido ocurrir en otrasocasiones al ser nombrados en auxilio judicial”.
La denunciade Gestha, difundida hace unos días por las agencias de noticias, pone al descubiertouna situación extremadamente grave por varias razones. Por un lado, lostécnicos de Hacienda están advirtiendo de que los fiscales asignados al caso delas supuestas comisiones generadas en la construcción del AVE a la Meca puedensufrir “presiones” de poderes externos para que no se llegue al fondo delasunto, es decir, para que no se indague demasiado en las presuntas cuentas,fundaciones y posibles testaferros de JuanCarlos I en paraísos fiscales como Suizay Panamá. Por otra parte, la alertade Gestha vaticina que el procedimiento judicial podría ser dilatado al extremoy de forma deliberada para que el tiempo vaya pasando y finalmente el caso secierre en falso por prescripción de los delitos, una práctica habitual cuandose trata de sonados casos de corrupción.
La amenaza de injerencias externas no es una mera especulación teórica, como prueba el hecho de que Gestha ha solicitado al director de la Agencia Tributaria (AEAT) que él o cualquier otro cargo público de designación política se abstengan de realizar el nombramiento último de los peritos, conforme al rechazo que los Jueces Decanosde España manifestaron en diciembre de 2013. El sindicato considera además que Hacienda “tiene el deber inexcusable de investigar al rey emérito, como haría con cualquier otro contribuyente” tras haberse hecho públicas las investigaciones de la Fiscalía suiza sobre Juan Carlos I y el histórico comunicado de Zarzuela del pasado 16 de marzo, en el que el propio Felipe VI reconoce la existencia de cuentas en Suiza y sociedades offshore vinculadas a su padre, como Fundación Zagatka y Fundación Lucum, por lo que el rey decidió renunciar a la futura herencia de su predecesor en la Jefatura del Estado, al tiempo que le retiró la asignación de 200.000 euros anuales con cargo a los Presupuestos Generales.
Tras aquelcomunicado de la Casa Real, losinspectores de Gestha también solicitaron a la AEAT que iniciara unainvestigación tributaria contra Juan Carlos I a la vista de los indicios de supuestosdelitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales. En concreto, señalan que JuanCarlos I podría haber incurrido en infracciones tributarias muy graves, unposible delito de fraude fiscal agravado y otro de blanqueo de capitales, si seacredita finalmente que desde su supuesta cuenta en Suiza existen reembolsos aterceros que previamente han pagado parte de sus gastos personales einversiones.
En esesentido, Gestha insiste en que si el rey emérito no ha declarado en el modelo 720 sus bienes en el extranjero(entre otros, los supuestos 100 millones transferidos a la fundación panameña)podría incurrir en un delito fiscal agravado en el último ejercicio noprescrito administrativamente a día de hoy, es decir, en el IRPF de 2015.
Por otra parte, los técnicos de Hacienda entienden que deberían investigarse igualmente las responsabilidades de todas las personas que pudieran estar implicadas en el caso, tanto por su posible colaboración en la comisión de los supuestos delitos como por no haber denunciado estos hechos a pesar de haber estado al corriente de las actuaciones de Juan Carlos I. Aquí, sin duda, Gestha incluye a las personas del entorno del rey emérito, sus testaferros, gestores, intermediarios financieros, banqueros, empresarios, policías y agentes de CNI y por supuesto parientes, amigos y “amigas entrañables”.
La denunciade Gestha se produce después de que la Fiscalía haya asumido la investigaciónpara aclarar el destino de 80 millones de euros que según la empresaria Corinna zu Sayn-Wittgenstein, examantedel rey emérito, se habrían repartido por la adjudicación del AVE a la Meca. Lasdiligencias fiscales se centran en delimitar o descartar la relevancia penal delos hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento enque Juan Carlos I dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución Españolareconoce al Jefe del Estado.
En cualquier caso, lo realmente preocupante es la constante sombra de sospecha que se cierne sobre nuestro Poder Judicial, cuya imagen y credibilidad se han visto seriamente tocadas en los últimos tiempos. De confirmarse que los fiscales encargados de investigar el caso del patrimonio del rey emérito podrían estar sometidos a injerencias y presiones externas, tal como denuncia Gestha, el daño para la independencia e imparcialidad de los juzgados y tribunales, y en definitiva para nuestra democracia, podría ser ya irreversible.