Los procedimientos amañados en el caso del chalé del fiscal de Talavera

Nueva documentación a la que ha tenido acceso Diario16 demuestra que Vicente Rouco Rodríguez,  presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, y el fiscal decano de Talavera de la Reina, ÁngelDemetrio de la Cruz Andrade, se habrían puesto de acuerdo supuestamente para amañar un procedimiento contencioso administrativo con el fin de recurrir la orden de demolición del chalé que Ángel Demetrio posee en el término municipal de Pepino (Toledo). La citada orden de derribo fue dada por la Confederación Hidrográfica del Tajo al incumplirse la normativa vigente. Este recurso bajo sospecha se habría tramitado como procedimiento ordinario (número 34/2018) a instancia exclusiva de la mujer del fiscal de Talavera, María García García, también denunciada por presunta corrupción en ese mismo caso. Según fuentes jurídicas, el TSJ de Castilla la Mancha no sería el órgano competente para la tramitación de este expediente, sino el TSJ de la Comunidad Autónoma de Madrid, y tampoco se habrían ordenado las preceptivas notificaciones a las partes personadas en el proceso, todo ello con la única finalidad de paralizar las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Medio Ambiente y detener la orden de demolición.En una rueda de prensa celebrada en el año 2011, el entonces fiscal jefe de Toledo, José Javier Polo, comunicó que se estaban investigando presuntos delitos cometidos en las redes sociales contra Rouco Rodríguez y Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, con el fin de localizar a las personas que los acusaban públicamente de hechos relacionados con la corrupción.Los comentarios en la red se produjeron a raíz de las denuncias presentadas contra el fiscal por la construcción ilegal de su chalet en un cauce fluvial considerado como paraje protegido, una obra bajo sospecha de haber sido construida con sobornos y blanqueo de capitales. A consecuencia de esa denuncia, la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenó en el año 2009 la demolición del chalet ilegal por la comisión de una infracción muy grave contra el medio ambiente.Fue la oenegé Ecologistas en Acción la que ese mismo año puso en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente, ocho años después de producirse los hechos, que a pesar del tiempo transcurrido la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) no había procedido a ejecutar la pertinente orden de demolición sobre el chalet del fiscal de Talavera. A instancia de la propia Fiscalía, la CHT procedió finalmente a notificar la ejecución de la referida orden en fecha 30 de noviembre del año 2017.La orden de demolición del chalet de Demetrio de la Cruz Andrade fue cursada por la comisión de un delito contra el medioambiente, ya que dicha construcción se encuentra en “zona policía” del cauce del Arroyo Berrenchín. En la urbanización El Chaparral, donde se ubica la casa, se han incoado diferentes expedientes sancionadores por parte del Servicio de Vigilancia del Dominio Público Hidráulico (DPH) por constantes irregularidades y delitos medioambientales, entre ellos, el chalet citado.En el año 2007 la Confederación Hidrográfica del Tajo inició expediente sancionador a la constructora Oramba S.A tras la denuncia del Servicio de Vigilancia del DPH por limpieza del cauce del Arroyo Berrenchín y por obras de construcción de una vivienda en zona policía del citado cauce sin autorización. En 2008 se archivó dicho expediente porque la parcela no pertenecía a la constructora sino que estaba a nombre de una persona física, la esposa del fiscal jefe, María García García, contra la que se abrió expediente sancionador por las mismas razones. En marzo de 2009 se impuso la obligación de reponer el lugar al estado anterior, tal como establece el artículo 118 del texto refundido de la Ley de Aguas.En 2015 la organización Ecologistas en Acción denunció la situación del chalet y dicha denuncia sirvió de base al juez decano Fernando Presencia para denunciar tanto al fiscal como a otras autoridades judiciales.Los nuevos documentos que obran en poder de Diario16 acreditarían que algunos trámites llevados a cabo en este proceso judicial por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha podrían estar supuestamente amañados.