La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyada desde Génova y Pablo Casado, ya ha anunciado que recurrirá la orden ministerial, publicada ya esta mañana en el BOE, donde se aplican las restricciones de movilidad para Madrid capital y otros 10 municipios. Las normas se aplicarán en las próximas 48 horas.
Anoche Madrid anunciaba su insumisión con las rotundas declaraciones del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que afirmaba con rotundidad que la orden “juridicamente no es válida”. Una hora antes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba, sin embargo, que no contemplaba otra opción que la de que se aplicaran estas medidas para tratar de doblegar la curva en esta comunidad.
Ayer tarde, antes de la reunión interterritorial de Sanidad, entre el ministro y los consejeros de las comunidades autónomas, Ana Pastor, desde Génova, se reunía con las comunidades autónomas donde gobierna el PP para indicarles el voto negativo a la propuesta del ministro de Sanidad.
Así fue en todos los casos, menos en Castilla y León, donde la consejera de Sanidad es de Ciudadanos, Verónica Casado, ha ejercido toda su vida como médico de familia, y ha querido primar la salud de los ciudadanos a la de los intereses políticos.
La normas afectan a la capital de España y a los municipios madrileños de Alcobendas, Torreón de Ardoz, Alcalá de Henares, Alcorcón, Móstoles, Leganés, Fuenlabrada, Getafe y Parla.
Moncloa
Moncloa confirma, desde primeras horas de la mañana, que el acuerdo por mayoría del consejo interterritorial de Sanidad es de obligado cumplimiento. Según el informe de la Abogacía General del Estado, así lo establece la legalidad vigente en base a los siguientes puntos:
1. La norma aplicable en las votaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISN) es el artículo 151 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que regula esta cuestión para todas las Conferencias Sectoriales (como el CISN). Esta ley señala que los acuerdos obligarán a todas las Comunidades Autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación, como es el caso.
2. Esta Ley deroga todo aquello que resulte incompatible con ella, incluida la regulación establecida en el artículo 73 de la Ley 16/2003 de cohesión, que sólo prevé la adopción de acuerdos por consenso.