Margarita Robles huyó de la judicatura por el escándalo de los cursos para jueces

Cuando Santiago Pedraz, titular del juzgado central penal nº 1 de la Audiencia Nacional, empezó a recibir la documentación que estaba recabando la UDEF sobre las actividades de Ausbanc, le llamaron la atención unos dípticos que anunciaban jornadas y foros judiciales organizados con dinero que luego se supo que procedían de la extorsión. Y se quedó boquiabierto cuando, al examinar la relación de participantes, vio los nombres de jueces que no trabajaban precisamente en pequeñas localidades. Todo lo contrario: jugaban en primera división y algunos en la Champions. De magistrados de Audiencia Provincial hasta vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo.Ese mismo día, Cristina Onega, periodista que había empezado haciendo información en la Audiencia Nacional para los telediarios, palideció cuando vio la cara de su jefe, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Como directora de comunicación, la había llamado a su despacho. Había que difundir un comunicado muy importante. A la prensa había que transmitir que “la participación en cursos o conferencias, retribuidas o no, es una actividad totalmente compatible”, según dice la Ley Orgánica del Poder Judicial.Sin embargo empezaban a circular actas de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial, como una del 16 de marzo firmada entre otros por Carlos Dívar, Margarita Robles y Manuel Almenar, cuyo acuerdo 60 decía textualmente: “conceder, con efectos retroactivos, a doña María José Rivas Velasco, magistrada con destino actual en el juzgado nº 4 de Primera Instancia de Granada, licencia por razón de estudios relacionados con la función judicial a disfrutar los días 11 y 12 de marzo de 2010 para asistir al Foro de la Justicia organizado por Ausbanc Consumo en Marbella”.Fue entonces cuando Margarita Robles decidió huir de la judicatura por el escándalo que se avecinaba, presentándose con el PSOE a las elecciones generales, lo que fue aprovechado por Lesmes para expulsarla de la carrera judicial sin tan siquiera publicar su cese en el «Boletín Oficial del Estado».