La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) ha lanzado una investigación que destapa uno de los mayores fraudes de los últimos tiempos en España: la llamada 'mafia del diésel'. Este entramado, según fuentes de la Agencia Tributaria consultadas por la Cadena SER, se estima en unos 1.900 millones de euros anuales y lleva operando más de un año en el mercado español. La red de operadores fantasma ha encontrado una vía de enriquecimiento rápido y a gran escala, afectando a las gasolineras tradicionales y, de forma indirecta, a los consumidores.
Un fraude de dimensiones colosales
El fraude de la 'mafia del diésel' se basa en la venta de combustible importado de países sancionados como Siria, Rusia e Irán. Sin embargo, para evitar las restricciones internacionales, el combustible pasa por Turquía y Marruecos, donde se "disfraza" su procedencia. El resultado es la entrada a España de diésel a precios extremadamente bajos, que algunos operadores distribuyen a gasolineras a precios mucho más competitivos que el combustible legal.
Los operadores fantasmas, que aparecen y desaparecen en cuestión de meses, son la clave de este entramado. Venden el combustible sin pagar el IVA, obteniendo una ventaja de hasta 40 céntimos por litro. Esto permite que las gasolineras que compran este diésel ofrezcan precios considerablemente más bajos, llegando a diferencias de entre 20 y 40 céntimos por litro respecto a las que venden combustible legal. Los consumidores, por su parte, se benefician de estos precios, sin ser conscientes del fraude que hay detrás.
Los tres grandes focos del fraude
Según la ONIF, el fraude de la mafia del diésel se sostiene en tres pilares: el IVA, los biocombustibles y el llamado "fondo de eficiencia". El primer y más importante es el fraude del IVA, que representa unos 1.200 millones de euros anuales. Los operadores fantasmas cobran el IVA a los gasolineros pero no lo ingresan en Hacienda, desapareciendo poco después de realizar las transacciones.
El segundo pilar es el fraude relacionado con los biocombustibles. Las leyes españolas exigen que una parte del diésel vendido contenga biocombustibles para reducir las emisiones de CO2, pero el combustible ilegal no cumple con esta normativa. Esto genera un ahorro de entre 500 y 600 millones de euros para los operadores ilegales, pero también un daño medioambiental considerable.
El tercer pilar es el fondo de eficiencia, un pago obligatorio que las petroleras deben abonar por las emisiones de gases contaminantes. Este impuesto no se aplica al diésel ilegal, lo que añade entre 60 y 100 millones más al fraude total.
Gasolineras y consumidores, en el punto de mira
Las gasolineras que compran este diésel a precios bajos no siempre son conscientes del origen fraudulento del combustible. Sin embargo, la ONIF ha emitido ya más de 400 requerimientos a estaciones de servicio para que detallen sus pagos de IVA. Algunas de ellas, sospechosas de haber adquirido el combustible pirata a sabiendas, podrían enfrentarse a cargos por receptación.
Para los consumidores, la situación presenta un dilema. Si bien repostar en estas gasolineras puede significar un ahorro de entre 10 y 20 euros por depósito, también están fomentando una economía sumergida que amenaza la viabilidad de las estaciones de servicio legales. La competencia desleal está llevando a muchas gasolineras tradicionales a la ruina o a verse obligadas a abandonar sus contratos con grandes petroleras para operar de manera independiente.
El impacto en el mercado español
El auge de este fraude ha tenido un impacto devastador en el mercado de combustibles. Según los datos de la Agencia Tributaria, el diésel ilegal representaba el 5% del combustible vendido en 2022, pero en la actualidad ya supera el 20%. Esto significa que uno de cada cuatro litros de diésel que se venden en España proviene de esta red fraudulenta.
Este fraude no solo afecta a las grandes compañías petroleras que operan en el país, sino que también pone en riesgo la recaudación fiscal del Estado y contribuye al aumento de emisiones contaminantes, al no cumplir con las normativas medioambientales.
La investigación de la ONIF está destapando uno de los mayores entramados de fraude en España en los últimos años. La mafia del diésel ha encontrado en los operadores fantasmas una vía para enriquecerse a costa de la competencia desleal, mientras los consumidores se ven atrapados en una situación en la que el ahorro económico está ligado a un fraude masivo. Las autoridades, según recoge la Cadena SER, están intensificando los esfuerzos para desmantelar esta red, pero el daño al mercado de combustibles y al erario público ya está hecho.