Las investigaciones sobre la devastadora DANA que asoló Valencia el pasado octubre de 2024 viven un nuevo capítulo tras la publicación de los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el incremento de denuncias por parte de afectados y plataformas cívicas.
Según fuentes judiciales y de la UCO, los recientes documentos entregados a la Comisión de Investigación en Les Corts y al juzgado de instrucción señalan deficiencias graves en materia de prevención, alerta y gestión de la emergencia.
Los informes destacan que muchas de las grandes obras de contención previstas —especialmente en el barranco del Poyo, epicentro del desastre— no se ejecutaron a pesar de contar con respaldo técnico y declaraciones de impacto ambiental desde hace más de veinte años. Este hecho ha sido confirmado por ingenieros en las comparecencias recientes ante Les Corts, quienes subrayan que, de haberse acometido esas infraestructuras, el número de víctimas y los daños materiales habrían sido mucho menores.
El papel del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) se encuentra bajo lupa: tanto los expertos como la UCO señalan que su actuación preventiva fue insuficiente y que los sistemas de alerta y coordinación, en particular la evacuación de zonas más vulnerables, resultaron ineficaces o tardíos.
La acusación de la UCO: La UCO subraya que hubo un "silencio informativo" entre las 16:15 (cuando se superó el primer umbral) y las 18:43 (cuando finalmente se informó del pico de caudal), y atribuye a esta demora parte de la gravedad de la tragedia, que dejó más de doscientas víctimas mortales.
El informe de la Guardia Civil insiste en que la ausencia de avisos sobre el rápido ascenso del barranco del Poyo pudo influir directamente en la falta de reacción temprana y en la toma de decisiones por parte de las autoridades de emergencia.
Las plataformas de afectados, apoyadas por ONGs y asociaciones cívicas, han anunciado la ampliación de denuncias ante la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas,solicitando que se depuren responsabilidades penales y patrimoniales no solo entre gestores actuales, sino también respecto al presidente de la CHJ y responsables ministeriales. La asociación Liberum sostiene que la actitud de la CHJ y su presidente fue negligente y que la falta de alertas claras contribuyó a la magnitud de la tragedia.
La Confederación Hidrográfica del Jucar niega la responsabilidad que le atribuye la UCO
La CHJ niega la supuesta falta de avisos señalada por la Guardia Civil y defiende que se remitieron decenas de alertas a Emergencias. La Confederación Hidrográfica rechaza las acusaciones conocidas durante los últimos días y mantiene que remitió “cientos de avisos pluviométricos y de caudal” a Emergencias durante la jornada, refutando así la supuesta “inexistencia de avisos” destacada en el informe policial.
La CHJ argumenta que el informe de la UCO no tuvo en cuenta el manual del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que establece que existe un lapso técnico de 25 a 30 minutos entre la recogida del dato en campo y su visualización en el centro de control y en la web.
Según la CHJ, el tercer umbral de caudal —indicador crítico— ya se superó por la mañana y se decretó la alerta hidrológica antes del mediodía, sin que después el Centro de Coordinación de Emergencias tomara medidas extraordinarias. La CHJ también ha señalado que, concretamente para el barranco del Poyo, se remitieron hasta dieciocho correos durante las horas más críticas, y recalca que el valor de caudal equiparable al tercer umbral no llegó al sistema automático hasta las 17:50 horas, siendo comunicada formalmente la situación a las 18:43.
El cruce de informes ha escalado también políticamente: desde la Generalitat, algunas voces sostienen que no se recibieron las alertas vitales en tiempo real, mientras que tanto la CHJ como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) defienden la integridad de los protocolos de notificación seguidos y denuncian interpretaciones parciales de sus actuaciones.
La AEMET, en particular, ha declarado que su función es avisar sobre la evolución de tormentas, pero los avisos de caudales recaen sobre la CHJ, y ambas instituciones aportan registros de comunicaciones y llamadas al 112 como prueba de su actividad informativa.