Otros dos agentes de la UCO declaran este lunes en el juicio de los ERE

30 de Abril de 2018
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Volcán ERE
Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el juicio del Caso ERE
El juicio de la pieza política del caso ERE se reanuda hoy con nuevos testigos, en este caso otros dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que elaboraron atestados sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo durante la investigación.La semana pasada comenzó la fase testifical del juicio contra 22 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por crear y mantener un “procedimiento específico” con el que durante una década el Gobierno andaluz repartió 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles, según la Fiscalía.En esta fase testifical ya no están asistiendo al juicio los 22 acusados -entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán- ya que el tribunal les eximió de hacerlo a petición de sus defensas.El primer testigo en declarar fue el jefe del grupo de delincuencia económica de la UCO, que estuvo dos días respondiendo a las preguntas de los fiscales, los abogados de la acusación popular del PP-A y las defensas de varios ex altos cargos.Esto motivó que el juez, Juan Antonio Calle, pidiera a las partes acotar sus preguntas a las estrictamente “relevantes” para sus intereses, ya que hay 150 testigos y para “no alargar innecesariamente el juicio”, que ya de por sí está fijado hasta noviembre.Tras el jefe del grupo de delincuencia económica testificó un sargento de la UCO, un exjefe de servicio de la Consejería de Empleo y un expresidente de la agencia pública IFA (IDEA), ente a través del cual se pagaban las ayudas que daba Empleo con fondos que esta le remitía mediante transferencias de financiación, un mecanismo que según las acusaciones buscaba eludir la fiscalización previa.Hoy se retoma el juicio con la declaración de otros dos guardias civiles que realizaron en 2012 atestados sobre la gestión de las ayudas que hacía la Dirección General de Trabajo, cuyos extitulares Javier Guerrero y Juan Márquez están entre los 22 acusados.
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