El Parlamento británico votó ayer martes a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y Gales para evitar que un creciente número de mujeres sean investigadas por la policía por interrumpir embarazos en virtud de una legislación que se remonta a mediados del siglo XIX.
Las cifras disponibles apuntan a más de 250.000 interrupciones voluntarias del embarazo en Inglaterra y Gales (año 2022). El 99% de estas interrupciones se producen antes de la semana 20 de gestación.
La reforma fue aprobada con 379 votos a favor y 137 en contra, en una votación de conciencia, sin disciplina de partido (RTVE)
La reforma ha sido apoyada por defensores de los derechos reproductivos, que consideran la medida un avancecrucial y un mensaje claro en defensa de las mujeres, especialmente en un contexto internacional de retrocesos en derechos reproductivos.
No ha sido un debate exento de críticas, provenientes fundamentalmente por grupos antiabortistas, que consideran la despenalización como una herramienta que dejará desprotegidos a los no nacidos, pudiendo generar el aumento de los abortos fuera del plazo establecido como legal y seguro.
Contexto
El aborto ha sido legal en Inglaterra y Gales durante casi 60 años, pero solo hasta las 24 semanas y con la aprobación de dos médicos. Las mujeres pueden enfrentar cargos penales si deciden interrumpir un embarazo después de las 24 semanas, según una ley de la época victoriana que conlleva una pena máxima de cadena perpetua, como recuerda Reuters.
En los últimos años, se incrementaron los casos de mujeres investigadas por abortos fuera del plazo legal, algunos de ellos muy mediáticos y polémicos, como el de Carla Foster, que fue condenada en 2023 por abortar a los ocho meses y liberada tras la apelación por considerarse un caso que requería "compasión, no castigo". La presión social y política tras estos casos llevó a la presentación de la enmienda por la diputada laborista Tonia Antoniazzi, que argumentó que la ley victoriana era "obsoleta" y se usaba contra mujeres vulnerables.
Modificaciones actuales
Eliminación de sanciones penales: Se suprimen las penas de cárcel que aún estaban vigentes por leyes del siglo XIX (Ley de Delitos contra la Persona de 1861 y la Ley de Preservación de la Vida Infantil de 1929), que permitían procesar a mujeres que abortaran fuera de los límites legales.
No afecta a los servicios ni plazos: La enmienda no modifica el acceso a los servicios de aborto, los límites de tiempo (24 semanas), los motivos para abortar, la telemedicina ni el requisito de aprobación por dos médicos.
Procesos penales solo para terceros: Los profesionales médicos o personas que ayuden a realizar abortos fuera de la ley podrían seguir siendo procesados, pero las mujeres no (Euronews)
Se valora que esta modificación legal, reducirá los riesgos para la salud de las mujeres que quieran interrumpir sus embarazos, porque no las empujará, como hasta ahora sí ocurría, a hacerlo de manera clandestina. Además, se espera también una mejora en la igualdad social y de género, porque eliminar la criminalización evitará la discriminación de género y de clase, puesto que normalmente han sido siempre las mujeres con menos recursos económicos las que se han visto más dañadas por la penalización.