¿Puertas giratorias, tráfico de influencias o mucha desvergüenza? Esa pregunta es la que muchas personas se hacen cuando se les pregunta sobre Acento, la consultora de Pepe Blanco y Alfonso Alonso. Los dos exministros son la punta de lanza para tener acceso a los centros de poder del PSOE y del PP y lograr para sus empresas cliente subvenciones o una posición preferente a la hora de optar a contratos públicos.
La intermediación no es una actividad ilegal. Sin embargo, sí lo es la utilización de la agenda de contactos para «arreglar» el acceso a una licitación o, lo que sería peor, la adjudicación.
Ahora, según distintas fuentes consultadas por Diario16, la consultora de Pepe Blanco y Alfonso Alonso ha puesto su punto de mira en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Su misión es rentabilizar las participaciones empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social. El ámbito de actuación abarca 15 empresas participadas de forma directa y mayoritaria: Correos, Navantia, Tragsa, Mercasa, Agencia EFE, Hipódromo de la Zarzuela, Red Eléctrica, Hispasat, Ebro Foods, Enagas, IAG, Indra o Airbus son las más importantes y las que, por supuesto, más susceptibles son de convocar licitaciones públicas.
Ahí es donde entraría la acción de lobby de Acento y, para ello, Pepe Blanco está actuando como lo ha hecho siempre: sin escrúpulos. Hay que recordar cómo era el porfolio que envió a las grandes empresas para presentarse y ofrecer sus servicios. Acento remitió cartas a las principales sociedades cotizadas del país en las que se ofrecen servicios como «una interlocución permanente con los poderes públicos y otros stakeholders [interesados e interesadas] sobre la regulación y su influencia en las inversiones de la compañía» o facilitar «la interlocución entre la compañía y el Gobierno, teniendo en cuenta el valor añadido, las oportunidades y potencialidades de la empresa […] establecer un diálogo permanente con los responsables de las Administraciones y Ministerios en las iniciativas normativas y legales que puedan afectar a los intereses e inversiones de la compañía».
En esas comunicaciones, Pepe Blanco no dudó en señalar al ministro José Luis Ábalos y a la ministra Reyes Maroto como interlocutores con Acento. Según publicó eldiario.es «la mayoría de los ministros han asegurado que desconocían que el ex número 2 del PSOE estuviera mandando cartas a directivos de empresas cotizadas asegurando que tenía contacto directo con ellos y niegan cualquier trato de favor hacia el exministro socialista. Ábalos ha precisado que «nunca ha recibido a nadie recomendado por Blanco» y que los empresarios del Ibex no necesitan intermediación de nadie para hablar con él».
Este desmentido fue un duro golpe para Blanco, puesto que el Ministerio de Transportes, por ejemplo, es de los que más cuantiosas licitaciones convoca a lo largo del año. Lo mismo que Reyes Maroto, como ministra de Industria. Sin embargo, el exministro socialista, junto a su compañero del PP, no se dieron por vencidos y se han fijado en la SEPI, lo cual pone en peligro a propio Gobierno si las gestiones de lobby que se realicen desde Acento llegaran a buen puerto dado que se podría llegar a la comisión de tráfico de influencias, hecho que no ha frenado a Pepe Blanco.
La SEPI ya se colocó en el punto de mira tras la dimisión de Vicente Fernández por su imputación en la causa abierta por la venta de la mina de Aznalcóllar, algo que fue advertido por Diario16 que podía pasar cuando se anunció su nombramiento. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como responsable última de la SEPI, no puede permitir de manera alguna un segundo golpe a la Sociedad y, como bien hizo José Luis Ábalos, desvincularse pública e inmediatamente de la consultora de Pepe Blanco puesto que, en la situación de desafección actual, que el pueblo conozca que se han concedido contratos de las empresas de la SEPI a clientes de Acento sería un escándalo de proporciones bíblicas.
Pepe Blanco, por tanto, se está convirtiendo en una amenaza para el gobierno de coalición progresista, y mucho más cuando su empresa, en la que también hay exdiputados socialistas poco amigos de Pedro Sánchez, cuenta con uno de los exlíderes del Partido Popular. Alfonso Alonso, a pesar de sus evidentes diferencias con Pablo Casado, es, al fin y al cabo, un hombre del PP y lo que más caracteriza a los dirigentes de este partido es la fidelidad y la lealtad sin mancha a unas siglas y a sus intereses políticos.
El historial de Pepe Blanco, además, está lleno de penumbras. Fueron, precisamente, las sospechas de actividades relacionadas con la corrupción las que terminaron con su presencia en la primera línea de la política nacional. El Caso Campeón, del que fue absuelto, mostró, sin embargo, comunicaciones entre Blanco y el empresario José Antonio Orozco. En una de estas, por ejemplo, Orozco habla de una subvención pública que llevó a casa del exministro. Un mensaje sms del empresario, siendo Blanco ministro de Fomento, indicaba claramente «Cuando puedas hablamos de Sant Boi del Llobregat...Un abrazo», en referencia a la pretensión de la empresa de Orozco de construir una nave cerca del aeropuerto de Barcelona y que necesitaba de la autorización del alcalde de la localidad catalana. Además, según indicó otro empresario a la jueza Estela San José, Blanco habría recibido 400.000 euros en comisiones, hecho que el exministro negó. Uno de esos pagos, según indicó Jorge Dorribo, se realizó en la gasolinera de Guitiriz al primo de Blanco, Manuel Bran.
La defensa del Caso Campeón también fue causa de polémica, puesto que, según publicó El Mundo, la Ejecutiva socialista de José Luis Rodríguez Zapatero entregó 100.000 euros a Blanco para pagar a sus abogados, un dinero a fondo perdido que Pedro Sánchez, cuando fue nombrado secretario general del PSOE, no reclamó que fuera devuelto, aunque tuvo la intención de hacerlo. Sin embargo, en la entrega del dinero no hubo exigencia de devolución y, por lo tanto, decidieron no reclamarlo.
Por otro lado, están sus relaciones con la familia Monje. Un informe policial solicitado por los tribunales indicaba que Pepe Blanco ayudó a la familia Monje a adquirir la Constructora Hispánica del empresario Alfonso García Pozuelo, condenado a 2 años de cárcel por la trama Gürtel, a quien luego le escamotearon el pago. En ese contexto, según publicó el periodista Manuel Cerdán, Blanco citó a García Pozuelo a mediados de 2009 para reprocharle que hubiese financiado al PP mediante grandes sumas que entregó a Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta, cuando había obtenido suculentos contratos de obra por parte del gobierno socialista. Fue entonces cuando le planteó que lo mejor que podía hacer era «vender Constructora Hispánica», y que él le acercaría compradores. Los interesados fueron los Monje, quienes, finalmente adquirieron esa sociedad que presuntamente nunca terminaron de pagar vía una demanda «a la catalana» que interpusieron a los propietarios de Hispanica. Los Monje le llegaron a cambiar su nombre por el de Assignia Infraestructuras, una empresa que obtuvo importantes contratos en España y Latinoamérica, como, por ejemplo, la construcción de miles de viviendas en Venezuela, país en el que en esa época tenía mucha influencia quien había sido embajador hasta 2007 Raúl Morodo.
Pepe Blanco, o personas de su círculo más cercano, también fueron acusados de crear una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho. La trama operaba en torno a una empresa, Interligare, que se llevó entre 2008 y 2010 la cantidad de 2,4 millones de euros en concursos presuntamente amañados. La Policía colocó en el centro de esta trama a Gabriel Fuentes, hombre de confianza de Juan Alberto Belloch y asesor de Jorge Fernández Díaz, además de comisario jefe en el 11M, y a Luis Luengo, director de Infraestructuras durante la época de Rubalcaba. La Policía consideró como acreditado que los contratos públicos se adjudicaron tras la filtración de los pliegos a Interligare, cuyo presidente era José Luis Martín Juárez, a quien la Policía situó en el círculo de confianza de Pepe Blanco.
Con este currículo, ¿se va a prestar la SEPI y sus empresas a aceptar las acciones de lobby que pueda realizar Acento? Supondría un nuevo escándalo de utilización de información privilegiada o de tráfico de influencias si se llegara a conocer que tal o cual contrato público, o tal o cual convenio de colaboración, se ha ejecutado gracias a la intervención de la empresa de Pepe Blanco y Alfonso Alonso, como ya ocurrió, recordemos, con los casos de las sociedades de Cristóbal Montoro o de Vicente Martínez Pujalte. Por el otro lado, las grandes empresas del IBEX que llegaran a contratar con Acento estarían expuestas a un serio peligro reputacional, en un momento en el que, precisamente, la reputación está en horas bajas.