La ONG Pesticide Action Network Europe advierte del descubrimiento que ha hallado realizando el análisis de muestras de aguas superficiales y embotelladas, que revela que hay una "sustancia química permanente presente en el 94% de las muestras de agua superficial y el 63% de las muestras de agua embotellada" que excede ampliamente los límites establecidos en la directiva revisada sobre el agua potable, según ha informado Euractiv.
La noticia publicada señala que las sustancias químicas PFAS (sustancias perfluoroalquilada y ploifloroalquiladas) son conocidas por sus propiedades persistentes y su toxicidad está siendo analizada, según ha informado la directora de ciencia y políticas de PAN Europa, Angeliki Lyssimachou.
Fue en mayo de 2024, cuando tras detectar la contaminación de ríos, lagos y aguas subterráneas con ácido trifloriacético, un producto de degradación altamente persistente que proviene de los pesticidas PFAS y de los gases F, PAN Europa decidió abrir un análisis más pormenorizado.
"Si bien los AGT tienen distintos orígenes, las dos fuentes más importantes son los pesticidas PFAS y los gases fluorados", explicó Salomé Roynel, responsable de políticas de PAN Europa a Euractiv.
No existe límite legal
A día de hoy, indican, no existe un límite legal para el TFA en la UE. Señalan que sigue siendo "una sustancia química invisible" desde la perspectiva legal, según ha confirmado Sara Johansson, responsable de políticas de prevención de la contaminación del agua en la Oficia Europea de Medio Ambiente.
Se está desarrollando en estos momentos un nuevo parámetro, que será tenido en cuenta a partir de 2026, con la nueva redacción de la Directiva sobre el agua potable, que comenzará a controlar los "PFAS totales", donde se incluyen los AGT. Sin embargo, apuntan, los análisis del informe muestran que el umbral máximo ya se había superado en la mitad de las aguas del grifo analizadas. Es decir, que estamos consumiendo estos tóxitos muy por encima de lo que se permitirá en la legislación futura.
Se piden acciones urgentes, puesto que la ley no se desplegará de manera efectiva hasta dentro de unos diez años, o incluso veinte. En este sentido, desde la ONG piden que se aborden medidas urgentes e inmediatas. Además, advierten de que los gastos que pueda suponer el filtrado y depuración, no deberían recaer sobre los bolsillos de los contribuyentes, porque "quien contamina, paga".