Pisos turísticos: un foco de fraude, abusos y descontrol

Ayuntamientos como los de Madrid y Barcelona han declarado la guerra a los pisos de alquiler turísticos, que amenazan con devorar la identidad y la historia de barrios enteros en las grandes ciudades. El fenómeno, que ya se conoce como “turistificación”, termina provocando la expulsión de los vecinos de sus barrios y las subidas descontroladas en los precios de los alquileres. En buena medida esta falta de regulación es una de las causas de la nueva burbuja inmobiliaria que se cierne sobre la economía española.En los últimos años miles de ciudadanos en todo el país se han asociado en numerosas plataformas cívicas para defender sus derechos frente a lo que consideran abusos del sector. En general la queja es siempre la misma: este tipo de vivienda en régimen de alquiler ocasiona al vecindario graves trastornos en su día a día, como ruidos, suciedad y problemas de convivencia con los turistas. En algunos lugares estos apartamentos incluso se han convertido en auténticos focos de delincuencia.El “boom” de los pisos turísticos, un fenómeno íntimamente asociado a la globalización, es uno de los problemas más preocupantes en las grandes ciudades y exige una regulación a medida −tanto nacional, como autonómica y municipal−, que va llegando lentamente, casi con cuenta gotas. Mientras tanto los vecinos, que acaban sintiéndose desprotegidos y desamparados, no pueden hacer otra cosa que organizarse y salir a la calle a protestar, manifestaciones que a menudo no son debidamente escuchadas. Si bien es cierto que municipios como Madrid y Barcelona ya se han puesto a legislar para controlar un mercado caracterizado por el fraude fiscal derivado de la economía sumergida, el abuso contra los derechos de los vecinos y el descontrol, en la mayoría de urbes españolas todavía existe un vacío legal y rige la ley del más fuerte, casi siempre impuesta por un sector que se hace cada día más poderoso gracias a los fuertes ingresos que genera el mercado de alquiler turístico.El pasado verano el consistorio de Manuela Carmena ordenó el cierre de al menos 70 pisos turísticos y tenía a otros 467 apartamentos en el punto de mira. Poco a poco se van tomando medidas legales para regularizar la situación. Así, el pasado año la Agencia Tributaria publicó una nota informativa para que los dueños de los pisos turísticos“tengan claras cuáles son sus obligaciones fiscales, en línea con la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo”. En opinión de la institución que dirige Francisco Fernández Marugán, la complejidad del régimen tributario aplicable a los alquileres turísticos puede constituir una “barrera para los ciudadanos que no tengan un asesoramiento adecuado o conocimientos especializados”. Así, instó al ministerio a que la guía, una vez elaborada, sea adecuadamente difundida al público.Por otra parte, y en el marco de una actuación iniciada con la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital tras recibir numerosas quejas, el Defensor del Pueblo ha realizado recomendaciones para que mejore la coordinación entre ambas administraciones y para que se publiciten “de manera activa” los datos del registro de viviendas. Asimismo, la Institución ha pedido que se desarrollen indicadores que permitan identificar cuándo un entorno urbano pierde o puede perder su carácter predominantemente residencial debido a la proliferación de establecimientos de servicios turísticos y que se exija a las viviendas de uso turístico que dispongan de un teléfono de atención abierto permanentementepara las quejas de los vecinos.El Defensor considera fundamental que haya transparencia y seguridad jurídica en este ámbito y que el marco normativo sea coherente para evitar que las diferentes administraciones regulen un mismo supuesto de manera contradictoria.Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha decidido dar algo más de margen a las nuevas plataformas de pisos turísticos para suministrar los datos fiscales y las empresas tendrán de plazo hasta el 31 de enero de 2019 para comunicar las operaciones de 2018. Así, las plataformas de alquiler de viviendas de uso turístico, como Airbnb, HomeAway, Wimdu o Niumba, comenzarán a suministrar a la Agencia Tributaria los datos fiscales relativos a esta actividad entre el 1 y el 31 de enero de 2019, dado que para el ejercicio 2018 la presentación de esta declaración informativa de la cesión de viviendas con fines turísticos tendrá “excepcionalmente” carácter anual.En el resto de ejercicios, la declaración informativa será trimestral y deberá presentarse en el plazo comprendido entre el primer y “el último día del mes natural posterior a la finalización del trimestre a que se refiera la declaración”, según informa Europa Press.