La propuesta de APDHA es que los servicios sanitarios sean transferidos a las comunidades autónomasHay que resaltar que desde el 2014 el Ministerio del Interior no renueva los convenios que mantenía con las Comunidades Autónomas para garantizar la atención especializada a los reclusos, lo que ha generado una situación en la que atención médica en las cárceles se realiza en condiciones cada vez más precarias. Para los partidos en general parece inasumible el supuesto coste político que tendría el mejorar las condiciones de la población reclusa. El denominado populismo punitivo parece seguir siendo hegemónico dentro de la política española.
Populismo punitivoEl populismo es ya un término casi imprescindible a la hora de analizar la nueva política, pero su vertiente “punitiva” es prácticamente desconocida.Para autoras como Whanda Fernández León podemos definir al populismo punitivo como “doctrina política que se proclama defensora de los intereses y aspiraciones del pueblo” y cuyo efecto es “expandir el derecho penal, desquiciar el sistema de juzgamiento, socavar el espíritu garantista de las normas y acomodarlo a interpretaciones arbitrarias y restrictivas”.En el caso concreto de España, la abogada experta en derecho penitenciario Patricia Moreno Arrarás denuncia que “incluso la izquierda quiere meter a todos a la cárcel”. Para Moreno Arrarás, estamos “en una sociedad que apuesta decididamente por la seguridad frente a la libertad y en la que la seguridad se fía al continuo incremento de las medidas securitarias, las cárceles, necesariamente, han de quedarse pequeñas, a la vez que pasan al olvido y la invisibilidad. Queremos que haya cárceles y queremos que en ellas estén quienes atenten o puedan atentar contra nuestra seguridad; nos preocupan poco las condiciones en las que estén”.Puertas giratorias, de presosLa abogada Mª Luisa Díaz Quintero y el facultativo José Vidal Carballo Corral reflejaron en su trabajo “Enfermos mentales y prisión: un tándem incompatible” lo especialmente problemática que es la situación de las personas presas con trastornos mentales. Díaz Quintero y y Vidal Carballo alertan que “que la situación de los enfermos mentales en las prisiones españolas, tanto por el número como por las dificultades que presentan para su reinserción social, hace tiempo que se ha hecho insostenible. El porcentaje de personas con enfermedad mental en prisiones es mucho más elevado que en la población general”.En la línea de APDHA, estos autores inciden en que para los enfermos con problemas de salud mental “al no estar integrada la asistencia sanitariaen el Sistema Nacional de Salud, se hace muy difícil de prestar en igualdad de condiciones a la que reciben los enfermos no privados de libertad”. Por desgracia, para estos reclusos hay, para Díaz Quintero y y Vidal Carballo, puertas giratorias de entrada y salida de centros penitenciarios: “El estigma y/o el trato discriminatorio que sufren estos pacientes tras su situación judicializada conlleva a menudo la exclusión de programas de continuación del tratamiento en la Comunidad. Y la falta de seguimiento les lleva, en un porcentaje muy elevado, de nuevo a prisión”.Urge, por tanto, que todos los partidos políticos asuman las propuestas que están realizando organizaciones como APDHA y la Fundación Abogacía Española para que las personas presas reciban una atención sanitaria igual al resto de la población.Para Moreno Arrarás, estamos “en una sociedad que apuesta decididamente por la seguridad frente a la libertad