El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseñanza de Madrid (STEM-Intersindical), dentro de la campaña "
Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela", reclaman una calendario escolar laico para la Comunidad De Madrid.En STEM persiguen el objetivo de que el Estado denuncie
los Acuerdos con la Santa Sede y con otras confesiones religiosas. No obstante, creen que, dentro del actual marco legal
, hay formas de avanzar hacia una mayor laicidad. Una de ellas es el establecimiento de calendarios escolares racionales y libres de la influencia de la jerarquía católica.Para el sindicato, ya hay un precedente: Por cuarto curso consecutivo,
la Consejería de Educación de Cantabria aplica un calendario escolar más racional. Los días lectivos quedan distribuidos en bimestres, y por cada siete semanas de actividad lectiva, hay un periodo de vacaciones escolares. Además de las vacaciones de Navidad, que permanecen sin cambios, se añaden tres periodos no lectivos de una semana a principios de noviembre, en abril y en Carnaval.Para la implantación de los nuevos periodos no lectivos, se ha implicado a las distintas administraciones para la implementación de Programas de centros abiertos. Esos períodos son más operativos tanto para contratar personal como para programar actividades, lo cual redunda positivamente en la creación de empleo en los sectores de la educación no formal y de las actividades deportivas y de ocio y tiempo libre.
El interés común de quienes defienden la escuela pública es beneficiar al estudiante
Se trata de un gran avance, que la nueva Administración educativa surgida de las elecciones de mayo de 2019 (por primera vez, el Partido Regionalista Cántabro se ha hecho cargo de la responsabilidad educativa) ha prometido mantener.Pero el caso de Cantabria sigue siendo una excepción. Los calendarios escolares de las distintas Comunidades Autónomas siguen apostando por mantener el periodo vacacional de Semana Santa, mientras
en los países del norte de Europa se apuesta por calendarios escolares que contemplan varios periodos no lectivos de una semana, con resultados óptimos.En la Comunidad de Madrid, en reunión mantenida entre la Dirección General de Centros y representantes de distintos sindicatos de docentes a finales del curso pasado, desde STEM-Intersindical se presentó una propuesta de racionalización del calendario escolar en esta línea, que cumplía con el requisito establecido en la LOMCE de abarcar un mínimo de 175 días lectivos (de hecho, alcanzaba los 176), pero
las autoridades educativas madrileñas hicieron caso omiso.Desde STEM rechazan que en un territorio urbano y altamente secularizado como la Comunidad de Madrid se fuerce la coincidencia de periodos no lectivos con celebraciones religiosas.
El carácter festivo del “Jueves Santo” y el “Viernes Santo” ya supone una especial consideración para con las costumbres de los fieles católicos, y que, en nuestra propuesta de calendario, al igual que en el caso de Cantabria, ni siquiera se plantean cambios en el periodo vacacional de Navidad y Año nuevo.
Es perfectamente posible llegar a acuerdos que redunden en una mejora de la educación
Pero las variaciones anuales en las fechas de Semana Santa (festividad que se rige por arcaicos calendarios lunares) ocasiona grandes desequilibrios en el desarrollo de la actividad escolar, delimitando a menudo
trimestres excesivamente largos o cortos, lo cual dificulta una programación racional de la actividad trimestral e incide negativamente en el rendimiento académico del alumnado, sobre todo en Infantil y Primaria.El sindicato considera que
el gran obstáculo para abordar estos cambios lo constituyen las presiones de la jerarquía católica. Pero en sociedades secularizadas y multiculturales, las creencias deben regir los ámbitos privados y nunca el ámbito público, cuya organización descansa sobre acuerdos democráticamente adoptados por la colectividad. Desde el mayor de los respetos a la conciencia de cada cual, la vida civil no puede seguir dictada por rituales religiosos.Por eso son partidarios de que se abra este debate, que de ninguna manera es una pugna entre docentes y familias. El interés común de quienes defienden la escuela pública es beneficiar al estudiante. A partir de esa base, es perfectamente posible considerar los intereses particulares y llegar a acuerdos que redunden en una mejora de la educación.
