Las cifras de muertos en las residencias de ancianos por el Covid19son suficientes como para que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Generaldel Estado iniciaran de inmediato una investigación de oficio sobre el modeloprivatizador encubierto implantado por las Comunidades Autónomas para, enteoría, recortar gastos. Las administraciones defensoras de las teoríaseconómicas neoliberales utilizan el eufemismo «colaboración público-privada»para ocultar que, en realidad, se trata de una privatización encubierta que vaen contra de lo indicado por la Constitución Española en su artículo 50: «Lospoderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas yperiódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durantela tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoveránsu bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán susproblemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
Sin embargo, ese modelo privatizador encubierto eneufemismos ha costado casi 20.000 muertes por coronavirus porque lasresidencias no disponían de los servicios mínimos para garantizar la salud delas personas mayores que vivían en estos centros.
Todo ello se ha producido en un escenario en el que grandesmultinacionales, sobre todo de capital extranjero o soportadas por los grandesfondos de inversión, han encontrado en España un nicho de negocio que en suspaíses de origen no lo lograrían. No es normal que el bienestar de las personasmayores en España se haya dejado en manos de verdaderos tiburones financierosque anteponen la rentabilidad del negocio a, incluso, la vida de los sereshumanos, como se ha podido ver en estos últimos meses.
El Gobierno no ha tenido ninguna responsabilidad en lo sucedido en las residencias porque ese modelo privatizador se ha implementado en todas las Comunidades Autónomas, independientemente de si la gobernaba la derecha o la izquierda, aunque cuando hay habido gobiernos conservadores se ha incentivado aún más. En la Junta de Andalucía, por ejemplo, el nuevo Ejecutivo de derechas sostenido por los ultras anunció en el año 2019 que renovaba los conciertos para las residencias con una dotación presupuestaria de 850 millones de euros, unas cifras similares a las que se manejaban durante los gobiernos de Susana Díaz. Precisamente, ha sido la vicepresidenta primera del Gobierno, la socialista andaluza Carmen Calvo, la que lo ha dejado muy claro: la responsabilidad de las residencias era y es de las comunidades autónomas, del signo que sean o hayan sido, no del gobierno.
En la Comunidad de Madrid, se destinan a pagar a lasmultinacionales y a las empresas privadas más de 700 millones de euros. Sinembargo, cuando en esta comunidad se aprobó el Plan de Residencias durante elgobierno de Cristina Cifuentes, ya se hicieron advertencias desde el sectorsanitario en que se debería incorporar una mayor atención al plano sanitariopara que las residencias tuvieran un modelo socio-sanitario. No se hizo nada ylas consecuencias ya conocemos cuáles fueron.
Las comunidades autónomas han entregado a multinacionales y fondos el cuidado de los mayores. Diferentes organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos llevan años denunciando que se han adjudicado contratos con bajadas temerarias de varios millones de euros, lo que repercutía en una reducción del personal necesario para la atención de las personas residentes. Un ejemplo claro se dio con la adjudicación a Aralia, empresa fundada y ahora controlada la familia del pluriimputado en la Gürtel José Luis Ulibarri, de la residencia del Ensanche de Vallecas. El presupuesto de la licitación era de 10,2 millones de euros y Aralia se llevó la gestión con una oferta de 8,4, la más baja. La Comunidad de Madrid sancionó a la empresas por faltas graves relacionadas con el incumplimiento de las condiciones mínimas de higiene.
Esto está ocurriendo en todas las comunidades. Se adjudicanlos contratos a empresas privadas en base a criterios económicos, no socialesni de respeto al bienestar de los mayores. La consecuencia: llega una pandemiay mueren casi 20.000 personas.
El mercado de las residencias está controlado en todas lascomunidades autónomas por multinacionales y grandes fondos de inversión. En elprimer caso, es sorprendente la gran proliferación de capital francés. ¿Por quéhan puesto los ojos las grandes empresas del país vecino en España? La razónprincipal es que en Francia las concesiones y las concertaciones están muchomás controladas, siempre se da preferencia a la gestión pública y hay un mayorcuidado a la hora de verificar el factor cualitativo de las residencias, esdecir, el trato que reciben los mayores. En España, sin embargo, las políticasprivatizadoras de las comunidades autónomas gobernadas tanto por la izquierdacomo por la derecha han propiciado una legislación mucho más laxa, lo queprovoca que el capital francés haya copado casi la mitad del sector en España.
Con este panorama, ¿por qué no entra la Fiscalía de Oficio ainvestigar todas y cada una de los conciertos aprobados por las comunidadesautónomas? Ellas son las responsables últimas de lo ocurrido en las residenciasde ancianos y un exterminio masivo como el que se ha producido en este paísmerece que la Justicia tome la determinación de eliminar un modelo que hatenido consecuencias drásticas para las personas mayores. No se trata solo deinvestigar las irregularidades cometidas durante la pandemia en las casi 400diligencias abiertas a día de hoy, sino que se trata de mirar atrás y verificarlos errores cometidos en esas adjudicaciones que adoptaron criterios puramenteeconómicos (la oferta más baja) y que han tenido como consecuencia la bajada delos niveles de atención a las personas mayores en todos los ámbitos y dejado elcuidado sanitario en un segundo nivel de prioridad.
No se puede ser más indigno.