La Fiscalía de Madrid haconsiderado que los dos últimos Comisarios de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Tajo podríanhaber cometido un delito de “prevaricación urbanística omisiva” por nohaber cumplido la orden de demolición delchalet que el fiscal decano de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, construyó ilegalmente en lapoblación de Pepino, localidad situada a 8 kilómetros al norte de esa Talavera de la Reina.
La orden de demolición sedictó en forma de resolución el 6 de marzo de 2009. La Sala de lo Contencioso-Administrativo delTribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha(TSJCLM) la confirmó plenamente el 30 de abril de 2019 mediante sentencia.
El chalet fue construido enparte en zona de servidumbre del Arroyo Berrenchín –cinco metros por cada lado del cauce– donde estáterminantemente prohibido por el Reglamentodel Dominio Público Hidráulico, y en parte en la llamada zona de policía, que son 100 metros y comprende también loscinco metros citados.
Cualquier construcción deese tipo que se halle en la zona de servidumbre debe ser demolida por ilegal. Sin embargo la CHT, a pesar de sudecisión, no obligó a que se materializara.Pudiera inferirse que no lo hizo por causa del cargo ocupado por su
propietario. Esto supondríaun supuesto trato de favor que entrañaría consecuentemente un delito de tráfico deinfluencias, al que se añadiría el delito de prevaricación.
De acuerdo con ACODAP, esesta nueva postura que por fin mantiene ahora la Fiscalía la que con toda seguridad va a acelerar la demolicióndel “chalet del pelotazo” del fiscal decano deTalavera de la Reina.
La asociación denunciantepone su atención en el hecho de que la Audiencia Provincial de Madrid tiene que resolver ahora elrecurso interpuesto por el Ministerio Público.Si finalmente le da la razón a la Fiscalía, los dos comisarios de aguas que han sido denunciados se verían sometidos a una investigaciónpor los delitos de prevaricación por omisión y tráfico de influencias, quellevan aparejadas cada uno de ellospenas de prisión.
Todo ello salvo que laministra del ramo decida in extremis reconocer que el Ministerio Fiscal tiene razón en sus planteamientos, yordene a la CHT la demolición del chalet del fiscaldecano de Talavera, lo que podría convencer a la Audiencia Provincial de que no ha existido ningún trato de favor, y de queal final todo ha sido un problema de interpretaciónde la norma.
Por eso, la pelota estáahora en el tejado de Teresa Ribera, la actual ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España,de quien depende en última instancia la responsabilidadde los Organismos de cuenca.