El Partido Socialista de Madrid ha vuelto a centrar sus críticas en la gestión de Isabel Díaz Ayuso, esta vez en torno al manejo de los fondos públicos destinados a la educación infantil. El Grupo Parlamentario Socialista ha denunciado, en la Asamblea de Madrid, una preocupante falta de transparencia en la asignación y uso de recursos para la creación de plazas para niños de 0 a 3 años, una etapa educativa esencial para las familias madrileñas. Según el PSOE, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no solo está incumpliendo con sus responsabilidades, sino que además podría estar incurriendo en prácticas irregulares, con el consiguiente riesgo para los fondos europeos destinados a este fin.
El problema de la delegación de competencias
El origen del conflicto radica en la delegación de la gestión de estos fondos en los directores de los centros educativos, quienes no tienen la competencia legal para ejecutar obras de infraestructura. Según Esteban Alvarez, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, la Consejería ha optado por un atajo administrativo que está generando gran preocupación: en lugar de canalizar los fondos a través de los mecanismos adecuados, como la Gerencia de Infraestructuras, ha delegado la responsabilidad en los propios directores de los colegios, a quienes se les asignan las obras sin la preparación o los recursos necesarios.
Para Alvarez, este proceder "incumple claramente la ley, al delegar en los directores de los centros una responsabilidad que no les corresponde, abriendo la puerta a la opacidad en la adjudicación de contratos." El portavoz socialista argumenta que esta práctica pone en riesgo la confianza en la gestión pública y podría suponer un uso indebido de los recursos europeos destinados a la educación infantil.
El fraccionamiento de contratos: ¿una práctica ilegal?
Uno de los puntos más controvertidos de la denuncia del PSOE es la posible existencia de fraccionamiento de contratos, una práctica ilegal que consiste en dividir las adjudicaciones en contratos menores para eludir los controles y requisitos legales de transparencia. Esta modalidad permite a la Administración adjudicar contratos sin necesidad de concurso público, lo que levanta sospechas sobre la transparencia en la gestión de estos recursos.
El PSOE ha identificado varios casos concretos que podrían ejemplificar este tipo de irregularidades. Entre ellos, destacan los contratos adjudicados en centros educativos como el CEIP Los Espartales, en Alcalá de Henares, donde se han registrado dos contratos menores para trabajos de albañilería y fontanería por valores de 120.879 € y 11.979 €, respectivamente. Alvarez señala que estos contratos, al ser fraccionados, podrían estar evadiendo la necesidad de una licitación pública, un mecanismo diseñado para garantizar la competencia y la transparencia en el uso de los fondos públicos.
Además de este caso, el PSOE ha señalado otros contratos en los centros CEIP Gabriel y Galán, en Alcobendas, y CEIP Ortiz Echagüe, en Getafe, ambos con valores superiores a los 37.000 €, lo que refuerza las sospechas de que esta práctica no es aislada, sino parte de un patrón recurrente de la Consejería de Educación bajo la administración de Ayuso.
Falta de planificación y apoyo a los centros
Otro aspecto clave de la denuncia socialista es la falta de apoyo institucional a los centros educativos. Aunque la Consejería ha autorizado la creación de aulas para el ciclo infantil en 78 centros, solo cuatro de ellos han iniciado las obras, lo que ha generado una gran inquietud entre los directores. La mayoría de estos centros no ha recibido ni los recursos ni las directrices necesarias para acometer las obras, lo que deja a los responsables de los colegios en una situación de incertidumbre y precariedad.
"Estamos hablando de una práctica que desatiende las necesidades reales de los centros educativos", afirma Alvarez. "La Consejería está trasladando una responsabilidad que no corresponde a los directores, quienes están obligados a asumir una carga para la que no han sido preparados y sin el respaldo adecuado."
El PSOE también critica que los fondos destinados a estos centros deberían emplearse únicamente en gastos de funcionamiento y no en obras de infraestructura, lo que añade una capa más de irregularidad a la gestión de estos recursos.
La respuesta del Gobierno de Ayuso
Desde la Comunidad de Madrid, la administración de Ayuso ha mantenido un perfil bajo respecto a estas acusaciones, si bien fuentes cercanas a la Consejería de Educación han negado cualquier mala praxis. Alegan que la delegación de funciones responde a la necesidad de agilizar los procedimientos y que todos los contratos se han realizado dentro del marco legal vigente.
No obstante, estas explicaciones no han convencido al PSOE, que exige una revisión inmediata de estos procedimientos y advierte del riesgo de perder los fondos europeos asignados a la educación infantil. "Estamos poniendo en riesgo un recurso esencial para la creación de plazas educativas para nuestros niños, un servicio público que es vital para las familias madrileñas", insiste Alvarez.
Repercusiones políticas y sociales
Las denuncias del PSOE sobre la gestión de los fondos públicos por parte del Gobierno de Ayuso no son nuevas, pero el impacto de esta última acusación podría tener consecuencias significativas, especialmente en un contexto donde la educación infantil es un tema de gran preocupación para las familias. La falta de transparencia y la posible mala praxis en la gestión de recursos públicos podría erosionar aún más la imagen de un gobierno que ya ha sido señalado en otras ocasiones por la oposición debido a su gestión sanitaria y educativa.
Además, la posible implicación de fondos europeos añade un elemento internacional al conflicto. La Comisión Europea sigue muy de cerca el uso de los recursos que asigna a los países miembros, y cualquier indicio de irregularidad podría llevar a la imposición de sanciones o a la retirada de fondos, lo que agravaría aún más la situación de la Comunidad de Madrid.
Transparencia
El PSOE de Madrid ha pedido al Gobierno de Ayuso que ponga fin a lo que consideran "prácticas contrarias a la ley" y que adopte medidas inmediatas para garantizar una gestión transparente y eficiente de los recursos públicos. "No se trata solo de un problema de legalidad, sino de responsabilidad", concluye Alvarez. "Estamos hablando del futuro de nuestros niños y niñas, de su derecho a una educación de calidad desde los primeros años de vida. No podemos permitirnos que estos recursos se pierdan o se gestionen de manera irregular."
Este nuevo frente abierto por el PSOE no solo subraya las tensiones políticas en la Comunidad de Madrid, sino que pone de relieve la importancia de la transparencia en la gestión pública, especialmente cuando se trata de servicios esenciales como la educación infantil. Las próximas semanas serán clave para ver cómo evoluciona este conflicto y si el Gobierno de Ayuso toma medidas para disipar las dudas que pesan sobre su administración.