El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, acaba de dar un comunicado en directo a través de youtube. Lo ha hecho para contestar el auto de procesamiento que hoy ha emitido Pablo Llarena, ante el cambio del Código Penal que se ha hecho efectivo y que afecta a los delitos de sedición (que desaparece) y de malversación (que se modifica).
La respuesta de Puigdemont ha sido contundente:
"La nueva decisión del Tribunal Supremo demuestra lo que hemos denunciado durante más de cinco años, y que a pesar de funambulismos parlamentarios, continúa intacta: en España se hace política desde los tribunales.
Y es que envían los actos judiciales a conveniencia, nada más, para conseguir una finalidad política que es perseguir y penalizar todo el proceso de independencia.
Una justicia que primero persigue por rebelión, después lo hace por sedición, y que ahora reclamará mi detención por delito que ella misma va a desestimar en Alemania hace cuatro años y medio, no es una justicia previsible. No es una justicia que pueda dar ninguna garantía de respeto a derechos fundamentales. Por lo tanto, no es una justicia democrática.
Quien quería ver en los cambios legislativos una herramienta para revertir esta tendencia, se equivocaba. Lo digo, sobre todo, pensando en las personas, muchísimas, que se tendrán que enfrentar a procesos judiciales que pueden acabar en condenas de prisión.
Hoy el tribunal supremo ya ha dejado clara cuál es su interpretación y cómo nos aplicarán la poca afortunada reforma del delito de malversación. Y no es una interpretación nada positiva, como los promotores de la reforma esperaban.
He dicho y quiero reiterarlo hoy, con más contundencia si cabe, que no pido a las autoridades españolas ningún beneficio para mi situación personal. Que no creo que soluciones personales sirvan para resolver el conflicto de fondo. Denunciamos desde el primer día las vulneraciones de nuestros derechos políticos como representantes legítimos de la ciudadanía de Cataluña. Hemos dedicado más de cinco años de nuestra vida a luchar contra un Estado muy poderoso, y haciendo de la batalla ante tribunales no españoles un forma de de defender nuestros derechos, al servicio del colectivo, de todo el país. Nunca nos han guiado cálculos personales ni partidistas. Tampoco lo haremos ahora.
Estamos al final del recorrido de la batalla judicial europea. Y la libraré hasta el final. Porque soy consciente del valor político que tiene mantenerla y también soy consciente del daño que haría que la dejara correr por lo que personalmente me conviniera más.
No se trata de aceptar ser condenado por delitos supuestamente menores, que finalmente tampoco lo son. Se trata de no permitir ninguna condena por decisiones políticas. Y esto no lo puede asegurar ningún pacto con el gobierno español, como por otro lado el mismo gobierno se ha encargado de dejar claro. Ni ninguna connivencia con la justicia de aquél país.
Queremos ganar nuestra libertad, que ninguna institución española no nos dará.
Asumo, por lo tanto, el riesgo que comporta también que el resultado de la batalla europea no sea el esperado. Pero el riesgo es mucho más alto si aceptamos la idea de que en octubre de 2017 hicimos algo distinto a cumplir democrácticamente con nuestro compromiso, y que eso merece algún tipo de condena. No avalaré por el beneficio personal una política que pretende criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir en un país libre.
Y que ninguno tenga dudas: no volveré ni esposado ni ante un juez español por mucho que sea indulgente. Lucharé por volver libre."