Ruanda ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para acoger hasta 250 migrantes deportados desde territorio estadounidense, según han confirmado el ejecutivo ruandés y diversas fuentes internacionales.
El pacto fue rubricado en Kigali en junio y responde a la estrategia de la administración del presidente Donald Trump, caracterizada por una política migratoria de línea dura y la externalización de la gestión de personas expulsadas.
El gobierno ruandés ha insistido en que tendrá capacidad de aprobar individualmente cada caso propuesto por Estados Unidos antes de aceptar el reasentamiento. Los migrantes que sean admitidos recibirán formación profesional, asistencia sanitaria y apoyo para encontrar alojamiento, con el objetivo de facilitar su reintegración en la sociedad ruandesa.
Contexto y motivaciones
Ruanda justifica su disposición a recibir estos migrantes recordando que “casi todas las familias ruandesas han sufrido las penurias del desplazamiento” y que los valores sociales en el país se basan en la “reinserción y la rehabilitación”. Este acuerdo se suma a convenios previos de Ruanda con otros países occidentales, como el Reino Unido e Israel, para la acogida de solicitantes de asilo y migrantes expulsados, aunque algunos de estos pactos fueron desmantelados tras cambios de gobierno, como en Reino Unido en 2024.
Según fuentes gubernamentales ruandesas, la mayoría de los aceptados no tendrán antecedentes penales graves y no están obligados a permanecer indefinidamente en Ruanda. Asimismo, el acuerdo contempla una compensación económica por parte de Estados Unidos, canalizada como subvención.
Reacciones e interrogantes
Este tipo de pactos motivan interpretaciones divididas: por un lado, se ven como aportes humanitarios que ayudan a personas trasladas a nuevas oportunidades; por otro, generan críticas sobre la transparencia, las condiciones de acogida y el futuro de los deportados, especialmente ante la falta de detalles sobre nacionalidades y circunstancias de expulsión.
Este proceso forma parte de una tendencia internacional hacia la externalización migratoria, donde países occidentales trasladan la gestión de migrantes y solicitantes de asilo a terceros países africanos como Ruanda, Sudán del Sur o Esuatini.
Próximos pasos
Hasta la fecha, la administración estadounidense no ha realizado comentarios públicos sobre los detalles del acuerdo. Fuentes oficiales ruandesas han indicado que se revelarán nuevas especificaciones conforme se implemente el pacto y se formalice el traslado de los primeros grupos.
Este convenio marca un nuevo capítulo en la cooperación internacional sobre migración, situando a Ruanda como un actor relevante en la gestión global de personas desplazadas, aunque persisten dudas sobre las consecuencias a largo plazo para los afectados y para el propio país receptor.