La Asociación Liberum ha informado hoy sobre la publicación del informe relativo a la ponencia de alertas del Consejo Interterritorial de Salud (pasaporte Covid-19) del 23 de noviembre de 2021. La Administración denuncia que "las administraciones hurtaron a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento del Informe de la Comisión de Salud Pública. Y consideran que las decisiones políticas se tomaron "contradiciendo las indicaciones sanitarias para imponer vacunación obligatoria".
Desde el 14 de septiembre de 2021, y tras la sentencia del Tribunal Supremo 112/2021 (mediante la que se habilita el uso del Pasaporte Covid-19 de la UE en la Comunidad Autónoma de Galicia), "comenzaron un sinfín de restricciones jamás vistas en democracia, con una alteración del orden social sin precedentes en la historia reciente de España" señala Liberum. "Tuvieron como consecuencia directa la limitación de un conjunto de derechos fundamentales de la ciudadanía española, que a día de hoy Galicia sigue padeciendo", añaden.
La Asociación denuncia que las Comunidades Autónomas exigieron el pasaporte Covid-19 "sin ninguna evidencia científica y a través de decisiones sustancialmente políticas" "con la única finalidad de fomentar la vacunación del Covid-19 en España, imponiéndose así en Canarias, Baleares, Comunidad Valencia, Cantabria, Cataluña, Asturias, La Rioja, Aragón, Andalucía, Melilla, Ceuta, Murcia, Navarra y País Vasco". Una imposición que Liberum desvela ahora haber sido "contraria a lo que los técnicos y profesionales del Consejo Interterritorial de Salud evaluaron".
Según explica la asociación, el 1 de diciembre de 2021, el diario El País hacía referencia a una valoración oficial de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial de Salud en la que se desaconsejaba el Pasaporte Covid-19. Sin embargo, dicho informe no fue publicado, solamente se citaron fragmentos del mismo a nivel institucional.
Ese informe tenía un especial interés para Liberum, puesto que habían presentado más de treinta recursos contencioso-administrativos en distintos territorios del Estado español contra la imposición de estos pasaportes. En Canarias y Aragón, la Justicia estableció medidas cautelares que conllevaron la suspensión de la imposición del pasaporte Covid-19.
En uno de los procedimientos judiciales que ha iniciado Liberum, se ha conseguido obtener el informe, que dicha asociación ha dado hoy a conocer y que también ha sido facilitado a Diario16.com.
Liberum considera que "El documento oficial, jamás publicado anteriormente, cobra un valor incalculable ya que confirma absolutamente que las decisiones no se han fundamentado en criterios técnico sanitarios, sino que meramente han sido decisiones de índole política, al margen de cualquier criterio para la prevención de los contagios y con la única finalidad de imponer una vacunación obligatoria". Consideran desde los servicios jurídicos de Liberum que se trataría de un fraude de ley, "ya que las administraciones hurtaron a los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento del citado informe".
En el Informe puede leerse que los aspectos a favor del uso de este pasaporte sería la incentivación de la vacunación, la transmisión del mensaje de que sigue existiendo riesgo de infección, y estimar que la necesidad de vacunación siga siendo asumida por parte de la población como medida de responsabilidad social. Estos son los puntos que se consideran favorables en la aplicación de la medida.
Sin embargo, los aspectos en contra, están mucho más desarrollados y señalan que no hay evidencias de que la medida tenga efectos en la reducción de la transmisión del virus (señala que allí donde se ha aplicado los casos de contagios aumentan de manera importante); no refleja realmente el estado inmunitario, pues equipara el estar vacunado con estar inmunizado "y esto no se ajusta a la realidad". Señala además, que "existe un claro riesgo de que su utilización pueda suponer la relajación de medidas de prevención en interiores"; supone también una "dificultad para ponerlo en marcha de forma operativa porque habría que solicitar una identificación personal". Señalan también que los niveles en España eran del 90% por lo que la medida tampoco sería necesaria para promover la vacunación, que de facto se daba. Y además, añaden que "si la incidencia sigue subiendo, y es muy probable que así sea, es posible que acabe generando más desconfianza en las instituciones públicas".
