El Caso Begoña Gómez está colocando a una situación límite al presidente del Gobierno. Tal es así que el próximo día 30 de julio Pedro Sánchez está citado a declarar en calidad de testigo. En este caso, será el juez Peinado el que se traslade al Palacio de la Moncloa a tomar declaración al presidente y marido de la señora Gómez.
El testimonio del ahora imputado Carlos Barrabés ha sido el detonante de esta decisión del juez. El empresario y consejero de Banco Santander reconoció que se reunió en dos ocasiones con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa en la que, según ha declarado Barrabés, se habló de «innovación». No ha citado fechas concretas, porque la declaración ha sido confusa, pero resulta poco ético que el presidente del Gobierno reciba en la Moncloa a uno de los empresarios con los que su esposa mantiene relaciones profesionales. En cualquier otro país, esto sería causa de dimisión inmediata, sin cartitas a la ciudadanía ni montajes de marketing político o victimismo de galán de culebrón.
El Caso Begoña Gómez, más allá del resultado judicial que pueda tener, es un ejemplo de falta de ética absoluta, una ética que se debería esperar de la esposa del presidente del Gobierno de un país democrático. No se trata de pretender que la señora Gómez deje de trabajar, como hubiera sucedido en otros países donde la figura de la Primera Dama está legislado y tiene fuertes incompatibilidades con la actividad privada.
La cuestión ética que se dirime son los contactos de Begoña Gómez con empresarios que, posteriormente, se han beneficiado de contratos o rescates con dinero público. Ese es el quid de la cuestión. Si la señora Gómez estuviera dando clases en una universidad o en un instituto, no habría problema alguno. La cuestión está en los posibles conflictos de interés que pueden surgir y, sobre todo, las sospechas sobre la limpieza de licitaciones en las que de manera directa o indirecta pudo haber participado la esposa del presidente del Gobierno.