El problema del racismo policial noes un asunto exclusivo de Estados Unidos.En todo el mundo hay cientos, miles de GeorgeFloyd anónimos que cada día sufren la violencia y persecución de losagentes de seguridad por no pertenecer a la poderosa raza blanca. Este cáncerque atenta contra los derechos humanos más elementales y contra la democracia ensí misma afecta a los países europeos más avanzados como Reino Unido, Francia, Alemania,Italia y Bélgica. Por supuesto, España no queda a salvo. Desde el año1999, el Servicio de Atención y Denuncia(SAID) de la oenegé SOS Racismeha reportado al menos 571 casos de racismo policial en nuestro país. Sinembargo, entre tantos expedientes sobre brutalidad policial solo 4 agentes fueronfinalmente condenados en firme en la vía penal. Y en ningún caso la sentenciareconocía que los autores habían actuado llevados por el racismo.
Lo primero que llama la atención alanalizar el informe de la oenegé es la gran cantidad de denuncias interpuestasy el escaso número de procedimientos que finalmente terminan en sentenciacondenatoria. Los datos hacen sospechar que, una vez más, el Estado español noestá haciendo todo lo que está en su mano para perseguir conductas reprobablesentre los integrantes de sus cuerpos y fuerzas de seguridad y para depurar loscomportamientos de aquellos agentes que se exceden en el celo profesional a lahora de detener a personas de minorías étnicas. Nos guste o no reconocerlo, elfantasma de Billy el Niño sigueentre nosotros. En la Transición eltorturador reprimía al disidente político; hoy el enemigo es el inmigrante.
La Justicia española tiene una asignatura pendiente con el asunto delracismo. No somos muy diferentes a los norteamericanos y todo hace temer que enlas calles, en las cárceles, en los calabozos de las instalaciones policiales yen los centros de internamiento de inmigrantes (los tristemente famosos CIE) se suceden a diariocomportamientos racistas por parte de funcionarios del Estado. No hay cifrasoficiales para aflorar esa realidad oculta, ese submundo del racismo que anidacomo un germen maligno en la sociedad, y probablemente nunca las habrá. Jamásllegaremos a saber cuántos expedientes de maltrato policial sonconvenientemente archivados, tapados, silenciados o tramitados como simplessanciones disciplinarias en las comisarías y cuarteles; cuántas víctimas decidenno denunciar finalmente por miedo a las represalias o a ser deportadas; cuántosjuicios por lesiones contra agentes de policía encubren en realidad otro delitomucho más grave, el de las agresiones racistas y la brutalidad xenófoba; ycuántos procedimientos se cierran en falso, en buena medida porque lasvíctimas, habitualmente inmigrantes, desisten o desaparecen al cambiar deciudad o de país. Por no hablar de las “sentencias bondadosas” que fijan penasexcesivamente suaves para los policías implicados en los abusos.
Recientemente, el jefe de los Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent y Peña,reconocía en un programa en TV3 queexiste un “sesgo étnico” en el campo de las identificaciones policiales y que “hayque trabajar para corregirlo” a base de formación y concienciación. Además, afirmóque “es una cuestión transversal a todas las policías y que tiene que ver conlos procesos migratorios y con la construcción de las sociedades diversas”.Entender y normalizar el racismo policial y su violencia como algo natural,consecuencia de procesos migratorios y sociedades “diversas”, supone minusvalorary encubrir el grave problema del racismo.
“La exclusión social y ladiscriminación la produce el Estado y sus instituciones sobre la base de unajerarquización racial”, aseguran fuentes de SOS Racismo. A través de la campañaPareude parar-me, impulsada por la organización en Cataluña, se hadenunciado que la “perfilación racial” está a la orden del día en losprotocolos policiales y es la primera fase en la mayoría de casos de abusospoliciales. La “perfilación”, un macabro eufemismo para tapar el racismo, consisteen algo tan simple y terrible a la vez como que muchos policías se dejan llevarpor el color de la piel de los sospechosos a la hora de identificar a alguien ode emplearse con mayor contundencia en su arresto y traslado a comisaría. Porello, la campaña ha facilitado un listado de propuestas muy claras dirigidas alos cuerpos policiales para poner fin a las identificaciones por “perfil racial”.Entre ellas está la incorporación de un formulario de identificación y registroque obligaría a los agentes a argumentar siempre el motivo de una identificacióny que permitiría elaborar estadísticas para conocer la dimensión de ladiscriminación y la tasa de eficacia de la labor policial. Hasta el momento,esta propuesta ha sido rechazada por todos los cuerpos policiales de Cataluña.Sin embargo, se implementa desde hace años en diferentes municipios del estadoespañol, como por ejemplo en Fuenlabrada.
“Más allá de la formación yconcienciación que se pueda ofrecer a los agentes de policía de nuestro país,urge poner fin a la impunidad policial, activando mecanismos de control yevaluación interna que permitan prevenir y luchar contra estos casos”, asegurandesde la oenegé.
SOS Racismo ha reportado cientos decasos de supuesta brutalidad policial. Así, la tarde del 10 de enero de 2019,en una pequeña localidad catalana, Wubi,un joven de 20 años, se disponía a salir de casa cuando en el edificio dondevive se estaba realizando una intervención policial por desahucio. Al llegar alparking de su edificio, un grupo de agentes de los Mossos entraron y le pidieronla documentación. Mientras lo identificaban, uno de los policías le preguntó “contono burlesco” si era el jardinero del edificio y, acto seguido, comenzaron atirarle bolsas de basura, a empujarlo, escupirlo y propinarle golpes en lacabeza mientras proferían insultos racistas, según el informe de SOS Racismo. Lavíctima consiguió huir pero al cabo de un rato contactó con sus vecinos paraavisarles de lo que le acababa de ocurrir. Uno de ellos le dijo que en esemomento los Mossos les estaban registrando. Rápidamente, uno de los agentes sepuso al teléfono y amenazó con ponerle una “orden de busca y captura” si noregresaba de inmediato. Wubi decidió volver al edificio para no tenerproblemas, pero puso en marcha la grabadora de su teléfono móvil. Una vez allí,los agentes le acusaron de haber pegado a un policía y lo llevaron al parking,donde nadie podía verlos. Lo tiraron al suelo, lo golpearon con las botas enlas costillas, le escupieron y humillaron con insultos y amenazas racistas como“eres un mono”, “hijo de puta” o “negro de mierda”, siempre según la denuncia que consta en SOSRacismo. Horas más tarde, de madrugada,otro grupo de agentes lo trasladó a un hospital, donde fue sometido a algunas radiografías.Posteriormente le entregaron el informe de las lesiones sufridas. Wubi y su familia denunciaron los hechospor la vía penal y se pusieron en contacto con los Mossos d’Esquadra para pedirexplicaciones de lo sucedido. Según SOS Racismo, la policía autonómica accedióa reunirse y la familia de Wubi pidió a MarildaSueiras, abogada y técnica del Serviciode Atención y Denuncia (SAID) de la oenegé, que los acompañara en la entrevista.Según relata la letrada, la policía “se limitó a escuchar y aseguró que desdelos Mossos no se podía emprender ninguna actuación contra los agentes mientrasel procedimiento penal estuviera en curso”.
A estas alturas, el caso seencuentra en fase de instrucción y los agentes siguen trabajando en el cuerpo yhaciendo vida normal a la espera de juicio. Sin embargo, Wubi asegura que esaexperiencia le ha quedado marcada, con unas consecuencias psicológicasevidentes. “A pesar de que he pasado por muchas situaciones como estas, ese díase me ha quedado marcado y a veces me cuesta mucho narrarlo. Aunque es algo quepoco a poco voy superando, es algo que siempre va a estar allí en el recuerdo”.Wubi es uno de esos George Floyd olvidados, invisibles, anónimos. La obligaciónde un Estado de Derecho es escucharlos, protegerlos y erradicar la lacra delracismo de nuestra sociedad.