La crisis económica de 2.007 ha aumentado el sentimiento euroescépticoLa crisis económica de 2.007 ha aumentado el sentimiento euroescéptico sobre todo porque en el territorio de la UE ha derivado en una crisis de la deuda soberana que obligó a varios países a pedir ayuda financiera a otros Estados miembros a cambio de la aplicación de una serie de reformas estructurales que iban claramente en contra de los intereses de la ciudadanía y que se han aplicado sin su consentimiento. Las políticas económicas de la Comisión Europa y las consecuencias de éstas han conllevado un descenso de la confianza de los europeos en las instituciones de la UE y, sobre todo, en su capacidad para resolver los problemas reales a los que se enfrenta día a día la ciudadanía, a las consecuencias reales de la crisis económica y a la situación de emergencia social que esas políticas ha generado.El euroescepticismo no es un concepto unitario. Se podría afirmar que, tal y como bien lo definieron en 2.008 los profesores de la Universidad de Sussex (Reino Unido) Aleks Szczerbiak y Paul Tagart, hay dos corrientes principales: por un lado, tenemos el euroescepticismo duro, en el que se alinean aquellos que son contrarios a la propia existencia de la UE y a la pertenencia de sus Estados a la misma; por otro lado, tendríamos el euroescepticismo blando, que no están en contra de la existencia de la UE pero que anteponen los intereses nacionales al aumento de las competencias de aquélla respecto a la soberanía de los países. Son dos conceptos importantes que nos hacen ver que el euroescepticismo no es cualquier movimiento antieuropeo sino que tiene una base ideológica sobre la que asentarse con los matices correspondientes a su forma de entender el fenómeno y no como una corriente monolítica.Lo que hay que tener claro es que el crecimiento del euroescepticismo está provocado por el profundo malestar de la ciudadanía ante las decisiones que se toman en Bruselas o en Estrasburgo y que van en contra de sus intereses. El euroescepticismo crece al mismo nivel en que crecen los movimientos que piden una democracia más pura en sus países, una democracia en la que los ciudadanos tengan más capacidad de participación en la toma de decisiones de sus representantes políticos. En este sentido es importante destacar la percepción de que hay un déficit democrático en el funcionamiento de las instituciones europeas, percepción que está basada en:
- Las decisiones que se toman en la UE se hacen de espaldas a la ciudadanía al quedar fuera del control de los parlamentos nacionales.
- El Parlamento Europeo, elegido por sufragio universal, es demasiado débil ante la Comisión, y todo ello a pesar de que se aumentaran sus poderes.
- La «democracia» de la UE es demasiado opaca para la visión del ciudadano.
- Las elecciones europeas son vistas como una farsa porque los ciudadanos no votan las políticas que se aprueban.
- La deriva autoritaria de la UE que legisla o aprueba políticas que van en contra de los intereses generales de la ciudadanía.
Si a las medidas económicas le sumamos la gestión bastarda que se ha hecho de la crisis de los refugiados tenemos un cóctel molotov que puede estallar en cualquier momento con la destrucción total de un proyecto que nació con un claro fin integrador, basado en la solidaridad y en el respeto a los derechos humanos y que se ha ido muriendo por el tecnocracismo, el nacionalismo y la toma de decisiones políticas y económicas que han ido en contra de los europeos. El euroescepticismo en EspañaEspaña no es ajena a este crecimiento del euroescepticismo a pesar de que no haya un partido político que sea su bandera. En nuestro país la imagen de la UE ha sufrido un fuerte deterioro porque hemos sido uno de los grandes perjudicados por la aplicación de las medidas impuestas por Bruselas, tanto a nivel político como a nivel económico. En un Estado con una tasa de desempleo superior al 25% los recortes impuestos por Bruselas se tradujeron en la reducción de la tasa de protección social que ha llevado a que millones de españoles hayan tenido que acudir a las instituciones de caridad y a las ONG’s para poder sobrevivir. Por otro lado, hay un dato que dato que dice mucho de la percepción que tienen los españoles de las instituciones: mientras antes de la crisis más de un 75% de los ciudadanos estaban de acuerdo con la permanencia de España en la UE, ese porcentaje ha bajado en estos años a un 45%. ¿Cómo es posible que uno de los países que más se ha beneficiado de la integración europea haya llegado a una desafección de este calibre? La respuesta la tenemos, precisamente, en la falta de respuesta de Europa ante los problemas de los ciudadanos y en la imposición de medidas que estaban orientadas a mejorar las cifras macroeconómicas olvidándose de la realidad del día a día. Esto ha llevado, de igual manera, a que la desconfianza en la Comisión Europea, en el Banco Central Europeo, en el Consejo de Europa o en el Parlamento Europeo se haya disparado de tal manera que siete de cada diez españoles desconfían de la UE y de sus instituciones.En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no ha tenido a ningún partido político que haya abanderado el euroescepticismo y, sin embargo, nuestro país ya es el tercero en el que hay más rechazo hacia la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia y Francia y por delante del Reino Unido. Esta ausencia de una representación política de ese sentimiento euroescéptico hace que genere mucho ruido, pero el rumor es tan grande que hay ciertos sectores de la izquierda que lo va incluyendo muy poco a poco en sus discursos.Las políticas de austeridad hicieron que más de 40% de los ciudadanos tuvieran la percepción de que países estaban siendo seriamente perjudicados por la UE
antes de la crisis más de un 75% de los ciudadanos estaban de acuerdo con la permanencia de España en la UE, ese porcentaje ha bajado en estos años a un 45%¿Qué ha llevado a que uno de los países más europeístas a ocupar el tercer lugar en rechazo a la UE? La razón principal la encontramos en las políticas de austeridad presupuestaria impuestas por las diferentes instituciones europeas, políticas que incluso el FMI y la OCDE han determinado que han sido un verdadero fracaso y que sólo han logrado aumentar los niveles de desigualdad. La visión de los ciudadanos es que la máxima culpabilidad la tienen, por este orden, la propia Unión Europea y los gobiernos sumisos que no supieron oponer los intereses de sus nacionales a los datos macroeconómicos. España es uno de los países que más ha sufrido las consecuencias de la crisis económica del 2.007 por la explosión de la burbuja inmobiliaria creada por el Partido Popular y por la debilidad de su mercado de trabajo. Estos dos aspectos provocaron que en la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero se destruyeran 3,5 millones de empleos. Ante esta situación en que habría que haber desarrollado estrategias económicas expansivas con la finalidad de generar empleo y de modificar el mapa productivo se tomó el camino contrario. Primero fueron las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno del PSOE en la segunda parte de la legislatura, medidas que venían impuestas por Bruselas, tal y como pudimos ver en la famosa carta de Trichet al presidente Zapatero. Sin embargo, las penurias para los españoles no habían acabado. Tras llegar al poder el Partido Popular se hicieron recortes en derechos, libertades y en el Estado del Bienestar que no solucionaron nada, más bien lo empeoraron. España es el segundo país con una mayor tasa de paro de la Unión Europea, el país donde más ha crecido la desigualdad, donde los niveles de pobreza rivalizan con «potencias económicas» como Rumanía o Bulgaria, donde la protección social depende en exclusiva de las ONG, donde millones de españoles no tienen ningún ingreso o donde las causas sobrevenidas no son excusa para que el sector bancario te deje en la calle.En este contexto es normal que el pueblo español desconfíe de las instituciones europeas porque las consideran las verdaderas culpables de la situación junto a la sumisión irresponsable del gobierno del Partido Popular a unas políticas que sabían de sobra que iban en contra de los intereses de la ciudadanía. Los españoles se sintieron abandonados a su suerte mientras que tanto la Unión Europea como el propio gobierno de Mariano Rajoy les faltaba tiempo para rescatar a un sector bancario lastrado por las deudas adquiridas durante la burbuja.Esas políticas de austeridad presupuestaria, además de tener unas consecuencias nefastas para la ciudadanía, demostraron que el proyecto europeo había fracasado. Se había olvidado el principio de solidaridad sobre el que se asentó la integración europea. Los países más ricos se iban haciendo más poderosos a costa del sufrimiento del sur de Europa. Las condiciones impuestas para rescatar las economías de estos países eran de una severidad que rozaba casi la psicopatía. Naciones como Grecia, Portugal, Irlanda o España se vieron obligadas a legislar en contra de sus conciudadanos si querían recibir las inyecciones económicas de la Unión Europea.En España el gobierno de Rajoy aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para imponer, además, reformas de un claro corte ideológico con la excusa de que era necesario ser austero y con la promesa de que esto sólo iba a ser una tormenta pasajera. Estamos comprobando que no es así, que en este país los ricos son más ricos, que la clase trabajadora de rentas medias ha desaparecido, que se ha institucionalizado la explotación laboral o la semiesclavitud, que el sistema de pensiones está en serio peligro, que los niveles de pobreza nos han llevado a situaciones más propias de la posguerra que del siglo XXI o que millones de españoles no reciben ningún tipo de ingreso. ¿Cómo es posible que ocurra esto en la cuarta economía de la Eurozona?Entre la austeridad, que ya ha reconocido el FMI y la OCDE que ha sido un verdadero fracaso y que ha generado más desgracias que beneficios, y la nefasta gestión que se está haciendo, por ejemplo, en la crisis de los refugiados, se puede afirmar sin riesgo de equivocación que el proyecto europeo está yendo hacia su fracaso por la falta de iniciativa a la hora de tomar decisiones que son fundamentales si se quiere que el proyecto de la UE desaparezca y esas decisiones deben pasar por la unión política. Hasta que eso no ocurra los ciudadanos se sentirán cada vez más separados de la Unión. Este fracaso ha venido propiciado por la mala praxis a la hora de ir dando al proceso de integración europea lo que realmente necesitaba, es decir, dar el paso definitivo hacia la unión política que evitara, de entrada, que cada Estado miembro, con toda lógica, mira primera a sus propios intereses que a los del conjunto de la UE y, por otro lado, dotaría a la Unión de un mayor carácter democrático. Pero ese es otro tema. Procesos de salida de la Unión EuropeaEn los últimos años hemos sido testigos de cómo se ha producido dos procesos que nada tienen que ver el uno con el otro pero que guardan relación por el fin que persiguen tanto el «Grexit» como el «Brexit»: la salida de Grecia y del Reino Unido de algunas de las instituciones europeas. El primero hizo referencia a la posible salida de Grecia de la Eurozona a causa de la crisis de deuda soberana del país heleno y a la imposibilidad de hacer frente a los pagos a sus acreedores (FMI y países miembros de la UE). Se trataba más de un problema económico que de algo que tuviera que ver con el euroescepticismo y, sobre todo, no era una decisión tomada por Grecia sino que más bien era una expulsión del Eurogrupo. El BrexitEl Brexit ya es algo más serio dado que se ha certificado la salida de uno de los Estados miembros de la Unión. Históricamente el Reino Unido no ha sido nunca muy europeísta. Siendo una de las naciones vencedoras de la II Guerra Mundial y una de las economías más potentes de Europa, ya fue reacia a su incorporación a la antigua CEE, cosa que se produjo en el año 1.973. Sin embargo, dos años después ya se convocó un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la CEE. ¿Por qué tardaron tanto en unirse a la CEE? Hay razones económicas, dado que la economía británica no sufrió tanto en la II Guerra Mundial como las de los otros países fundadores y, por tanto, creció. Por otro lado, el planteamiento de un mercado común formado por diferentes países era mucho menos atractivo para los británicos que el que ya mantenían ellos con la Commonwealth. También había razones sociológicas, como que en la isla la población no se sentía incómoda con el aislamiento respecto del continente. Hubo otra razón de índole política: el presidente francés De Gaulle vetó en dos ocasiones la entrada del Reino Unido en la CEE. Durante el mandato de Margaret Thatcher también hubo tensiones ya que la ultraliberal entendía el Mercado Común como un espacio económico pero no estaba dispuesta a ceder ni un milímetro en la soberanía nacional para acelerar el proceso de integración política de la Unión, y en los años 80 la «Dama de Hierro» tenía mucho peso en la política internacional. En los noventa vuelve a haber roces a cuenta del Tratado de Maastricht. El eje franco-alemán defendía la creación de un proyecto global tanto económico como político, algo que los británicos no aceptaban, sobre todo por los conservadores. Por eso en las negociaciones de Maastricht el Reino Unido obtuvo ciertas cláusulas de exención (opt-out) que se incluyeron para evitar que países con reticencias a la integración salieran de la UE. Estas opt-out giraban en torno a cuatro áreas:
- Moneda única: no estar obligado a adoptar la moneda única (que no quiere decir que se esté obligado a adherirse a la Eurozona, tal y como ocurre con Suecia que sí tiene esa obligación pero que no adoptó el euro como moneda).
- Tratado de Schengen: en Reino Unido, al igual que en Irlanda, no se aplica el tratado de libre circulación pero con una visión asimétrica puesto que sus nacionales si pueden aprovecharse de la libre circulación por los países de la UE.
- Políticas sociales.
- Libertad, seguridad y justicia.
- Que los ciudadanos de la UE no puedan solicitar prestaciones sociales en el Reino Unido durante los primeros cuatro años de estancia legal en el país.
- Reconocimiento de otras monedas en la UE, no sólo el euro, como divisa comunitaria y la no obligación de los países que no forman parte del Eurogrupo de participar en rescates financieros a otros Estados miembros.
- Mejora de la burocracia europea e incremento de la libre circulación de capitales, bienes y servicios.
- Incremento del peso de los parlamentos nacionales en la política de la UE, es decir, quitar poderes a Bruselas.
Como se puede ver una posible salida de la UE no sería beneficiosa para España, pero tampoco lo sería para la Unión puesto que también tendría consecuencias importantes para ésta. Por un lado, España es una de las economías más importantes de la Unión Europea, la cuarta de la Eurozona, lo que provocaría que el PIB europeo se redujera en más de un billón de euros y esto es algo que Europa no se puede permitir. Por otro lado, nuestro país es uno de los que más ha apostado en el proceso de integración y la sola idea de que se preparara un referéndum para que los españoles decidieran sobre la permanencia en las instituciones europeas sería un golpe más a la débil situación internacional de la UE. A nivel monetario, la salida de España de la Eurozona provocaría que los equilibrios que se están manteniendo en Europa se vinieran abajo porque, no vamos a negarlo, la integración monetaria no ha sido bien aceptada por la ciudadanía por la inflación encubierta que trajo consigo sin que ese incremento de los precios se reflejara en los salarios. Como se suele decir, en nuestro país los precios están en euros pero se sigue cobrando en pesetas. En España, por ejemplo, hemos tenido una inflación encubierta del 66% que nadie quiso parar, pero eso no es un fenómeno sólo de aquí dado que ha ocurrido en todos y cada uno de los países que adoptaron el euro como moneda oficial. Por otro lado, Europa no puede permitirse tener a un Estado como España fuera de la Unión y una moneda independiente que puede provocar alteraciones en el equilibrio que hasta ahora se está manteniendo con el resto de monedas de los países que no se quisieron integrar en el euro, como Reino Unido o Suecia. A nivel presupuestario, España aporta a la UE diez mil millones de euros anuales, cantidad que, evidentemente, dejaría de ingresar la Unión.A nivel geopolítico, España es fundamental para la política exterior de Europa por, en primer lugar, su proyección natural hacia América Latina. La salida de España de la UE provocaría una separación importante hacia uno de los territorios donde muchas empresas de países miembros tienen muchos intereses. La mediación del Estado español ha sido fundamental en la entrada de esas empresas en Hispanoamérica. En segundo lugar, dentro de la estrategia común de defensa España es fundamental por su situación geográfica y su cercanía con el norte de África. La salida de nuestro país de la UE provocaría que se necesitara negociar nuevos tratados de colaboración con la dificultad que conlleva cuando se hace con países que no son miembros de la Unión, tal y como estamos viendo en la crisis de los refugiados.Como se puede comprobar, España perdería mucho si decidiera salir de la Unión Europea pero Europa perdería mucho más, por eso el autor piensa que esa posición debe ser aprovechada para presentar en Bruselas un proceso similar al que ha planteado el Reino Unido porque, como hemos comprobado, da resultados positivos. La UE está tan débil que es el momento clave para lanzarse a jugar con dureza para lograr que los ciudadanos no sean víctimas de las políticas restrictivas y generar un escenario en el que nuestro país pueda crecer de una manera justa y no sólo en las cifras macroeconómicas. ¿Qué condiciones debería poner España para mantenerse en la UE?una posible salida de la UE no sería beneficiosa para España, pero tampoco lo sería para la Unión
- Acordar un calendario de cumplimiento de los objetivos de déficit realista con la situación real del país y no con las tablas de la macroeconomía.
- Aprobación de políticas expansivas para reducir la tasa de desempleo.
- Eliminar injerencias de la UE en materias como las políticas sociales y que éstas no computen en el déficit público.
- No inclusión en el déficit público de los costes derivados del mantenimiento del Estado del Bienestar dado que no se trata de un gasto sino de una inversión del Estado.
- Aumento de los fondos de cohesión para implementar proyectos que reduzcan el desempleo.
- Creación de políticas comerciales que dé beneficios a las empresas y a los productos españoles.
- Creación de un espacio fiscal especial para aumentar la competitividad empresarial tanto de las empresas españolas como para atraer la entrada de inversión extranjera.