La declaración judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha capturado la atención mediática y política en España, sobre todo de la derecha y la extrema derecha mediática, estos últimos han montado un circo al otro lado de la calle. Begoña Gómez llegó a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga su actividad profesional. La sesión, programada para las 11:00 horas, fue suspendida minutos antes debido a que no se había notificado a la querellada sobre la ampliación de la denuncia presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír. El juez la ha vuelto a citar para el 19 de julio.
La Llegada a los Juzgados
Begoña Gómez, vestida con un traje pantalón negro, llegó acompañada de cuatro personas. Entró al edificio por el garaje, evitando así el contacto con la prensa y el público de extrema derecha congregado al otro lado de la calle. Durante el trayecto a la sala, no se comunicó con nadie. Según fuentes jurídicas presentes, Gómez afirmó desconocer el contenido de la querella y las acusaciones en su contra. A pesar de su solicitud para que no se grabasen imágenes dentro de la sala, el juez rechazó la petición, por lo que la declaración será grabada.
La investigación
El juez Peinado ha citado a Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigada podrá acceder a los juzgados por el garaje por motivos de seguridad. La causa fue abierta sin consulta previa con la Fiscalía y fue declarada secreta tras una denuncia del pseudosindicato ultra, Manos Limpias. La denuncia se dividía en tres bloques: la trayectoria profesional de Gómez, su presunto papel en la obtención de un préstamo gubernamental para Globalia durante la pandemia, y su supuesta influencia en los contratos adjudicados por Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés.
La Fiscalía recurrió la apertura de la investigación, y la Audiencia de Madrid estimó parcialmente el recurso, censurando que el juez hubiera declarado la causa secreta. La Audiencia argumentó que no se pueden iniciar investigaciones de carácter prospectivo sin indicios objetivos de delito. De los tres bloques de la denuncia, solo se consideró investigable la parte relacionada con las adjudicaciones públicas a Barrabés, ya que se utilizaron fondos europeos, lo cual trasladó la investigación a la Fiscalía Europea.
El Informe de la UCO
La decisión de la Audiencia se tomó sin considerar un informe de la Guardia Civil, encargado por el juez, que descartaba indicios de delito contra ella. Los agentes concluyeron que no había recibido subvenciones públicas y que muchos de los hechos atribuidos a ella no pudieron ser corroborados. Por ejemplo, no se pudo confirmar que tuviera participación en la sociedad Inmark o que influyera en los contratos públicos de Barrabés. La Guardia Civil también desacreditó la tesis de que Gómez favoreció a Barrabés debido a su rol en el máster de la Universidad Complutense, afirmando que Barrabés simplemente formaba parte del claustro de expertos.
La ampliación de la denuncias
A pesar de los desmentidos y la falta de pruebas concluyentes, la asociación Hazte Oír presentó una nueva denuncia contra su actividad profesional en la Universidad Complutense, que fue admitida a trámite. Otros colectivos de ultraderecha, como Vox, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España, también se sumaron a la instrucción. Estas denuncias se centran en un proyecto de software para mejorar la sostenibilidad y eficiencia energética de las empresas, en el cual habría registrado el dominio de la página web siguiendo procedimientos estándar de la universidad.
La defensa de Begoña Gómez
El exministro Antonio Camacho, defensor de Gómez, ha recurrido junto a la Fiscalía apelando a la indefensión de su clienta. Argumentan que no puede haber causa después de que la Fiscalía Europea asumiera los contratos adjudicados a Barrabés. Camacho denunció que se trata de una investigación prospectiva. Sin embargo, el juez ha mantenido la decisión de interrogar a Gómez sobre todas las actividades denunciadas, excepto las adjudicaciones a Barrabés.
El juez Peinado aún no ha resuelto la última petición de la defensa de Gómez para que no se grabe en vídeo su declaración. Sin embargo, ha permitido la presencia de las cinco acusaciones populares de ultraderecha en el interrogatorio, a pesar de que inicialmente se había acordado de que un único abogado, el de Vox, representara sus intereses. Además, el juez devolvió 7.000 de los 10.000 euros exigidos para que pudieran personarse en la causa.
La próxima sesión, programada para el 19 de julio, será crucial para esclarecer las acusaciones y el papel real de Gómez en los hechos denunciados. Mientras tanto, el entorno político y mediático sigue atento a cada desarrollo, en un proceso que podría tener repercusiones significativas tanto para Gómez como para el gobierno de Pedro Sánchez.