La actuación del juez Joaquín Aguirre respecto a la injerencia rusa en el procés catalán está siendo calificada por los sectores independentistas y, últimamente, por ámbitos de la izquierda española como de lawfare. Nada más lejos de la realidad, dado que el resultado de las investigaciones de la Guardia Civil afecta directamente a la línea de la flotación de la propia ley de amnistía.
El sumario del caso Voloh contiene un documento que continúa siendo investigado por las fuerzas de seguridad del Estado: una denuncia en la que se apunta a movimientos previos al referéndum de 2017 y a la declaración unilateral de independencia. “Ha habido contactos entre dirigentes políticos catalanes con miembros de un grupo empresarial ruso con fuertes intereses económicos en Cataluña. Este grupo empresarial ha gozado de algunos privilegios por parte de la Administración de la Generalitat de Cataluña, como la obtención de manera rápida de permisos para sus actividades, cuando esos permisos estaban paralizados o estaban siendo ralentizados mientras estaban en otras manos”, señala ese documento incluido en el sumario.
Según la denuncia, a la que Diario16+ ha tenido acceso, el mencionado grupo empresarial mantiene relación con importantes elementos de la Administración de Vladímir Putin, en concreto, con el actual ministro de Exteriores de la Federación Rusa: Sergei Lavrov. El documento no duda en señalar que la trama rusa en apoyo a la independencia de Cataluña “se articula en torno a un conglomerado empresarial liderado por Miroslav Melnik, que es testaferro del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov”.
Además, apunta a que Melnik era el jefe del GRU, el servicio secreto militar ruso, en Cataluña. La fuente señala a este servicio como “más opaco y sanguinario que el KGB e informa de que Melnik ha sido visto en varias fiestas tratando con Vladímir Putin y Sergei Lavrov “como si fuesen íntimos amigos”.
“Melnik era un antiguo periodista de la URSS que trabó una íntima amistad con Boris Yeltsin. Gracias a esa amistad, se hizo con las áreas VIP de todos los aeropuertos rusos. Es testaferro de Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores. Gracias a esa amistad, se hizo con la concesión de la central de visados rusos en España. La oficina central está en Madrid, en Príncipe de Vergara. En Barcelona, la oficina está en Avenida Roma. Por esas oficinas pasan todos los ciudadanos que necesiten visado, a razón de 35 euros un visado normal y 50 un visado urgente. La ganancia, descontados gastos, es de unos 4 millones de euros al año”, señala el sumario.