El Tribunal Constitucional de Rumania acaba de dictar sentencia, anulando las elecciones presidenciales del país, incluida la primera vuelta y la segunda vuelta inicialmente prevista para el próximo domingo, 8 de diciembre, entre el candidato de extrema derecha Călin Georgescu y la liberal Elena Lasconi.
La decisión ha sido unánime y acaba de anunciarse: con esta sentencia se anula todo el proceso electoral, alegando irregularidades que obligan a reiniciarlo por completo. El gobierno fijará una nueva fecha para las elecciones tras la publicación de la decisión en el Boletín Oficial.
La sentencia ha generado un intenso debate sobre el papel del Tribunal Constitucional en la validación de las elecciones. Los críticos, incluido el ex juez del Tribunal Constitucional Petre Lăzăroiu, sostienen que el papel del tribunal es validar los resultados basándose en pruebas claras, no en sospechas.
“Las decisiones deben basarse en pruebas claras e irrefutables, no en especulaciones”, enfatizó Augustin Zegrean, otro ex presidente del tribunal en TVR Rumanía.
“De conformidad con el artículo 146 (f) de la Constitución, se anula todo el proceso electoral para elegir al Presidente de Rumania”, ha afirmado el Tribunal mediante el comunicado oficial. Responde así a las denuncias presentadas antes de que se produjera la segunda vuelta el próximo domingo, y después de un triunfo no esperado del candidato "pro ruso", según le señalan, en la primera vuelta.
En Euractiv le definen como "Călin Georgescu, un candidato de extrema derecha con simpatías prorrusas", que se ha enfrentado a acusaciones sobre su candidatura, acusándole de haberse beneficiado de campañas de desinformación y promoción coordinada en TikTok durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Las autoridades rumanas han pedido una investigación sobre el papel de la plataforma en la difusión de su mensaje, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la interferencia extranjera y la influencia de las redes sociales en los procesos democráticos, según señala Euractiv.
El gobierno tiene ahora 90 días para organizar nuevas elecciones, y se valora que podrían tener lugar en febrero o marzo del próximo año.
"Esto hace que el proceso vuelva a empezar", explica a Euractiv Siegfried Muresan, del partido conservador PNL (PPE). "Los candidatos decidirán si presentan candidaturas y las autoridades examinarán si pueden ser validadas".
"Sin duda, las autoridades se asegurarán que se aborde la interferencia extranjera", añadió.
Mientras tanto, el mandato del presidente rumano Klaus Iohannis, que expira el 21 de diciembre, probablemente se extenderá debido al estado de necesidad creado por esta situación sin precedentes.
Ahora que el proceso electoral ha vuelto al punto de partida, Rumania se enfrenta a la incertidumbre mientras se prepara para reorganizar su carrera presidencial bajo un intenso escrutinio jurídico y público.