El Tribunal Supremo confirma a Canadá como deudora de miles de millones a las "Primeras Naciones"

El tribunal insta al gobierno federal y al de Ontario a que pague tras incumplir los acuerdos de hace 174 años

27 de Julio de 2024
Actualizado el 29 de julio
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Durante décadas, los sucesivos gobiernos de Canadá han incumplido el tratado clave que fue firmado con las naciones indígenas hace 174 años. Ha privado, durante todos estos años, a las generaciones que deberían haber recibido una compensación justa por el uso de sus legítimos recursos, según ha dictaminado el Tribunal Supremo de Canadá en una histórica sentencia. 

La decisión supondría el pago de miles de millones adeudados, y la sentencia supone una dura crítica a los gobiernos, tanto federal como de Ontario por su conducta "deshonrosa" respecto al respecto del acuerdo firmado con los pueblos indígenas del territorio. Según reconoce la sentencia, se ha dejado a estas poblaciones indígenas sin recursos, empujadas a la pobreza, mientras las comunidades que se han ido implementando en sus territorios han explotado sus recursos naturales con el fin de enriquecerse. 

"Durante casi un siglo y medio los anishinaabe se quedaron con una cáscara vacía de promesas sin cumplir, plasmadas en el acuerdo", señala el tribunal en su sentencia. 

La sentencia podrá desplegar consecuencias de un largo alcance, tanto para las comunidades afectadas como para el país en su conjunto. 

Acuerdo Robinson

El tratado señalado data del año 1850, firmado entre la Corona británica y un grupo de naciones anishinaabe que vivían en las orillas de los lagos Hurón y Superior. Son los Tratados Robinson, que tenían vigencia sobre 92.400 kilómetros cuadrados, donde se incluía una cláusula de aumento que prometía ir aumentando los pagos anuales "de vez en cuando", a medida que la tierra fuera generando más riquezas, "siempre y cuando" ese pago pudiera realizarse sin que a la Corona le supusiera pérdidas. 

Durante los siguientes 174 años posteriores a la firma del acuerdo, las tierras y aguas sobre las que tenía vigencia el acuerdo han generado grandes beneficios para las empresas que se ha instalado en ellas, así como para la provincia de Ontario. Sin embargo, las rentas vitalicias que se han estado pagando a los indígenas eran de 4 dólares por persona y jamás sufrieron ningún tipo de aumento ni mejora. 

“Hoy, en lo que sólo puede describirse como una burla a la promesa del tratado de la Corona a los anishinaabe de los Grandes Lagos superiores, las anualidades se distribuyen a los beneficiarios individuales del tratado dándoles 4 dólares a cada uno”, escribió el tribunal, destacando la “impactante” cifra pagada a los beneficiarios. “La Corona ha socavado gravemente tanto el espíritu como la esencia de los Tratados Robinson”, así recoge parte de la sentencia el diario The Guardian

Sobre la cláusula de mejora, los magistrados dijeron que, si bien el tratado no promete pagar una determinada suma de dinero, “ninguna de las partes duda de que la Corona pudo aumentar las rentas vitalicias por encima de los 4 dólares por persona sin incurrir en pérdidas, y que debería haber ejercido su discreción para hacerlo”. El tribunal, al considerar que el acuerdo entre naciones era una alianza entre iguales, instó a la Corona a volver “a los fundamentos del tratado” y a “hacer honor a la Corona” aumentando los pagos anuales. No hacerlo sería “manifiestamente deshonroso”, escribió el juez Mahmud Jamal.

“Hemos sufrido todos estos años sin que nuestra comunidad recibiera beneficios económicos. Ha sido difícil durante años intentar crear una comunidad completa para Whitesand”. “Tenemos otras luchas que enfrentar, pero, ya saben, con este acuerdo… tendremos una comunidad mejor a partir de ahora”, ha afirmado Wilfred King, jefe de la Primera Nación de Gull Bay. 

Ontario ha argumentado anteriormente ante los tribunales que, lejos de enriquecerse, ha gastado casi 4.200 millones de dólares canadienses en sus esfuerzos por colonizar el norte y abrirlo a la industria.

La Corte Suprema ha dado a Ontario un plazo de seis meses para proponer un nuevo acuerdo con los grupos de las Primeras Naciones en el Lago Superior. Los jueces advirtieron que si los gobiernos no podían llegar a un acuerdo sobre una compensación justa, la Corte intervendría.

 

 

 

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