El mes de septiembre está siendo duro para el juez Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno por tráfico de influencias en la organización de un máster universitario. Si primero fue la Fiscalía la que vio indicios de prevaricación en su polémica instrucción, ahora una compañera de la carrera judicial, situada casi en el mismo pasillo, es decir, al otro lado de la pared, lo ha dejado en evidencia. El Juzgado Número 34 de Madrid (el de Peinado es el 31) ha inadmitido a trámite este jueves la querella que interpuso Vox contra Begoña Gómez a raíz de sus actividades en la Universidad Complutense de Madrid, según informa el periodista Alfonso Pérez Medina de La Sexta. “Así lo ha decidido la magistrada Coro Monreal al no observar ni irregularidades ni tráfico de influencias de las que acusaba la formación liderada por Santiago Abascal a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez”.
Todo apunta a que Coro Monreal, una magistrada valiente que no se pliega ante la caverna ultra, ha decidido aplicar la ley por fin al interpretar que las acusaciones de la extrema derecha tienen más de conspiranoia que de relato fáctico avalado en pruebas sólidas y fehacientes. En concreto, Vox acusaba a Gómez de un delito de tráfico de influencias y otro de intrusismo laboral en torno a la creación de un software para el máster y cátedra que dirigía en la institución académica madrileña. Un tema ajeno a la causa que el juez Juan Carlos Peinado instruye contra la esposa de Sánchez cuyo archivo puede ser inminente ante la inexistencia de indicios concretos contra Gómez, siempre según La Sexta.
“En este caso, la magistrada concluye en el auto al que ha tenido acceso La Sexta que no se aprecia tráfico de influencias en el contrato a Deloitte con el presupuesto de 60.000 euros y 12.600 de IVA”. A ojos de Monreal “la presión moral que la querellada tendría que haber ejercido prevaliéndose de su relación marital, lo debería haber sido con el funcionario que resolvió aprobar el inicio y ordenar la tramitación del expediente de contratación”, o en su defecto, sobre la mesa de contratación. Influencia que no consta.
Llama la atención que Monreal interprete el delito de tráfico de influencias de una manera restrictiva y radicalmente opuesta al modo laxo y amplio en que Peinado ha tratado todo este asunto desde el principio. Estamos, por tanto, ante dos visiones radicalmente diferentes de un mismo delito. Para Peinado existe tráfico de influencias por la posición de prevalencia que ostenta Begoña Gómez, mientras que para Monreal este dato no sería suficiente, ya que debe probarse que ella indujo o influyó decisivamente en el funcionario competente para tramitar el expediente.
Tampoco observa la jueza ningún indicio del delito de intrusismo laboral que argumentaba Vox en el hecho de que Gómez no contara con la cualificación técnica necesaria para la redacción del pliego. No obstante, no se especifica qué “cualificación técnica sea precisa”, recoge Monreal en el escrito difundido por La Sexta. Todo un tirón de orejas a los abogados de Vox, que por lo visto, y tal como suelen hacer, se dejan llevar por las prisas y no acostumbran a preparar sus querellas concienzudamente para que todo quede atado y bien atado.
En esa línea, la resolución de la jueza subraya que Gómez “inició su relación con la UCM como codirectora de estudios de Formación continua de técnico de Fundraising durante los cursos 2012/1013 у 2013/2014”, así como su cargo en la “codirección de un programa máster de la misma universidad, que estaría celebrando su undécima edición”. De esta manera, para la magistrada “cabe presumirle cierta experiencia profesional desarrollada en la propia UCM, antes incluso de que su esposo fuera presidente del Gobierno”.