El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está fracasando a la hora de proteger a las personas en países afectados por conflictos, y Rusia y los Estados Unidos son especialmente responsables de la situación debido al abuso de su poder de veto, con el que bloquean los avances para lograr la paz en Ucrania, Siria y el Territorio Palestino Ocupado e Israel.
Un informe de Oxfam, Veto a la humanidad, analiza 23 de los principales conflictos de carácter prolongado que se han desarrollado en todo el mundo a lo largo de la última década, como las crisis en Afganistán, Burkina Faso, Etiopía, Libia, Níger, el Territorio Palestino Ocupado, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen. Asimismo, el informe ha revelado que 27 de los 30 vetos emitidos por el Consejo de Seguridad estaban relacionados con decisiones sobre el Territorio Palestino Ocupado, Siria y Ucrania.
El informe ha concluido que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (conocidos como el P5) están ejerciendo un abuso de sus poderes exclusivos de voto y negociación para satisfacer sus propios intereses geopolíticos. De esta forma, sus vetos socavan la capacidad del Consejo de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional.
Más de un millón de personas han perdido la vida en estos 23 conflictos, y actualmente más de 230 millones necesitan ayuda urgente, lo que supone un incremento del 250% desde 2015.
"China, Francia, Rusia, el Reino Unido y los Estados Unidos asumieron la responsabilidad de velar por la seguridad mundial como parte del Consejo de Seguridad en una época ya pasada, que estaba marcada por el colonialismo. Las contradicciones que surgen de actuar como juez y parte en el marco de sus propias alianzas, intereses y hazañas militares resultan incompatibles con un mundo que busca lograr la paz y la justicia para todas las personas", afirma el director ejecutivo de Oxfam Internacional, Amitabh Behar.
Un ejemplo de ello es el veto de Rusia en 2023 a prorrogar durante nueve meses el envío de ayuda transfronteriza al norte de Siria, lo que dejó a 4,1 millones de personas sin apenas acceso a alimentos, agua y medicamentos. Asimismo, Rusia ha utilizado su derecho de veto en cuatro ocasiones para cuestiones relativas a la crisis de Ucrania, a pesar de que, de acuerdo con las bases de la organización, no debería poder votar al formar parte de la ofensiva del conflicto.
Si bien la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado al menos 77 resoluciones en la última década en favor de la autodeterminación y los derechos humanos de la población palestina y el fin de la ocupación ilegal de Israel, los Estados Unidos han utilizado su derecho de veto en seis ocasiones para bloquear resoluciones consideradas desfavorables para su aliado, Israel. Los vetos de los Estados Unidos han provocado que exista mayor permisividad, permitiendo que Israel amplíe sus asentamientos ilegales en el territorio palestino con total impunidad.
"En la mayoría de los casos, los vetos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han ido en contra de la voluntad de la Asamblea General, en la que están representados todos los Estados", asegura Behar.
El informe adopta una postura crítica frente a otro de los poderes del P5, referente a la función de redacción (el llamado penholder system), que permite liderar las negociaciones y dirigir el modo en que se redactan y presentan ―o se desestiman― las resoluciones, también en función de sus propios intereses en la mayoría de los casos.
Si bien Francia y el Reino Unido no han hecho uso de su derecho de veto en la última década, sí han desempeñado la función de redactores, junto con los Estados Unidos, de dos tercios de las resoluciones relativas a las 23 crisis que forman parte del análisis de Oxfam. El Reino Unido ejerce de redactor en cuestiones relacionadas con Yemen, por ejemplo, país con el que mantiene vínculos históricos de carácter colonial y donde tiene intereses estratégicos para no perder las rutas marítimas. En 2023, Mali se opuso a que Francia desempeñara la función de redactora debido a los "actos de violencia y desestabilización" que consideraba que esta última había perpetrado en el país.
Según el informe, muchas otras iniciativas ni siquiera llegan a la fase de redacción o presentación porque su veto sería inevitable. Como resultado, el informe ha revelado que las 23 crisis analizadas están recibiendo respuestas totalmente diferentes. Cerca de la mitad han quedado prácticamente olvidadas, y durante la última década se ha logrado implementar menos de cinco resoluciones respectivamente para abordar cada una de estas crisis, lo que incluye una única resolución relativa a Myanmar y ninguna en relación con las crisis de Etiopía y Venezuela.
Por otra parte, el Consejo de Seguridad ha aprobado más de 70 resoluciones para las crisis de Sudán del Sur y Sudán, 55 para Somalia y 50 para Libia. Sin embargo, ninguna de ellas ha contribuido a lograr una paz duradera. Durante la última década, el Consejo de Seguridad ha aprobado 25 resoluciones relacionadas con la crisis en la República Democrática del Congo; sin embargo, la misión de las Naciones Unidas en el país (MONUSCO) se ha visto afectada por un déficit crónico de financiación y la falta de coordinación.
"La conducta errática y basada en los propios intereses de los miembros del Consejo de Seguridad ha contribuido a que se produzca un vertiginoso aumento de las necesidades humanitarias, que está comenzando a superar la capacidad de respuesta de las organizaciones. Por tanto, es fundamental que se lleve a cabo una reforma de las altas esferas de la seguridad internacional", afirma Behar.
El número de personas que requieren asistencia humanitaria en todo el mundo prácticamente se ha cuadruplicado en la última década, lo que ha provocado enormes necesidades de financiación. Entre 2014 y 2023, el llamamiento de las Naciones Unidas casi se ha triplicado, pasando de 20000 millones a más de 56000 millones de dólares estadounidenses; sin embargo, la financiación que se obtuvo el año pasado representaba menos de la mitad de esa cifra.
El informe adopta una postura crítica ante el hecho de que la financiación de la ayuda humanitaria siga dependiendo totalmente de las contribuciones voluntarias. En cambio, los Estados miembros de las Naciones Unidas tienen la obligación de financiar las operaciones de mantenimiento de la paz.