El Tribunal Constitucional ha encontrado un aliado en la figura de Xavier Muro para defender sus intereses en Cataluña. Muro ocupa el cargo de secretario general del Parlamento de Cataluña desde el 2016. Momento en el que Pere Sol abandonó el cargo al recibir una advertencia del TC sobre las posibles consecuencias de haber votado las conclusiones del proceso constituyente del 9-N. Aquella antesala al referéndum del 1-0 que supondría una condena a pagar una multa millonaria al entonces presidente de la Generalitat Artur Mas.
Las advertencias del TC
Después llegaría la convocatoria y posterior celebración del referéndum de autodeterminación. Muro mantuvo en todo momento el aviso del coste que supondría hacer oídos sordos a las advertencias del TC y recomendó a la, recientemente juzgada, Mesa del Parlamento que no aceptase a debate y, menos aún, a votación las propuestas que contradijesen al TC.
El acta de Torra
Otro episodio importante en el que Muro se posicionó contra la soberanía del Parlamento fue cuando instó a la Mesa a que se le retirara el acta de diputado a Torra siguiendo una orden de la Junta Electoral Central (JEC). En aquel momento JxCat solicitó el cese de Muro pero el presidente del Parlamento lo excusó. Argumentando que el secretario se había limitado a tomar una decisión administrativa. Además de que si Torra perdía el acta de Diputado no quedaba inhabilitado como presidente.
Caballo de Troya
Muro se ha convertido en el caballo de trolla del TC. Y lo ha vuelto a demostrar con un último episodio. El secretario del Parlamento ha mermado las resoluciones aprobadas en el pleno monográfico sobre la monarquía. El presidente Torra se ha mostrado contundente: “el secretario general del Parlamento tiene el deber de obedecer al Pleno, que es soberano. Si no lo hace, el presidente del Parlamento tiene el deber de cesarlo”. La semana que viene se llevará a cabo una reunión de la Mesa en la que se prevé que se aborden las diferencias entre ERC y JXCat respecto a la actuación del secretario del Parlamento.
Desobediencia institucional
La desobediencia institucional tiene un coste que, tal y como se ha visto con los presos del procés, puede suponer penas de prisión, inhabilitación y multas millonarias. Además de que, para que sea más efectiva tiene que contar con el apoyo de los responsables políticos y de los administrativos. Algo muy complicado, ya que las funciones de estos últimos están diseñadas para proteger al Estado. Pero la pugna no es solo contra el Estado español, el Tribunal Constitucional y los jueces. Dentro de la propia estructura del Parlamento de Cataluña y dentro del propio soberanismo también se libran batallas.