Los versos 19 y 20 del Cantar de Mío Cid dicen: «Todas las bocas honradas decían esta razón: / '¡Oh Dios y qué buen vasallo, si tuviese buen señor'». Esta referencia es habitual en algunas de las obras más importantes de la literatura medieval y aparece en el manuscrito oxiniense de la Chanson de Roland y en el Perceval de Chrétien de Troyes. Ahora se puede aplicar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el vasallo destinado a arreglar los despropósitos jurídicos de Pedro Sánchez o a intentar proteger a su señor.
El actual presidente del Gobierno tiene una concepción feudal del poder que en nada se diferencia de la de los reyes medievales citados en esas obras maestras de la literatura. La precariedad política en la que se encuentra Sánchez le ha obligado a llegar a acuerdos en los que coloca a los distintos poderes del Estado en la línea roja del cumplimiento de la ley o de la vulneración de la misma.
Eso es lo que sucede con la Ley Sánchez de Amnistía y hoy Álvaro García Ortiz, como buen vasallo, ha actuado para dar beneficios a un mal señor.
Al final, tras una tensa reunión, la junta de fiscales ha decidido que entran dentro de la amnistía delitos relacionados con la corrupción, como es la malversación de fondos públicos. Toda esta parafernalia está orientada para beneficiar a una sola persona y arreglarlos los problemas legales a Carles Puigdemont, el prófugo de la justicia que le dio a Sánchez la Presidencia, pero el hombre que se la puede quitar en cualquier momento en que le venga en gana.
Finalmente, la Fiscalía pedirá al Tribunal Supremo que aplique la Ley Sánchez de Amnistía para todos los delitos, incluidos los que se encuentran dentro de la tipología de corrupción. Además, pedirán que se retiren las órdenes de detención vigentes.
Sin embargo, la decisión final está en manos de los jueces que no están obligados a aceptar los criterios de la Fiscalía. En consecuencia, el esfuerzo del vasallo para contentar a su señor puede caer en saco roto, sobre todo si desde el Alto Tribunal se actúa como se exige a los magistrados de la última instancia: elevar cuestiones prejudiciales al TJUE.