Se cumplen 10 años de la abdicación de Juan Carlos I en su hijo Felipe VI, un acto absolutamente contrario a una de las esencias de la democracia, esto es, la elección por parte del pueblo de sus dirigentes, ocupen el puesto que ocupen.
El pasado domingo tuvo lugar en Madrid una importante manifestación antimonárquica en la que se pudieron entender varios elementos fundamentales. Por un lado, la transversalidad del movimiento republicano, dado que defender una democracia sin monarquía no es una cuestión exclusiva de la izquierda, sino que también hay republicanos en la derecha, algo que las medidas de Pedro Sánchez han incrementado.
En segundo término, se demostró una vez más que la monarquía, en sí misma, contiene todos los valores que son la antítesis del sistema democrático.
Sin embargo, hay quienes aún no se han enterado de que ni Juan Carlos I ni Felipe VI tienen la legitimidad plena por parte de la ciudadanía española. La monarquía no ha sido refrendada por el pueblo y, en consecuencia, a día de hoy, la Jefatura del Estado es una institución ilegítima desde un punto de vista democrático.
La ignorancia de los procesos políticos lleva al analfabetismo democrático, además de a un sectarismo que separa la teoría de la realidad. Tanto Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, como José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital han demostrado en las últimas horas que son unos indocumentados democráticos.
Por un lado, Almeida ha hecho un llamamiento a todos los madrileños para que engalanen sus balcones con banderas de España para conmemorar los 10 años de la coronación de Felipe VI tras la abdicación de Juan Carlos I, una abdicación que se produjo por los casos de corrupción en los que estaba presuntamente involucrado el ahora rey emérito. Esos casos, entre los que se encontraba la evasión fiscal, fueron confirmados por el propio Borbón al regularizar su situación con Hacienda.
En otro orden, la Comunidad de Madrid informó a través de una rueda de prensa que se aprobará una declaración institucional y engalanará sedes oficiales, estaciones del Metro y marquesinas de los autobuses con carteles conmemorativos.
Tanto Ayuso como Almeida están celebrando el décimo aniversario de un acto antidemocrático. La mera sucesión por cuestión de linaje en la Jefatura del Estado supone un atentado contra la democracia, tan grave, incluso, como el referéndum ilegal de autodeterminación de Cataluña.
Monarquía, la voluntad de Franco
Juan Carlos I fue el heredero de Franco y accedió a la Jefatura del Estado por la Ley de Sucesión de 1947, en la que se indicaba que el dictador determinaría quién sería su sucesor. En España no se permitió al pueblo que decidiera si quería que la voluntad de Franco se mantuviera en el tiempo o no. Esta es una de las razones por las que Juan Carlos de Borbón impidió que nuestro país tuviese una democracia plena, dado que parte de una tara muy grave: el Jefe del Estado no tiene la legitimidad democrática que da la voluntad del pueblo expresada a través del sufragio universal, libre y secreto.
Cuando la ciudadanía española decidió votar a favor de la Constitución, Juan Carlos de Borbón no juró ni prometió cumplirla y hacerla cumplir, tal y como hacen todos y cada uno de los cargos públicos del país. Su hijo Felipe sí que lo hizo cuando le sucedió tras la abdicación de 2014. Eso sí, el rey emérito sí que juró los Principios Fundamentales del Movimiento en noviembre de 1975.
Los defensores del actual modelo de Estado afirman sin ningún tipo de rubor que el pueblo español sí que votó a favor de la monarquía en 1978, puesto que, según ellos, el voto afirmativo a la Constitución era el refrendo a que Juan Carlos de Borbón y su dinastía fuesen los depositarios de la Jefatura del Estado. Este argumento es una manipulación de la realidad, puesto que lo que se le puso a los españoles en aquel año fue un «trágala» en toda regla: no habría democracia si no se mantenía a la monarquía en el poder.
Manipulación y 23F
El propio expresidente Adolfo Suárez reconoció en una entrevista televisiva que desde el poder político se había manipulado la realidad para evitar que hubiese un referéndum sobre el modelo de Estado ya que, según las encuestas internas que manejaba el gobierno, el pueblo español quería una república. ¿Alguien se cree que Juan Carlos de Borbón no estaba al tanto de todo esto? Evidentemente, era conocedor y, por tanto, permitió que se ejecutara lo que hubiera que ejecutar para mantenerse en el poder.
Otro de los aspectos turbios del reinado de Juan Carlos fue el 23F, una operación que muchos autores y periodistas han catalogado como un golpe a favor del rey, no con la intención de que cambiar el modelo de Estado. El 23 de febrero no se salvó a la democracia, sino que se rescató a la monarquía. Hay demasiadas evidencias sobre la presunta implicación de Zarzuela en el intento de golpe, pero, de momento y hasta que se desclasifiquen los documentos, seguirán siendo evidencias. Cuando se intenta dar un golpe de Estado, uno de los objetivos principales de los conspiradores es el aislamiento del Jefe de Estado al que se pretende derrocar. Sin embargo, ese día desde el Palacio de la Zarzuela se tuvo contacto con el exterior sin ningún problema.
Hay que tener en cuenta que la situación política de aquel año 1981 era crítica y la ciudadanía podría rebelarse contra el monarca. Existía una crisis económica ante la que el gobierno de Suárez no podía hacer frente. A esto se sumaba la enorme división en la UCD y la desconfianza entre Juan Carlos de Borbón y el presidente. Para el Jefe del Estado, Suárez era ya una figura amortizada que había cumplido su función en la Transición. La propuesta realizada por el general Armada a Juan Carlos de Borbón en enero de 1981 de un gobierno de concentración encabezado por un general no pareció disgustar a Zarzuela. El que fue durante años uno de los mentores del rey mantuvo reuniones con los diferentes líderes políticos de la época y, evidentemente, Juan Carlos de Borbón era consciente de ello.
Sin embargo, a los españoles se les vendió otra versión: Juan Carlos de Borbón como salvador de la patria, un hecho que le reforzó en su posición. Hay que recordar que, durante el juicio de los golpistas, las defensas de éstos exigieron que el Jefe del Estado compareciera como testigo para que respondiera a las preguntas sobre su implicación en el golpe. Todo el aparato del Estado se movilizó para impedir que Juan Carlos de Borbón acudiera al tribunal. Además, Armada pidió permiso para exponer en el juicio el contenido de una reunión que mantuvieron ambos diez días antes del golpe. El Jefe del Estado no lo permitió. ¿Qué tenía que ocultar?