En la reciente polémica sobre las universidades públicas de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, se ha visto envuelta en una disputa por sus mentiras en redes sociales. En ellas, negó las sanciones de hasta 100.000 euros que, según los sindicatos y algunos medios, planeaba imponer la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC). Sin embargo, el borrador del proyecto legislativo, que estaba publicado en el portal de transparencia y que fue retirado tras la polémica, revela que Ayuso miente al negar la existencia de estas multas.
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— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 11, 2025
La ley que no se puede ocultar
El texto, fechado y firmado digitalmente, establece sanciones económicas que han sorprendido a la comunidad universitaria. Entre las infracciones que podrían ser castigadas con hasta 100.000 euros se encuentran las protestas sin autorización o los escraches, una de las formas de manifestación más visibles en los campus. A su vez, el borrador también incluye multas más leves de hasta 15.000 euros por actos como colocar pancartas sin el debido permiso.
A pesar de que Ayuso y su gobierno han negado que estas sanciones estén contempladas en la nueva ley, los representantes sindicales y algunos expertos han dejado claro que el borrador confirma lo contrario. Jesús Escribano, secretario de Universidad de CCOO Madrid, declaró que, aunque la versión pública del borrador ya no está disponible, el texto había estado colgado durante varios días en el portal oficial. "El propio Gobierno de la Comunidad lo publicó, y ahora dicen que no es cierto lo que ponen en su propio texto", afirmó Escribano. Según el sindicato, la ley no solo introduce un régimen represivo sobre las protestas estudiantiles, sino que también refuerza la privatización de las universidades públicas, una crítica que viene denunciándose desde hace tiempo.
Un modelo represivo para las universidades
Las sanciones contenidas en el borrador no se limitan solo a castigar protestas o pancartas, sino que abordan conductas más generales que podrían poner en peligro la libertad de expresión y el pensamiento crítico en los campus. De acuerdo con el texto, las faltas muy graves, como impedir la libertad de cátedra o la pluralidad en el campus, podrían acarrear multas de hasta un millón de euros. Esta redacción tan imprecisa ha generado preocupación entre los académicos, como el profesor Joaquín Urías, que considera que la ley podría ser fácilmente manipulada. "Es un artículo que da lugar a arbitrariedad", explicó Urías, quien añadió que el Tribunal Constitucional podría tumbar este tipo de normativas por ser demasiado generales e inconstitucionales.
Javier Becerra, responsable de Universidad de UGT en Madrid, también se mostró enérgico respecto a la nueva ley. Para Becerra, el gobierno de Ayuso está persiguiendo la libertad de expresión en las universidades: "No quieren que haya debate ni pensamiento crítico en los campus. Para lograrlo, imponen un sistema sancionador que afecta a toda la comunidad universitaria". Los sindicatos están estudiando las posibles vías legales para frenar esta ley, que consideran una grave amenaza para los derechos fundamentales.
Resistencia a la privatización
Además de las sanciones a las protestas, el proyecto de ley incluye una serie de artículos que refuerzan la privatización de las universidades públicas, favoreciendo a las instituciones privadas. Los rectores de las universidades madrileñas han denunciado que el gobierno regional ha aumentado el control sobre los recursos, lo que ha llevado a una grave infrafinanciación de los centros educativos. La comunidad educativa sostiene que este tipo de normativas están diseñadas para debilitar a las universidades públicas, favoreciendo a las entidades privadas en detrimento de los intereses académicos y educativos.
Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, también criticó duramente el borrador, comparando el enfoque de Ayuso con las políticas represivas de Donald Trump en Estados Unidos. "Es una guerra contra la universidad, contra el pensamiento crítico y la libertad de expresión", afirmó García. La ministra denunció que la presidenta madrileña busca controlar la opinión de los universitarios en los campus y limitar la libertad de los estudiantes para expresar sus ideas. "Ayuso está siguiendo la estela de Trump, buscando limitar la libertad en los centros educativos", añadió García, que instó a la presidenta a rectificar si realmente pretende imponer estas sanciones.
Una amenaza a la autonomía universitaria
El contenido del borrador de la ley también ha sido objeto de críticas por atentar contra la autonomía universitaria. La Ley de Convivencia Universitaria, aprobada en 2022 bajo el mandato del ministro Manuel Castells, ya establece sanciones en el ámbito universitario, pero estas son mucho más suaves y no contemplan multas económicas tan altas. Además, la nueva ley de Ayuso entra en colisión con el Estatuto del Empleado Público de 1986, que regula las relaciones laborales dentro de los campus estatales y protege los derechos de los trabajadores de la educación.
El artículo 27 de la Constitución Española, que garantiza la libertad de enseñanza y el derecho a una educación plural, también podría verse afectado si la ley se aprueba tal y como está redactada. Según expertos en derecho constitucional, la vaguedad de algunas de las normas que figuran en el borrador podría provocar una interpretación política de la ley, vulnerando los derechos fundamentales de los estudiantes y los profesores.
La transparencia de Ayuso es un desproposito
Lo que está claro es que esta polémica sobre las sanciones a las protestas universitarias es solo la última de una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Ayuso que han generado malestar entre los sectores progresistas y la comunidad educativa. A pesar de las declaraciones públicas de la presidenta, el borrador de la LESUC revela un claro intento de controlar las manifestaciones en los campus, limitando la libertad de expresión y reforzando el poder de la iniciativa privada en el sistema universitario. La batalla por la autonomía universitaria y por la libertad de los estudiantes está lejos de terminar, y los sindicatos, las universidades y la sociedad civil seguirán luchando para que los derechos fundamentales no sean sacrificados en el altar de la política.