La sentencia de absolución a Dani Alves ha supuesto un nuevo terremoto político (en este país vamos de seísmo en seísmo). Las izquierdas han tratado de arañar votos entre el feminismo (invocando aquello de los “fachas con toga”) mientras que las derechas se han posicionado en defensa de la presunción de inocencia. Todos ellos han sacado los pies del tiesto, convirtiendo el debate en un frenopático con mucha gente histérica y neurótica rasgándose las vestiduras. Haya sosiego, hombre, haya sosiego.
El asunto merece un análisis desde la reflexión y la tranquilidad, sin que esto se convierta en un 36. Vaya por delante que aquí, en esta misma columna, hemos criticado resoluciones machirulas y reaccionarias que no se sostenían. Como cuando a aquella jueza le dio por preguntarle a la víctima si cerró bien las piernas para evitar que su agresor la penetrara. O cuando el juez de la manada, en un arrebato estupefaciente, escribió que la muchacha forzada vivió un momento de “alegría y jolgorio” cuando en realidad la estaban violando. Fallos de ese tipo vienen a confirmar que existe una mentalidad cavernícola en un sector de nuestra judicatura que es preciso denunciar y a la que se debe corregir en la medida que sea posible, con sanciones disciplinarias y cursillos sobre igualdad, si ese valor fundamental de la democracia no se interiorizó debidamente en la escuela.
Ahora bien, la sentencia de Dani Alves no parece ser consecuencia de ese pensamiento carca y patriarcal que anida en cierta parte de nuestros juristas. Para empezar porque el tribunal no estaba formado por señoros rijosos con ganas de ajustarle las cuentas al feminismo radical. Al contrario, había juezas progresistas y expertas en violencia machista que han leído a Simone de Beauvoir y se saben el manual de lucha contra el sexismo al dedillo. Ahí está el propio Joaquim Bosch, expresidente de la asociación Juezas para la Democracia y nada sospechoso de defensor de las esencias del macho, quien ayer, en un programa de televisión, aseguró que conoce a dos de las ponentes de la polémica sentencia contra el jugador del FC Barcelona y las tiene en gran estima y en el máximo respeto por su trayectoria profesional (lo cual hace añicos la teoría de la conspiración y de que esto ha sido un complot fascista y ultracatólico).
Pero, más allá de la ideología de los magistrados que ponen la sentencia, la clave de todo está en una simple cuestión técnica: con los indicios en la mano, tras la fase probatoria del juicio, no se podía condenar a Alves. Que la chica agredida entrara y saliera del reservado de la discoteca no es argumento suficiente para condenar a nadie. Como tampoco lo es que el acusado haya cambiado varias veces de versión. La Constitución le ampara en su derecho a mentir. De ahí que los ponentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dejen claro, en su fallo, que no es que consideren inocente al futbolista, sino que no hay pruebas suficientes para enviarlo a prisión. Lo contrario sería tanto como asumir que una palabra contra otra bastaría para entrullar al reo. Nadie estaría a salvo de una denuncia falsa.
Y aquí es donde viene la segunda parte, quizá la más importante. Vivimos en un Estado de derecho donde no se puede meter a nadie en la cárcel sin un juicio justo con todas las garantías. Eso, y no otra cosa, es lo que nos diferencia de Estados totalitarios parapoliciales. Eso es lo que diferencia una sociedad civilizada de la ley de la jungla, que es donde pretende llegar el trumpismo de nuevo cuño. Y ahí es donde han patinado, una vez más, algunos de nuestros más insignes políticos, como la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, a quien tras conocer la sentencia le pudo una especie de impostado rojerío, se vino arriba y, con la vena del cuello hinchada y desbocada, en plan Pasionaria del siglo XXI, hizo trizas el sagrado principio de la presunción de inocencia, que junto con el derecho a la libertad de expresión forman los dos pilares básicos de un Estado democrático. No estuvo bien la ministra, como ella misma ha reconocido al pedir perdón en las últimas horas. Junto a ella, otros y otras referentes de la izquierda de este país quedaron en evidencia al dejarse llevar por el instinto básico y por el ciego manual que ordena y manda sin tener en cuenta que cada caso es un mundo.
Pero si desafinada ha estado Montero, más esperpéntica aún ha sido la actuación de nuestros estimados prebostes de la derecha patria, quienes han salido en comandita para darnos lecciones sobre la importancia de la presunción de inocencia en un sistema democrático. Ver a los Feijóo, Tellado, Aguirre y Abascal disertando sobre este derecho que ellos pisotean cada día y a todas horas produce vergüencita ajena. Hablamos de personajes patéticos que ya tienen clarísimo, antes que haya terminado la instrucción sumarial y sin necesidad de pleito alguno, que Begoña Gómez traficó con influencias con la pijada del cursillito para la Complutense; que Ábalos le puso un piso a Jessica; que Koldo trincó pasta y comisiones; que el fiscal general filtró el expediente por delito tributario del novio de Ayuso; que el hermano de Sánchez fue agraciado con una plaza de músico y en ese plan. Basta con echar un vistazo a la hemeroteca para comprobar que a toda esta tropa la presunción de inocencia se la trae al pairo, como no puede ser de otra manera viniendo de gente a la que no se le revuelven las tripas por el hecho de que, en este país, durante cuarenta años, la dictadura franquista celebrara decenas de miles de juicios sumarísimos en los que el rojo republicano era condenado y fusilado de antemano. No estaría de más que Feijóo le explicara a Abascal toda esa compleja teoría jurídica sobre la presunción de inocencia. Porque parece que no la entendió cuando pasó por la universidad (privada, por cierto).