La política española vuelve a verse salpicada por las cloacas del Estado. Esta vez, el epicentro es un informe sin sello judicial, fechado en octubre de 2014, en el que se recogen supuestos seguimientos al entonces recién elegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y a su entorno familiar. Un informe elaborado por el excomisario José Manuel Villarejo, condenado por múltiples delitos, que hoy ha llegado a manos de la Fiscalía y se ha convertido en el arma arrojadiza del Partido Popular contra el presidente del Gobierno.
El documento, titulado "Riesgos PS", detalla seguimientos a Sánchez, a su esposa, Begoña Gómez, y a sus hijas menores. Se describen con precisión espeluznante sus movimientos privados, incluso las sesiones de cine que compartían en familia. La gravedad del asunto no radica solo en los datos (muchos de ellos sin comprobar, según admite el propio informe), sino en que fueron obtenidos presuntamente mediante métodos ilegales y al margen de cualquier autorización judicial.
Del espionaje a la guerra política
Lo que comenzó como una operación encubierta se ha transformado, una década después, en munición política. Este informe, que había permanecido oculto o desestimado, vuelve a escena en forma de preguntas parlamentarias, ataques desde la oposición y menciones explícitas en debates recientes. El Partido Popular ha usado su contenido para atacar al presidente, llegando incluso a insinuaciones de tipo personal vinculadas a su suegro y sus actividades profesionales con las saunas. Todo ello, pese a que la propia policía señalaba que los datos recogidos eran "zafios, no corroborados o directamente falsos".
En el Parlamento, algunos diputados del PP han utilizado el informe para cuestionar la moralidad del entorno de Sánchez, ignorando que el documento no tiene validez judicial y que ya fue desestimado en su día por la Audiencia Nacional por carecer de pruebas y basarse en datos manipulados.
La Fiscalía ya investiga el informe
Esta misma mañana, la Fiscalía Anticorrupción ha recibido el documento y ha abierto diligencias preliminares para analizar su contenido y determinar si se cometieron delitos en su elaboración o difusión. Según fuentes del Ministerio Público, el informe podría demostrar la existencia de una "policía patriótica" dentro del Ministerio del Interior, dirigida a espiar a rivales políticos por motivos ideológicos.
Lo más preocupante es que el informe se redactó solo tres meses después de que Villarejo se reuniera con Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Seguridad, y hablara de buscar “munición para matar políticamente a Pedro Sánchez”. Una expresión que hoy resuena con más fuerza que nunca.
Una democracia bajo amenaza
La utilización de informes sin verificar, obtenidos por métodos dudosos y con fines políticos, supone una amenaza para el sistema democrático. Que estos documentos se reactiven una década después como herramienta de desgaste político demuestra que las cloacas siguen funcionando. Y lo hacen, además, con la complicidad mediática y la pasividad institucional que permiten su supervivencia. Y no es sólo contra Pedro Sánchez, sino contra otros líderes políticos de distintos partidos, tanto de derechas como de izquierdas o nacionalistas/independentistas, que han visto cómo las cloacas han distribuido fotos, vídeos que debieran haber ya estado destruidos por lo que indica la propia ley, y seguimientos ilegales.
Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha calificado el asunto de “intolerable” y ha exigido explicaciones inmediatas al Partido Popular. Por su parte, representantes del PSOE han señalado que el uso de estos informes para atacar al presidente y su familia revela una estrategia “indecente” y “peligrosa para la democracia”.
Frente a quienes pretenden justificar estos ataques bajo el paraguas del debate político, conviene recordar que ninguna democracia sana puede tolerar el espionaje ilegal, el uso de información privada sin pruebas y la manipulación de informes para desacreditar a adversarios. Y menos aún cuando afecta a menores de edad y al entorno familiar, no solo del presidente del Gobierno, sino de cualquier otro líder político. También hay que recordar que, en muchas ocasiones, esa información de las cloacas es filtrada como "fuego amigo", hecho que ha sucedido tanto en el PP como en el PSOE.
Una pregunta clave queda en el aire: ¿seguimos permitiendo que las cloacas del Estado decidan el rumbo de la política española?
Porque si es así, el problema ya no es Villarejo o la policía patriótica. El problema es que, como país, no se ha aprendido nada.