Ocurre siempre: cuando al Partido Popular le van mal las cosas en los tribunales, cambia al juez. Es una máxima que suele cumplirse de forma recurrente, inevitable, inexorable. Allá donde hay un magistrado valiente o incómodo que solo quiere hacer bien su trabajo, tirando de la manta o aclarando trapos sucios de los populares de forma independiente y profesional, ese jurista termina bien lejos, en un lejano partido judicial donde ya no moleste. Y no lo mandan al Congo, en medio de la selva, porque sería demasiado descarado.
Ya pasó cuando el caso Fabra, hace veinte años. El PP y la Justicia conservadora maniobraron sin pudor para apartar a los instructores que se proponían sentar en el banquillo al entonces presidente de la Diputación de Castelló, implicado en un asunto de cobro de comisiones de la empresa fitosanitaria Naranjax. Baste un titular de la época del diario El País para entender los fenómenos extraños que acontecieron allí, en los juzgados de Nules, en aquellos tiempos convulsos: “El juzgado que instruye el caso Fabra cambia de juez por sexta vez”. Y añadía el rotativo de Prisa: “La titular del juzgado número 1, Marta García, ha sido trasladada después de que ella misma solicitara el cambio de juzgado por motivos personales, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia”. La titular apenas llevaba cuatro meses en su plaza, donde se instruían las diligencias por cobro de comisiones y delitos fiscales del veterano político popular hoy resucitado por Francisco Camps para tratar de retornar a los años de las aplastantes mayorías absolutas. No solo hubo baile de juezas en Nules, también de fiscales, que eran removidos de su puesto en un carrusel de traslados, ceses y dimisiones como nunca antes se había visto.
Finalmente, las maniobras tramposas de los poderes fácticos conservadores no sirvieron de nada, ya que Fabra fue condenado a cuatro años de cárcel por defraudar 700.000 euros a Hacienda en una sentencia histórica por lo que tuvo de derribo del gran tótem del fabrismo. Aquella resolución penal recayó diez años después de haber estallado el escándalo político. Una década de sustituciones y dilaciones que lograron ralentizar la causa al máximo y permitieron que Fabra se eternizara en el poder.
Pero hay más ejemplos de ese hábito sospechoso, el de cambiar juezas y jueces que osan husmear en la cochambre del PP. El célebre caso Gürtel, por ejemplo, que empezó siendo un escándalo político y terminó en escándalo judicial. En junio de 2018, El País volvía a publicar otro titular cuando menos llamativo o curioso: ”Los cambios de jueces en Gürtel no están por encima de toda sospecha. La Audiencia Nacional forma tribunal para los ‘papeles de Bárcenas’ sin motivar adecuadamente entradas y salidas de jueces en piezas que afectan al PP”. Hasta diez magistrados pasaron por el tribunal de la caja B del partido antes de dar comienzo el juicio (tres de ellos por su proximidad con Génova 13). La asociación Jueces para la Democracia denunció algunos de aquellos enjuagues descarados.
Ayer, tuvimos un nuevo capítulo de este serial que habla de la politización de la Justicia o de la judicialización de la política, que tanto monta. Los abogados de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas –esa señora que supuestamente coordinaba las tareas de socorro ante la mayor riada de la historia de Valencia sin tener ni idea ni unos mínimos conocimientos sobre protección civil (ella misma ha reconocido que no sabía lo que era el sistema de alerta telemática a la población)– ha pedido que se aparte a la jueza de Catarroja de la causa. Nuria Ruiz, la instructora del procedimiento, lleva meses investigando las negligencias de la Generalitat Valenciana gobernada por Carlos Mazón. Según fuentes judiciales, Pradas ha presentado una queja por “vulneración de su derecho de defensa” y acusa a la magistrada de actuar con una “falta manifiesta de imparcialidad”. En los últimos días, el PP ha extendido el rumor de que el marido de esta jueza tenaz ha tomado parte en la instrucción del sumario, de modo que ella estaría contaminada e inhabilitada para el puesto. Presiones políticas y amenazas contra una profesional de la judicatura que solo está tratando de llegar al fondo de la verdad. Un clásico del PP.
Ahora será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quien tome la decisión de apartar a la magistrada de Catarroja o mantenerla en su cargo. Las fuentes judiciales consultadas por Diario16+ aseguran que la queja tiene pocas posibilidades de prosperar, aunque nunca se sabe. “Abrir una diligencia informativa no equivale en ningún caso a abrir un expediente disciplinario”, recuerdan en el Poder Judicial.
En cualquier caso, el escrito de Pradas está plagado de bulos y mentiras, como cuando asegura que la jueza ha limitado la posibilidad de ampliar el foco de la instrucción, excluyendo de forma sistemática cualquier responsabilidad que no sea la de la administración autonómica; o que, en su instrucción, la titular de Catarroja está anticipando ya una sentencia condenatoria; o que el propio juzgado ha cerrado la puerta a investigar a altos cargos del gabinete de Sánchez, como la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, y los alcaldes socialistas de las localidades afectadas. En realidad, la instrucción está siendo, si no modélica, sí al menos bastante limpia y aseada. Es cierto que avanza con paso firme poniendo en la diana a la Generalitat (organismo que tenía atribuida la competencia para advertir a la población de que se estaba gestando un tsunami y dando voz a los familiares de las 228 personas fallecidas y a los cientos de damnificados), pero también ha apartado de la investigación, con el débil argumento de que se trata de un político aforado, al primer sospechoso de la calamitosa gestión, que no es otro que Carlos Mazón. Su decisión de no llamar a declarar a la periodista Maribel Vilaplana, testigo de cargo de la máxima importancia (como invitada que comía con el president en el restaurante ElVentorro en la tarde en que se desataba el diluvio universal), es sin duda una mancha en el expediente judicial de la jueza de Catarroja, que ya no podrá ser inmaculado ni para enmarcar.