Desde que Rusia invadió Ucrania, ha habido un hombre que ha presionado hasta límites insospechados para que los países miembros de la Unión Europea incrementaran el gasto militar, algo que consiguió. A continuación, ese mismo hombre ha incidido mucho en que sea la UE la que haga compras conjuntas de armamento. Ese hombre es Josep Borrell, el nuevo señor de la guerra que con sus presiones, de manera paralela, logra colmar los intereses de la industria militar.
En el mes de diciembre de 2022, Borrell alertó de que los países de la UE tenían graves carencias a nivel de capacidades críticas y que había que colaborar con la industria armamentística para paliarlas. "Nos damos cuenta de que carecemos de capacidades críticas de defensa. Nos faltan las capacidades que necesitamos para defendernos de un nivel superior de amenaza", afirmó Borrell.
Los Estados europeos han incrementado su gasto militar en cerca de un 20%, algo que para Borrell es insuficiente, hay que gastar más en armas cuando las necesidades reales de la ciudadanía van por otro lado. En concreto, desde 2020, los países han aumentado su presupuesto militar en más de 50.000 millones de euros. Sin embargo, para Borrell hay que llegar hasta los 70.000 millones. ¿Para quién trabaja realmente este hombre?
En marzo de 2023, Josep Borrell volvió al ataque y reclamó más gasto militar de la UE. La semana pasada consiguió un gran triunfo con el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo para la creación de nuevas normas que impulsen la adquisición común de armamento.
El nuevo Reglamento incentivará a los Estados miembros de la UE para que adquieran armas conjuntamente, garantizando así la interoperabilidad, economías de escala y, en última instancia, una industria europea de la defensa fuerte. Según declaró el ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, "A través de la adquisición conjunta de material de defensa, se impulsará la competitividad y la eficiencia de la base tecnológica e industrial de la defensa europea y los Estados miembros de la UE podrán reconstituir de manera más eficaz sus reservas agotadas por las donaciones a Ucrania."
El instrumento acordado es prácticamente un calco a lo que venía reclamando Borrell prácticamente desde la invasión de Ucrania.
Los Estados miembros que acepten poner en común su demanda y adquirir conjuntamente productos de defensa en consorcios formados por al menos tres países obtendrán un reembolso parcial con cargo al presupuesto de la UE.
Según el Consejo, el acuerdo beneficiará a los Estados miembros y a la base tecnológica e industrial de la UE relacionada con la defensa, prestándose especial atención a la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes), las empresas emergentes y las empresas de mediana capitalización en la cadena de valor.
El acuerdo alcanzado entre el Consejo y el Parlamento establece una serie de condiciones claras para que los contratistas, subcontratistas y productos de defensa puedan acogerse a la norma, así como las condiciones que deben cumplir los proyectos para poder optar a la financiación.
En principio, los contratistas que participen en la adquisición común deberán estar establecidos en la UE o en un país asociado (Islandia, Liechtenstein o Noruega) y tener allí y sus estructuras de dirección ejecutiva. Tampoco deberán ser controlados por un tercer país no asociado, salvo que se haya concedido una excepción mediante garantías de los Estados miembros. En ningún caso podrán utilizarse fondos del EDIRPA mediante la adquisición común con el fin de adquirir componentes procedentes de países que no respeten las relaciones de buena vecindad;
Por defecto, los contratistas deberán utilizar instalaciones y recursos situados en la UE o en un tercer país asociado. El uso de instalaciones exteriores a la UE solo estará permitido cuando un productor de la UE no disponga de una infraestructura pertinente en el territorio de la UE.
Los Estados miembros solo podrán adquirir productos que no incluyan ninguna restricción por parte de un tercer país no asociado que limite su capacidad de utilizarlos. Esta norma no será aplicable en el caso de los productos de defensa urgentes y vitales, siempre que estuvieran en uso antes del 24 de febrero de 2022 en la mayoría del consorcio y que los miembros del consorcio se comprometan a estudiar la viabilidad de sustituir esos componentes restringidos por componentes sin restricción con origen en la UE.
Según el Consejo, un límite absoluto del 15 % permitirá una distribución equitativa de los fondos disponibles entre los Estados miembros y entre las prioridades de financiación.