La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha lanzado una grave denuncia que pone en evidencia una práctica sistemática de fraude fiscal y laboral en el sector musical en España. Según sus cálculos, las empresas de facturación que operan en el ámbito artístico han generado un agujero de más de 150 millones de euros en la Seguridad Social. Se trata de una estafa silenciosa pero masiva, que afecta a miles de músicos autónomos que recurren a estas empresas para poder emitir facturas, ante la imposibilidad de acogerse a un régimen de cotización que se ajuste a sus ingresos reales.
El modus operandi
La mecánica es sencilla y tremendamente eficaz para eludir las cargas fiscales: las empresas de facturación dan de alta a los músicos por un solo día bajo el régimen especial de artistas, les emiten la factura correspondiente y luego les abonan el importe acordado menos una comisión. Sin embargo, la cotización que realizan a la Seguridad Social se hace siempre sobre la base mínima legal, que ronda los 17 a 18 euros por día, aunque el artista haya cobrado entre 200 y 400 euros por actuación. El resto se disfraza bajo conceptos como "dietas" o "otras percepciones no salariales", sin justificación real ni respaldo legal.
UPTA propone una vía legal para la regularización
Para atajar esta situación, UPTA ha presentado una propuesta al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo que consiste en la creación de una modalidad especial de cotización dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Esta nueva fórmula permitiría a los músicos que no superen los 4.000 euros anuales en ingresos acogerse a una cuota mensual reducida de 90 euros, con posibilidad de regularización anual. Con ello se pretende ofrecer una cobertura social mínima sin que estos profesionales se vean forzados a recurrir a empresas fraudulentas.
Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha sido tajante: “Es la única forma de garantizar la protección social de miles de músicos autónomos que actualmente están siendo víctimas de prácticas fraudulentas y abusivas por parte de estas empresas”. Abad advierte de que muchas de estas compañías continúan operando pese a haber sido sancionadas. Algunas simplemente cambian de nombre comercial, aunque mantienen el mismo CIF, perpetuando el fraude con impunidad.
Músicos intermitentes y fuera del sistema
La mayoría de los afectados no son músicos profesionales a tiempo completo, sino personas que combinan esta actividad con otras profesiones, muchas veces en el ámbito educativo o cultural. Realizan uno o dos bolos al mes, y sus ingresos anuales por esta actividad apenas alcanzan los 3.500 euros. Con estas cifras, resultaba inviable afrontar una cotización completa al RETA, lo que les lleva a depender de estos intermediarios para poder facturar y trabajar legalmente.
El caso ha escalado ya a la vía judicial. La empresa Actura 12 ha sido objeto de dos embargos por parte de la Seguridad Social, uno de ellos por 4,5 millones de euros y otro por 19 millones. La Fiscalía provincial de Barcelona investiga si los hechos constituyen delito penal, dado que la infracotización sistemática podría interpretarse como un fraude fiscal agravado. En las investigaciones también aparece la empresa Artistamente, con prácticas similares.
Una industria con cifras rojas y soluciones pendientes
Según un estudio conjunto de la Sociedad de Artistas AIE y la Unión de Músicos, el 49,4% de los músicos españoles tiene ingresos anuales por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. El 78% depende del directo como su principal fuente de ingresos, pero solo el 9% realiza más de 100 conciertos al año. El Gobierno aprobó en 2023 una cuota reducida de 161 euros mensuales para ingresos inferiores a 3.000 euros anuales, pero muchos artistas consideran que sigue siendo inviable. La esperada reforma del Estatuto del Artista debería incluir soluciones concretas para este colectivo.
La denuncia de UPTA pone sobre la mesa una de las grietas más preocupantes del sistema laboral español: la falta de adaptación del régimen de autónomos a realidades laborales intermitentes, como las del sector musical. La propuesta de una cotización especial no solo pretende acabar con el fraude, sino también ofrecer dignidad y protección social a quienes, con su arte, enriquecen la vida cultural del país.
El mensaje de fondo es claro: no se puede seguir normalizando que un músico que llena plazas y teatros cotice por 17 euros mientras una empresa interpuesta se lleva una comisión sin ofrecer ningún servicio real. La música, como el trabajo, debe sonar afinada. Y el Estado tiene la obligación de afinar su legislación para evitar que el desafín se convierta en costumbre.