Juan Carlos I reinó en España un total de 14.087 días. 38 años, seis meses y 26 días concretamente. En buena parte de este periodo le dio tiempo a muchas cosas como máximo representante de la democracia española, entre otras a cometer numerosos delitos fiscales, cohecho y blanqueo de capitales, amparados todos ellos por la inviolabilidad constitucional de su cargo, por la prescripción de los delitos o la regulación de su situación fiscal. No se encuentra exiliado desde agosto de 2020 por deseo propio, como asegura, ni por casualidad en Abu Dabi, capital de los nada democráticos Emiratos Árabes Unidos. Él y la inmensa mayoría de los 49.077.984 españoles censaros actualmente saben qué hizo y qué dejo de hacer por, en nombre de y para España y los españoles.
Que a estas alturas reclame una poco menos que ridícula compensación económica de 50.000 euros al expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla por “expresiones calumniosas e injuriosas” que atentan contra su “honor”, según recoge la denuncia redactada por la misma abogada del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no deja de ser una burla y una ofensa en toda regla que se hace extensiva a la mayoría de los más de 49 millones de españoles.
Porque la verdadera pregunta no es qué ha hecho contra el honor del emérito un hombre de 82 años que se enteró de la denuncia mientras rodaba su primera película caracterizado de juez oficiando una boda, sino quién defiende el honor de los españoles por la más que cuestionada gestión de su jefe del Estado en todos estos años y décadas, casi 40, tanto tiempo como mantuvo el poder su predecesor hasta morir en una cama de hospital el sanguinario dictador que provocó una guerra civil, ajustició a miles de españoles y lo designó heredero de su régimen.
Pese a su deshonrosa renuncia y abdicación en su hijo, Felipe VI, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias mantiene a día de hoy el título de rey honorífico y también el tratamiento de ‘majestad’, además de ser capitán general de las Fuerzas Armadas en la reserva. Al menos no ejerce ya ninguna función constitucional ni cobra asignación pública desde marzo de 2020, aunque desde que se autoexilió sus gastos de escolta personal siguen corriendo a cuenta del Estado y en todo este tiempo el Gobierno ha evitado en todo momento aclarar el importe que conlleva esta cobertura de seguridad.
Él y la mayoría de los 49.077.984 españoles censaros actualmente saben qué hizo y qué dejo de hacer por, en nombre de y para España y los españoles
Cada vez que se realiza una pregunta en este sentido al ejecutivo central, la respuesta siempre es la misma: “El personal eventual al servicio de los miembros de la Familia Real en la Casa de Su Majestad el Rey presta sus servicios de conformidad con el Acuerdo de Consejo de Ministros de 8 de julio de 2005”. En ningún momento hace alusión a euros o cantidad monetaria alguna. Aquel Consejo de Ministros autorizó “a la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), para que aprobase la Relación de Puestos de Trabajo de personal eventual que realizan funciones calificadas expresamente de especial confianza”, de conformidad con la ley reguladora del Patrimonio Nacional.
Juan Carlos I ha sentido vulnerado su honor por lo dicho por el ex presidente cántabro en determinadas apariciones públicas y ha acudido al bufete del novio de Díaz Ayuso para que solvente el asunto en los tribunales de un personaje público casi intocable según la Constitución Española. Hasta ahí todo prácticamente normal en un estado democrático. Pero, sin duda, el emérito no tiene capacidad ni osadía suficientes para contratar bufetes de abogados que paren lo que una proporción nada desdeñable de los 49.077.984 españoles piensan o dicen abiertamente en la calle o los medios de lo que él ha hecho, por, para y en nombre de España.