La llegada masiva de menores migrantes no acompañados a las costas españolas ha vuelto a poner al límite el sistema de acogida. El Gobierno central, consciente de la saturación de Canarias impulsó un plan de reparto solidario para redistribuir a los menores entre distintas autonomías. Sin embargo, la exclusión de Cataluña y el País Vasco del acuerdo ha desatado una tormenta política y se perfila como uno de los mayores errores estratégicos de Pedro Sánchez en esta legislatura.
Lógica del reparto
El plan nace de una realidad ineludible: los centros de primera acogida en Canarias están desbordados. Ante esta situación, el Ejecutivo defendió ante las comunidades la necesidad de un reparto que garantizara una distribución equitativa, recordando que la tutela de menores no es una opción, sino una obligación legal y humanitaria.
El acuerdo fue aprobado con el aval de la mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE y el PP, aunque con reservas de algunas autonomías más afectadas. Pero el Gobierno decidió dejar fuera a Cataluña y al País Vasco, justificando la medida en las peculiaridades de sus estatutos de autonomía y competencias exclusivas en materia de infancia y protección de menores. En cambio, el mensaje que se transmite es otro.
Una decisión con alto coste político
La exclusión de las dos comunidades con mayor peso demográfico, económico y político de España detrás de Madrid ha tenido consecuencias inmediatas. Para la oposición, supone la prueba de que Sánchez antepone la estabilidad parlamentaria a la solidaridad territorial. Se acusa al Ejecutivo de ceder ante ERC y el PNV, en un momento en el que el Gobierno depende de estos partidos para aprobar sus principales iniciativas en el Congreso.
El mensaje transmitido a la ciudadanía es demoledor: mientras la mayoría de comunidades deben asumir el esfuerzo de acoger, dos de las que tienen más capacidad económica y recursos quedan al margen por conveniencia política. La imagen de un Gobierno que reparte cargas de forma desigual ha alimentado la percepción de trato privilegiado a los socios independentistas y nacionalistas.
Reacciones en las comunidades
Presidentes autonómicos de distinto signo han criticado la medida. Desde Andalucía y Castilla y León se ha reclamado un criterio homogéneo y justo, que incluya a todos los territorios. Incluso en comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, ha habido malestar por lo que se considera un reparto desigual.
En Cataluña y el País Vasco, la decisión se ha recibido con discreción oficial, pero no ha pasado desapercibido el alivio de sus ejecutivos autonómicos, que evitan así enfrentarse a un asunto socialmente delicado.
Trasfondo electoral
La medida también tiene implicaciones electorales. La migración es un tema sensible que la derecha y la extrema derecha explotan con fuerza en su discurso. Al dejar fuera a Cataluña y al País Vasco, Pedro Sánchez ha alimentado el relato de agravio comparativo y ha facilitado a la oposición un arma para movilizar a su electorado en comunidades que sí deben acoger a los menores.
Sánchez, que buscaba blindar su mayoría parlamentaria, puede haber abierto una brecha de legitimidad territorial difícil de cerrar, justo en un momento en que la cohesión del país es uno de los temas más frágiles de la agenda política.
Un error estratégico
La exclusión de Cataluña y País Vasco del reparto de menores migrantes es un nuevo error estratégico de gran calado. Más allá de las razones jurídicas esgrimidas, el efecto político ha sido devastador: la decisión proyecta una imagen de favoritismo hacia los socios parlamentarios y erosiona la idea de solidaridad territorial en un asunto que afecta a la credibilidad internacional de España en la gestión migratoria.
En un contexto en el que Europa exige a los Estados miembros respuestas coordinadas y solidarias, Sánchez ha transmitido el mensaje opuesto: que la solidaridad en España es parcial, negociable y subordinada a la aritmética política del Congreso.
La factura política de esta decisión aún está por escribirse, pero todo apunta a que este episodio quedará como uno de los grandes errores de cálculo de un presidente que ya está en la cuenta atrás.