El hemiciclo se estremeció con una ovación prolongada de los diputados socialistas cuando Pedro Sánchez ocupó la tribuna del Congreso para iniciar una comparecencia que combinaría homenaje, autocrítica y anuncio de medidas. El presidente del Gobierno comenzó su discurso rindiendo homenaje al padre de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recordando su figura con emoción y trasladando a los presentes la solidaridad de todo el Ejecutivo. Aquella breve pausa de respeto marcó el preludio de un discurso tenso, en el que el jefe del Ejecutivo pretendió asumir responsabilidades y trazó un ambicioso plan contra la corrupción.
Con voz firme, Sánchez confesó haber subido a la tribuna para “pedir perdón por confiar en personas en las que no debía”, al tiempo que defendía su integridad personal: “Soy un político limpio”, afirmó, instando a separar los casos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos de las siglas del PSOE. “Mi error fue confiar en ellos como secretarios de Organización, pero lo hice porque estaba convencido de que Cerdán era una persona humilde y limpia”, explicó, evocando cómo aquel apoyo había sido clave en su victoria en las primarias de 2017. Solo tras recibir el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tomó conocimiento de las supuestas “mordidas” y comentarios machistas ligados a una trama que, subrayó, atenta contra los valores de su partido.
El presidente describió el impacto que supuso para él aquel descubrimiento: un “duro golpe” que le llevó a ordenar la expulsión inmediata de los implicados, aunque admitió que los mecanismos internos del PSOE no funcionaron con la agilidad requerida. Fue entonces cuando, confesó, barajó la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral como la vía “más sencilla” para depurar responsabilidades, pero optó finalmente por “no tirar la toalla” y continuar al frente del Gobierno. Tres razones fundamentaron su decisión: su propia pulcritud política, la voluntad de recuperar la confianza de los grupos de la coalición progresista y la convicción de que el proyecto común “va mucho más allá de mi persona”.
De aquel ejercicio de autocrítica derivó el anuncio de un plan estatal contra la corrupción, elaborado en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El paquete, compuesto por quince medidas, incluye la creación de una “agencia de integridad pública independiente” (reclamación histórica de Sumar, socio minoritario de la coalición), encargada de prevenir, supervisar y perseguir prácticas corruptas. En paralelo, Sánchez adelantó que todas las administraciones y las grandes empresas deberán habilitar canales de denuncia protegidos, subrayando que “en una democracia madura no se castiga a quien denuncia, se les respalda”.
El presidente reivindicó la trayectoria de su Ejecutivo, que en los últimos años, dijo, ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción y en la regeneración democrática. “Los datos indican que en España no hay corrupción sistémica ni impunidad”, aseguró, aunque reconoció que, si bien la presencia de casos ha disminuido con respecto al pasado, “no es suficiente”. Por ello, insistió en que el plan anticorrupción debe servir para reparar el “grave daño” causado a las instituciones y a la confianza de la ciudadanía.
La intervención de Sánchez buscó también lanzar un mensaje de estabilidad política en un momento de tensión interna para el PSOE. Consciente de las expectativas generadas en la calle y de las presiones de sus aliados de Gobierno, el presidente apeló a la unidad de los grupos progresistas y reclamó apoyo para impulsar las reformas mostradas hoy en el Congreso. Según Sánchez, “el proyecto político aún debe culminarse para dar respuesta definitiva a los problemas de los ciudadanos”.
El desafío para Sánchez, ahora, es traducir ese compromiso en resultados tangibles y restaurar la credibilidad de un partido golpeado por los episodios de corrupción que él mismo ha puesto en el foco. La agencia independiente, los canales de denuncia y el plan de quince medidas constituyen el corazón de su respuesta; el tiempo y el ritmo de la tramitación parlamentaria dirán si bastan para regenerar la confianza de la sociedad española.
El discurso de Pedro Sánchez en el Congreso, lejos de suponer un punto de inflexión, se revela como un ejercicio de autoprotección encubierto bajo el barniz de la emoción y la responsabilidad. Pedir perdón “por confiar en personas en las que no debía” pretende mitigar la crítica hacia un partido cuya cultura interna ha permitido abusos de poder sin controles efectivos, y al mismo tiempo erigirse en “político limpio” suena más a maniobra de distracción que a asunción sincera de culpa.
Cuando Sánchez relata su sorpresa ante los informes de la UCO, construye la imagen de un líder engañado por su entorno, pero olvida que su conciencia sobre las prácticas de Cerdán y Ábalos debió activarse mucho antes. El relato de la “humilde vida” de Cerdán en Madrid y Navarra se utiliza para subrayar la ingenuidad del presidente, como si la esperanza en la integridad de quienes le rodean fuera una carta blanca eximente de responsabilidad. Al enfatizar que expulsó inmediatamente a ambos, soslaya que aquellas expulsiones llegaron tarde y tras escándalos públicos que avergonzaron al propio PSOE.
La propuesta de disolver las Cortes y convocar elecciones, presentada como la “solución más sencilla”, no es más que un despliegue retórico: si Sánchez realmente creyese en esa opción de limpieza democrática, ya habría dado el paso antes de escudarse en la coalición. Su decisión de “no tirar la toalla” contiene la confesión implícita de que lo esencial no es corregir el rumbo, sino mantener el poder. Así, la proclamación de que “el proyecto político va más allá de mi persona” suena irónicamente vacía cuando es Sánchez mismo el que se aferra a la presidencia para impulsar un plan anticorrupción diseñado por la OCDE, pero sin detallar plazos, recursos ni mecanismos de supervisión creíbles.
La agencia de integridad pública independiente y los quince puntos contra la corrupción se anuncian como la gran novedad, pero no se acompasan de una calendarización concreta ni de garantías de que sus recomendaciones no quedarán en meros protocolos de papel. Hablar de “canales de denuncia en todas las administraciones y empresas” es un cliché habitual en este tipo de planes, y en España ya existen normativas que no han impedido que casos de malversación, tráfico de influencias, corrupción entre particulares e, incluso, nepotismo lleguen reiteradamente a los tribunales. La retórica de la “democracia madura” que “respalda al denunciante” choca con la realidad de jueces colapsados, plazos dilatados y pequeños informantes sin protección real frente a represalias políticas, empresariales y judiciales.
Por último, la insistencia en que la corrupción en España “es menor que en el pasado” puede ser cierta desde el punto de vista estadístico, pero ignora el daño reputacional sufrido por las instituciones y la creciente desafección ciudadana. Reconocer que “no es suficiente” refleja la evidencia de que las palabras de Sánchez quedan muy cortas ante la desconfianza social. Si quería demostrar voluntad de cambio, su discurso debía haber venido acompañado de gestos inmediatos en lugar de limitarse a un anuncio genérico.
Al final, la comparecencia de Sánchez careció de la valentía necesaria: fue más un intento de blindar su posición que un auténtico compromiso de regeneración. Quienes buscan un PSOE renovado y coherente con sus propios principios verán en estas medidas mucho ruido y pocas certezas. El verdadero examen empieza ahora, cuando se ponga fecha a los proyectos anunciados, cuando la agencia independiente (que ya existía desde hace años por imposición de la Unión Europea, no por la voluntad del gobierno Sánchez, tal y como se demuestra en la trasposición incompleta de la Directiva Whistleblower) reciba presupuesto suficiente y cuando los denunciantes de corrupción dejen de sentirse expuestos. Solo entonces sabremos si el presidente ha superado la dialéctica del papel mojado o ha vuelto a coserlo con hilos de promesas vacías, como es lo habitual en Pedro Sánchez.