El reciente episodio de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que devastó la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha ha reavivado el debate sobre la gestión de emergencias en España. A pesar de que la situación climática presentaba un alto riesgo, el Ejecutivo valenciano no elevó la emergencia a su nivel máximo en el Sistema Nacional de Protección Civil. Esta decisión, junto con la demora en las alertas a la población, ha resultado en un balance trágico con un centenar de víctimas mortales y numerosos destrozos materiales.
El Gobierno pensó actuar
La reciente DANA que azotó la Comunidad Valenciana dejó una estela de devastación y un centenar de víctimas, pero también reavivó el debate sobre la gestión de emergencias. A pesar de las alertas tempranas, el Gobierno valenciano decretó solo el nivel 2 de emergencia, evitando que el Estado asumiera el control total de las operaciones. En La Moncloa, el Gabinete de Crisis consideró aplicar el nivel 3, que hubiese permitido al Gobierno central dirigir el operativo, pero decidió no intervenir unilateralmente para evitar lo que algunos comparan con un “155” en plena crisis. Esta decisión ha generado una fuerte controversia, poniendo en el foco la autonomía de respuesta de la Generalitat y la actuación de su presidente, Carlos Mazón, quien ha sido duramente criticado por la demora en las alertas a la población.
Alertas tempranas y gestión tardía
Desde la madrugada del martes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió alertas rojas por lluvias torrenciales que afectaban la zona norte de Valencia. A primera hora, la AEMET advertía del riesgo extremo de inundaciones, un presagio de la tragedia que se avecinaba. Sin embargo, la Generalitat Valenciana no decretó el nivel de emergencia 3, que hubiese permitido una coordinación total a nivel nacional. En su lugar, el presidente valenciano, Carlos Mazón, decretó un nivel 2, lo que implicaba la solicitud de ayuda estatal sin ceder el control operativo.
A las 15:00 horas, Mazón declaró el nivel 2 en varias comarcas y, a las 19:17, amplió la alerta a toda la provincia de Valencia. Pese a esta escalada, la Generalitat solo envió una alerta masiva a la población a las 20:00 horas, cuando muchas zonas ya estaban inundadas y el acceso era casi imposible. Las circunstancias empeoraron cuando la cobertura de telefonía cayó, complicando aún más la actuación de los servicios de emergencia, incluido el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que no fue solicitada hasta las 20:36 horas.
Reproches cruzados entre administraciones
Ante la falta de una respuesta más contundente, el presidente Mazón ha lanzado críticas al Gobierno central, aludiendo a que el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI), el órgano encargado de coordinar la protección civil sigue protocolos definidos por la dirección general del Gobierno de España. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior señalan que la decisión de retrasar las alertas a la población fue responsabilidad exclusiva de la Generalitat Valenciana.
En un comunicado, el Ministerio subrayó que la activación de planes territoriales de protección civil es competencia de las autonomías y que, según la ley vigente, la Generalitat Valenciana tenía la responsabilidad de gestionar la emergencia. Desde el Gobierno central, se insiste en que “la Generalitat nunca solicitó el nivel 3, lo que habría supuesto asumir la dirección completa del operativo”.
La DANA y los niveles de emergencia: ¿una decisión política?
El sistema de protección civil en España establece tres niveles de emergencia. El nivel 2, activado en este caso, se aplica cuando el daño supera la capacidad de respuesta autonómica, permitiendo la incorporación de recursos estatales bajo dirección autonómica. El nivel 3, por otro lado, se reserva para emergencias de “interés nacional” que requieran una coordinación supraautonómica. En este caso, el Gobierno valoró declarar este nivel, pero decidió no intervenir unilateralmente, ya que, según fuentes del Ejecutivo, “hubiera sido como aplicar un [artículo] 155”, arrebatando a la autonomía sus competencias.
Aunque el temporal afectó a varias comunidades, el Gabinete de Crisis reunido en La Moncloa, encabezado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, concluyó que la Generalitat estaba “actuando correctamente”. No obstante, la gravedad de la situación, con el litoral valenciano completamente inundado y la infraestructura colapsada, evidencia que el nivel 2 pudo ser insuficiente.
Una alerta insuficiente que no llegó a tiempo
Los primeros indicios del fenómeno extremo aparecieron el domingo 27, cuando AEMET emitió un aviso especial sobre la llegada de la DANA, advirtiendo de precipitaciones torrenciales con posibles acumulaciones de hasta 150 mm en 24 horas. La Confederación Hidrográfica del Júcar también avisó el martes de una situación de “peligro extremo”. Sin embargo, a pesar de estas alarmas, la Generalitat Valenciana no envió una alerta ES-Alert a los teléfonos móviles de la población hasta las 20:12, cuando ya había localidades completamente aisladas y barrancos desbordados.
Esta falta de previsión ha sido duramente criticada. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible que, con todos los sistemas de alerta en funcionamiento, la Generalitat no reaccionara con celeridad. En este sentido, sorprende la postura del presidente Mazón, quien, en su comparecencia, a las 13 horas del martes, llegó a afirmar que el temporal se desplazaba hacia Cuenca y que su intensidad disminuiría en pocas horas. Más tarde, este tuit fue borrado de sus redes oficiales, dejando a la población en un estado de desconcierto y sin orientación adecuada.
Consecuencias devastadoras y una respuesta insuficiente
Para el miércoles por la mañana, más de un millar de efectivos del Estado, entre los que se contaban militares de la UME y la Guardia Civil, ya se encontraban desplegados en la zona. Sin embargo, muchos critican que la reacción fue tardía. A estas alturas, los efectos de la DANA se cuentan en un centenar de fallecidos y daños catastróficos en varias localidades.
El pasado otoño, el presidente Mazón del PP presumió de eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, argumentando que “no era necesaria” en el marco autonómico. Un año después, con las consecuencias de esta catástrofe, muchos cuestionan si aquella decisión fue acertada. A medida que avanzan las labores de rescate y evaluación de daños, el balance provisional ya anticipa un coste multimillonario para la recuperación de infraestructuras y viviendas afectadas.
Un debate necesario sobre la protección civil en España
El drama vivido en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha evidencia que la estructura de protección civil requiere revisiones. Las decisiones tardías en activar el nivel máximo de emergencia y en alertar a la población reflejan posibles deficiencias en la gestión y coordinación entre administraciones autonómicas y el Gobierno central.
El Ministerio del Interior ha hecho un llamado a la colaboración entre todas las administraciones para abordar esta crisis. Sin embargo, es evidente que España debe repensar su protocolo de respuesta ante fenómenos naturales cada vez más extremos debido al cambio climático. La tragedia en Valencia es un recordatorio doloroso de la importancia de una respuesta eficaz y coordinada, en la que los intereses políticos queden relegados ante la prioridad de salvar vidas.