Isabel Díaz Ayuso ha construido su carrera política sobre un modelo de gestión marcado por la reducción implacable de impuestos, la externalización de servicios públicos y una confrontación frontal y constante con el Ejecutivo central.
La presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a la primera línea de la política por descarte. Era una figura de segundo nivel que fue puesta por la dirección del Partido Popular, como otros tantos, en cabeza de la lista para las elecciones autonómicas de 2019 porque se esperaba un verdadero descalabro y en Génova no querían quemar a ninguno de sus primeros espadas. Si Ayuso perdía la Comunidad de Madrid en favor de la izquierda, el PP no dejaba caer a otras personas que, en aquellos años, tenían el futuro político ya diseñado.
Ayuso perdió aquellas elecciones autonómicas, pero el sistema de democracia parlamentaria español, el mismo que el PP desprecia cada vez que reclama que gobierna la lista más votada (casualmente esto sucede cuando ganan y no pueden gobernar), permitió que, gracias a una coalición con Ciudadanos y el apoyo de la extrema derecha, Ayuso fuera investida como presidenta de la CAM.
Entonces surgió una figura política rodeada siempre por la polémica y, sobre todo, por centrar una labor de oposición frontal y radical contra el gobierno de Pedro Sánchez que, en teoría, habría sido la que debieron seguir tanto Pablo Casado como Alberto Núñez Feijóo. Ese posicionamiento de enfrentamiento constante y frontal contra los gobiernos más odiados de la democracia española ha logrado que Isabel Díaz Ayuso se encuentre en un posicionamiento de aceptación ciudadana que nadie esperaba en 2019.
Cuando se habla con militantes del Partido Popular sobre la posibilidad de que la presidenta madrileña optara a la Presidencia del PP y ser la contrincante de Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales la respuesta es siempre la misma: “¡Ojalá!”. Hay quien defiende, incluso dentro del propio Partido Popular, que Ayuso no tiene poder de pegada fuera de Madrid. Sin embargo, los militantes consultados son de Cáceres, Ávila, Almería, León, Logroño, Badajoz, Córdoba y, por supuesto, Madrid. Por otro lado, dirigentes populares, siempre en “petit comité” u “off the record”, también se posicionan a favor de la presidenta madrileña. Preguntados por si creen que dará el paso en el próximo Congreso Nacional, la respuesta no es unánime, pero es mayoritario el deseo a que lo haga. “Con Feijóo no echamos a Sánchez”, afirmaron algunos de estos dirigentes, ninguno madrileño, por cierto.
Ese análisis es certero, no sólo por la figura del actual líder popular, sino porque Pedro Sánchez, a día de hoy, es muy posible que mejorara los resultados de 2023 gracias a diferentes factores. Esto eleva el nivel de exigencia para gobernar, y eso lo saben en el PP.
Ayuso en la Moncloa: una catástrofe social
De llegar Ayuso a la Moncloa, las líneas maestras de gobierno aplicadas en la Comunidad de Madrid se proyectarían a escala nacional con efectos disruptivos en el bienestar social, el equilibrio territorial y la cohesión democrática de España.
Ayuso ha eliminado todos los impuestos propios de la región y “deflactó” la tarifa autonómica del IRPF para blindar a los contribuyentes frente a la inflación. Los ejemplos de otros países demuestran que esas medidas sólo benefician a los ciudadanos de rentas altas.
A nivel estatal, semejante política fiscal implicaría un brusco recorte de la recaudación pública que, para equilibrar las cuentas, acabaría traduciéndose en ajustes drásticos en prestaciones sociales: pensiones, subsidios por desempleo, ayudas a la dependencia e incluso inversiones esenciales en infraestructuras. El resultado sería un aumento de la deuda soberana y de la presión sobre otras fuentes de ingresos, exacerbando la desigualdad económica y territorial.
La atención a la salud y la vivienda, dos de los pilares donde Ayuso ha dejado huella negativa, también sufrirían un vuelco. En Madrid, su gobierno cerró la mayoría de los centros de urgencias primarias, dejando a amplios sectores urbanos periurbanos sin asistencia médica inmediata, y autorizó en 2024, según publicó El País, el mayor número de desahucios de vivienda social en una década para dar respuesta a su campaña anti-“okupas”.
Replicar esos recortes y prácticas de mercado en toda España implicaría un colapso de la protección social y la destrucción del estado del bienestar.
También está en juego la política territorial. Ayuso ha cultivado un discurso de “Madrid frente a España”, difuminando competencias autonómicas y retóricamente antagonizando con otras regiones y con la Unión Europea. Como presidenta del Gobierno de España, reforzaría el centralismo fiscal y administrativo, tensionando el Estado de las Autonomías y reavivando viejas disputas por los recursos hídricos, la financiación educativa o la gestión sanitaria. La pugna con Bruselas sería inevitable: los recortes presupuestarios y las privatizaciones masivas chocarían con las directrices comunitarias sobre cohesión social y derechos fundamentales, poniendo en riesgo fondos europeos clave para la recuperación post-pandemia.
Confrontación y polarización
Por último, su estilo de liderazgo, basado en la confrontación mediática y la polarización (una estrategia que le aseguró el respaldo ciego de grandes medios conservadores y la adhesión de un electorado urbano desencantado con la izquierda) reavivaría el clima de crispación política. La normalización de los desahucios express, la supresión de servicios públicos y la exaltación de un liberalismo radical alimentarían la protesta social y podrían dar alas a los movimientos de ultraderecha, fracturando aún más el tablero político español.
En conjunto, un gobierno de Isabel Díaz Ayuso desembocaría en un repliegue del estado de bienestar, un aumento de la desigualdad y una tensión creciente en el complejo entramado autonómico. Sus éxitos en Madrid (fiscales, mediáticos y electorales) revelarían, al escalarse al conjunto de España, un coste social y democrático de hondo calado.