Tener una protesta masiva ante las puertas de la sede de un gobierno a tres semanas de unas elecciones es una muy mala noticia, sobre todo si tiene trascendencia mediática. Eso es lo que ha ocurrido a Isabel Díaz Ayuso con los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro.
La presidenta de la Comunidad no podía permitir que el día 2 de mayo, el día en el que ella es la protagonista principal y que ya ha utilizado otros años para convertir un acto institucional en un mitin político, le agüen la fiesta unas familias a las que Ayuso no ha dudado en criminalizar, además de maltratar.
Los afectados habían convocado una concentración de protesta en la Puerta del Sol y había logrado la autorización de la Delegación del Gobierno de Madrid. Sin embargo, Ayuso no lo podía permitir y, a través de su consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se remitió una carta a Francisco Martín, delegado del Gobierno, en la que se señalaba que era una sorpresa que se hubiese autorizado dicha concentración cuando había actos institucionales en el interior de la sede de la Presidencia de la Comunidad. Es decir, López pretendió que se antepusiera la fiesta de Isabel Díaz Ayuso a los derechos constitucionales de reunión y manifestación.
En primera instancia, Martín se negó a cambiar el lugar de la concentración de los afectados de Metro de San Fernando de Henares, que era el objetivo de Ayuso. Sí que hubo una modificación en el horario dado que se trasladó a las 14.30 horas, tras negociar con la plataforma convocante.
Sin embargo, eso no era suficiente. Ayuso no iba a permitir que la protesta justa y legítima le rompiera el protagonismo. Finalmente, el representante de Pedro Sánchez en Madrid, se ha sometido a las presiones de la presidenta madrileña, a pesar de que el delegado del Gobierno afirmó en una carta remitida a Enrique López que «como derecho fundamental que es, siempre buscaré facilitar el ejercicio del derecho de reunión dentro de la legalidad. En este caso concreto, se han tomado las medidas para garantizar el ejercicio de este derecho y hacerlo compatible con los tradicionales actos del 2 de mayo en la Puerta del Sol, por lo que no hay causas objetivas que motiven dictar resolución que modifique las circunstancias de celebración de la concentración comunicada».
La Delegación de Gobierno se ha convertido en cómplice de una vulneración de los derechos constitucionales de reunión y de manifestación. Es cierto que la concentración se va a desarrollar, pero en unas condiciones en las que quedará sometida al anonimato más absoluto.
En concreto, las presiones de Ayuso han tenido efecto y la concentración ha sido trasladada a la calle Arenal en vez de en la Puerta del Sol.
Como se puede comprobar, la Delegación de Gobierno ha llevado la concentración de los afectados por la Línea 7B de Madrid a una parte de la calle Arenal, en concreto al área de la iglesia de San Ginés y, además, con limitaciones muy serias que impedirán el libre ejercicio de los derechos de manifestación y reunión.
La Delegación de Gobierno de Madrid, el representante de Pedro Sánchez en la comunidad, ha afirmado que la coincidencia de la protesta de los afectados de San Fernando de Henares con el bolo de Ayuso podría «dificultar el ejercicio del derecho de reunión». Esto son excusas y la solución dada es absolutamente contraria a estas palabras.
Hay que tener en cuenta que la calle Arenal es una de las arterias comerciales del centro de Madrid. Por eso, la Delegación de Gobierno les deja claro a los afectados de Metro que se deben situar en el área de la iglesia de San Ginés «sin obstaculizar el acceso a los edificios ni el normal funcionamiento de los establecimientos públicos existentes en la zona». Es decir, que no molesten a los comercios. Esto, en sí mismo, es una durísima restricción al derecho de manifestación y reunión.
Rebelión de los afectados
Según el comunicado de la Plataforma de Afectados por Metro L7B, las víctimas de la inoperancia, la crueldad y la tortura de la Comunidad de Madrid acudirán a la Puerta del Sol, por mucho que la Delegación de Gobierno haya comunicado el cambio de ubicación de la misma.
«No caben peticiones de última hora, tal y como se han expuesto, para que desde la Plataforma de Afectados desistamos de realizar nuestro acto en dicho espacio», afirma el comunicado.
La realidad es que las concentraciones de los afectados por las obras de la Línea 7b de Metro jamás han protagonizado ningún altercado ni ningún tipo de violencia. Más bien, al contrario, ha sido el Partido Popular, y la propia Isabel Díaz Ayuso al no desautorizar la actuación de los dirigentes del PP de Madrid, que, incluso, llegaron a llamar a los afectados «muertos de hambre».
Isabel Díaz Ayuso no quiere que se vuelvan a repetir las imágenes de la gran manifestación del pasado mes de enero, en la que las víctimas del Metro de San Fernando llenaron la Puerta del Sol y lograron que la problemática tuviera trascendencia a nivel nacional. Por eso ha presionado al gobierno de Pedro Sánchez para invisibilizar la lucha de los vecinos de San Fernando de Henares. Ayuso ha vencido y ha colocado a Pedro Sánchez y su Ejecutivo como cómplice de una violación flagrante de la Constitución.